Mulino anuncia reunión clave para evaluar el Decreto No. 10 que regula el transporte por plataformas

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció la mañana de este sábado 18 de abril que revisará el alcance del Decreto Ejecutivo No. 10 de 16 de abril de 2026, luego de las reacciones generadas por el nuevo marco regulatorio del transporte selectivo de lujo mediante plataformas digitales.

A través de una publicación en la red social X, Mulino señaló que ha estado “leyendo muchas opiniones” sobre la normativa y adelantó que este lunes 20 de abril sostendrá una reunión con autoridades de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y del Ministerio de Gobierno para analizar los distintos puntos de vista.

“No estamos para perjudicar a nadie y se busca mejorar con seguridad el servicio”, expresó Mulino.

El pronunciamiento ocurre tras las advertencias de la plataforma inDrive, que alertó sobre posibles efectos negativos del decreto en la oferta del servicio y en las oportunidades de ingreso para miles de conductores.

inDrive consideró que algunas disposiciones trasladan el modelo de plataformas hacia un esquema más cercano al transporte tradicional, lo que podría limitar la participación flexible.

Según inDrive, requisitos como certificaciones operativas, avales de organizaciones prestatarias y condiciones específicas para los vehículos podrían impactar a más del 95% de los conductores que utilizan estas aplicaciones como fuente complementaria de ingresos. También cuestionó la posible imposición de cupos por zona, al considerar que estos mecanismos no responden a la dinámica del mercado.

Por su parte, Uber indicó que evaluará el alcance del decreto para determinar la posible integración de los taxis de lujo a su aplicación en el país. La compañía reiteró su compromiso con la movilidad urbana y los estándares de seguridad que ofrece su tecnología.

El Decreto Ejecutivo No. 10 establece nuevas condiciones tanto para conductores como para vehículos, incluyendo antigüedad máxima de las unidades, exigencia de nacionalidad panameña, récord policivo limpio y el uso obligatorio de métodos de pago electrónicos. Además, redefine la relación entre plataformas y operadores, al impedir que las aplicaciones administren directamente los certificados de operación.