Mujeres desprotegidas: ¿cómo afectará la reducción del Ministerio de la Mujer a la prevención de violencia?

Interceptada en plena vía pública y atacada con furia, así terminó la vida de Selinda Mabelis Córdoba, una joven universitaria de 21 años que se convirtió en la nueva víctima de femicidio en Panamá.

El crimen ocurrió la mañana del domingo en la comunidad de Pocrí, distrito de Aguadulce, minutos después de que la joven saliera de misa junto a su madre.

Su expareja, un hombre de 25 años, la esperó en las inmediaciones del parque del pueblo y la emboscó, propinándole más de veinte puñaladas con un arma blanca. Vecinos y transeúntes presenciaron la escena, sin poder detener la brutal agresión.

Pese a que Selinda había denunciado previamente a su agresor y contaba con una orden de alejamiento vigente, la medida no impidió el desenlace fatal.

Su asesinato deja al descubierto las fallas estructurales en la protección de víctimas, la falta de recursos para la atención temprana y la urgente necesidad de fortalecer políticas públicas que no se queden en el papel.

Mientras tanto, el Ministerio de la Mujer, entidad con la principal responsabilidad en la prevención de sucesos como esto enfrenta una reducción a rango de secretaría dentro del nuevo diseño gubernamental así como bajas en su presupuesto impidiendo la inversión en proyectos y obras.

Organizaciones feministas advierten que esta decisión podría debilitar las políticas públicas de prevención y atención integral a las víctimas.

“El ministerio necesita recursos para poder operar, no solo dejarle el nombre y quitarle la plata. Eso es cerrarlo sin decir que lo cerraron. Porque le quitan la oportunidad de trabajar”, señaló Samirah Almengor, de la Coalición Internacional de Mujeres y Familias, a La Estrella de Panamá.

Almengor también señaló que “todo lo que tiene que ver con las mujeres es disminuido y si en algún tema se visibiliza solo a las mujeres y sus necesidades particulares, dicen que a los hombres también les pasa”.

Por su parte, Mariela Arce, de la Alianza de Mujeres de Panamá destacó que disminuir el presupuesto del ministerio de la mujer, afectando directamente todas sus actividades en especial la atención de víctimas de violencia en los Centros de Atención integral es incrementar los riesgos sociales de todas las mujeres del país.

Según datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana, en lo que va del año, más de una docena de mujeres han sido víctimas de femicidio en distintas provincias del país.

En varios de los casos, las víctimas habían presentado denuncias previas o contaban con medidas de protección que no se ejecutaron eficazmente.

En este contexto, cobra especial relevancia la Política Pública de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (Ppiom) 2024–2034, impulsada por el Ministerio de la Mujer que podría contar con problemas para ejecutarse.

El plan, aprobado este año, busca fortalecer la prevención de la violencia basada en género, mejorar la respuesta institucional y garantizar la autonomía económica y social de las mujeres panameñas.

La Ppiom establece acciones concretas para articular a distintas entidades del Estado —incluidos el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Órgano Judicial— en la detección temprana de riesgos y la atención oportuna de casos de violencia doméstica y femicidio.

Entre sus ejes principales destacan: la protección integral, fortaleciendo refugios, líneas de atención y acompañamiento psicológico y legal a las víctimas, así como la creación de un sistema unificado que permita evaluar la efectividad de las medidas y registrar de forma confiable los casos de violencia de género.

Sin embargo, con el debilitamiento institucional del Ministerio de la Mujer, la implementación de la Ppiom podría verse comprometida, afectando directamente los mecanismos de prevención y protección que buscan evitar tragedias como la de Selinda.

Por su parte, diversas organizaciones de mujeres se han manifestado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre la situación presupuestaria del Ministerio de la Mujer, destacando lo vital que es para el funcionamiento de planes como el Ppiom, sin embargo, hasta el momento no han recibido respuesta.

Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, destacó que ante la situación actual de las políticas públicas sobre las mujeres el próximo 27 de octubre se llevará a cabo una mesa técnica junto a instituciones como el Ministerio de la Mujer, el Órgano Judicial y el Ministerio Público.

El encuentro busca evaluar la aplicación y efectividad de la ley vigente, identificar posibles vacíos y fortalecer la coordinación interinstitucional en la atención de los casos de violencia.

Asimismo, se abordará el uso actual de los albergues del Ministerio de la Mujer, que pese al aumento de denuncias solo albergan a 14 personas, además de revisar las medidas de protección disponibles para las víctimas.