Mulino otorga rebaja de pena a policías condenados por menores quemados en el Centro de Cumplimiento de Tocumen
- 22/07/2025 19:51
La medida beneficia a exfuncionarios policiales sentenciados a más de 40 años de prisión por homicidio y castigo infamante, en un caso ocurrido cuando Mulino era ministro de Seguridad. Mediante el Decreto Ejecutivo No. 24, el presidente de la República, José Raúl Mulino, concedió este martes una rebaja de pena a varios condenados por delitos comunes, entre ellos exfuncionarios policiales sentenciados por su implicación en la muerte de cinco menores de edad en el Centro de Cumplimiento de Tocumen, hecho ocurrido en 2011.
La medida, firmada por el mandatario, reduce las penas de prisión y las penas accesorias pendientes de cumplir a personas privadas de libertad, y ordena la liberación de algunas de ellas.
Entre los beneficiados se encuentran Luis Ortega, exsubcomisionado de la Policía Nacional, y Maikol González, exagente, quienes habían sido condenados a 46 y 40 años de cárcel, respectivamente, por homicidio, tentativa de homicidio y castigo infamante.
También fueron favorecidos Eduardo Barreno y Ángel Batista, igualmente sentenciados en este caso que marcó un precedente por la responsabilidad estatal en la violación de derechos humanos.
Los hechos ocurrieron mientras Mulino era ministro de Seguridad. Luego de cinco años de litigio, el Segundo Tribunal Superior de Justicia impuso condenas de 46, 40 y hasta 6 años a los responsables, y estableció la inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta cinco años después del cumplimiento de las penas.
El fallo original también rechazó las solicitudes de cambio de medida cautelar para siete policías y un custodio implicados.
Mediante el Decreto Ejecutivo No. 24, el presidente de la República, José Raúl Mulino, concedió este martes una rebaja de pena a varios condenados por delitos comunes, entre ellos exfuncionarios policiales sentenciados por su implicación en la muerte de cinco menores de edad en el Centro de Cumplimiento de Tocumen, hecho ocurrido en 2011.
La medida, firmada por el mandatario, reduce las penas de prisión y las penas accesorias pendientes de cumplir a personas privadas de libertad, y ordena la liberación de algunas de ellas.
Entre los beneficiados se encuentran Luis Ortega, exsubcomisionado de la Policía Nacional, y Maikol González, exagente, quienes habían sido condenados a 46 y 40 años de cárcel, respectivamente, por homicidio, tentativa de homicidio y castigo infamante.
También fueron favorecidos Eduardo Barreno y Ángel Batista, igualmente sentenciados en este caso que marcó un precedente por la responsabilidad estatal en la violación de derechos humanos.
Los hechos ocurrieron mientras Mulino era ministro de Seguridad. Luego de cinco años de litigio, el Segundo Tribunal Superior de Justicia impuso condenas de 46, 40 y hasta 6 años a los responsables, y estableció la inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta cinco años después del cumplimiento de las penas.
El fallo original también rechazó las solicitudes de cambio de medida cautelar para siete policías y un custodio implicados.