Mulino pide responsabilidad a la Asamblea y busca fórmula para hacer viable la ley de descuentos a jubilados

El presidente José Raúl Mulino reconoció la mañana de este jueves 3 de septiembre que todavía no tiene una fórmula para hacer sostenible económicamente la ley que establece nuevos descuentos y beneficios para jubilados, pensionados y adultos mayores, y pidió a la Asamblea Nacional legislar con responsabilidad fiscal.

“No sé cómo hacer, sinceramente se lo digo, pero hay que buscar de alguna forma que esa ley sea sustentable económicamente”, manifestó Mulino al referirse al proyecto de ley No. 226 aprobado por la Asamblea Nacional este 27 de agosto.

El proyecto de ley No. 226 modifica y adiciona artículos a la Ley No. 6 de 16 de junio de 1987 y amplía los descuentos obligatorios aplicables a diferentes actividades económicas.

Además, el proyecto de ley contempla una ampliación de beneficios y descuentos para jubilados, pensionados y adultos mayores, entre ellos reducciones en servicios y actividades como cines, espectáculos, pasajes aéreos, hoteles, medicamentos, hospitales y clínicas privadas, además de otros servicios.

Mulino anunció que la próxima semana convocará a una reunión en la Presidencia de la República con representantes de los gremios de jubilados y de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, con el objetivo de buscar alternativas que permitan hacer viable la recién aprobada ley que amplía los beneficios para jubilados, pensionados y adultos mayores.

“Convocaré y participaré la próxima semana en una reunión en la Presidencia con 3 representantes de gremios de jubilados y 3 de la Cámara de Comercio con el ánimo de encontrar fórmulas que hagan viable la recién aprobada ley que aumenta beneficios a jubilados”, informó Mulino a través de su cuenta oficial de X este 2 de septiembre.

Con este escenario el mandatario sostuvo que uno de los principales problemas de la legislación es que no define de dónde saldrán los recursos necesarios para financiar los beneficios, por lo que consideró necesario encontrar una alternativa antes de tomar una decisión.

Mulino hizo un llamado a los diputados para que ejerzan su potestad legislativa tomando en cuenta la capacidad financiera del Estado.

“Uno no puede andar tirando leyes por ahí sin saber de dónde van a salir los recursos”, afirmó.

El presidente recordó que, de acuerdo con la Constitución, corresponde al poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, planificar los ingresos y gastos del Estado.

En ese sentido, cuestionó que una legislación con impacto financiero pueda avanzar sin que previamente se determine cómo será financiada.

El presidente explicó que tiene un plazo constitucional de 30 días para sancionar o vetar la legislación, por lo que deberá tomar una decisión dentro de ese periodo.

Mulino adelantó que durante la próxima semana sostendrá una reunión con representantes de los sectores relacionados con la ley para intentar encontrar una alternativa.

“Esa ley es complicada, es complicada de ponerla a andar”, señaló.

Sin embargo, todavía no definió si esas conversaciones se desarrollarán mediante una mesa de trabajo formal o a través de reuniones individuales.

“No sé aún”, respondió al ser consultado sobre el mecanismo que utilizará.

Mulino también dejó claro que las conversaciones tendrán que desarrollarse con rapidez debido al plazo constitucional que tiene para decidir sobre la ley.

“Tampoco hay todo el tiempo del mundo para las benditas mesas de trabajo”, expresó.

El mandatario insistió en que debe encontrar una fórmula que permita implementar los beneficios sin generar un problema financiero para el Estado en los próximos años.

“Hay que buscar de alguna forma que esa ley sea sustentable económicamente y que no cree huecos a la vuelta de unos años”, afirmó.El presidente también se refirió al costo político que podría enfrentar si decide vetar la legislación, particularmente frente a los jubilados y adultos mayores.

“Si la veto es mala la película con los viejitos soy yo. Y no es así”, manifestó.

Mulino sostuvo que ni él ni, según afirmó, las entidades responsables de las finanzas públicas fueron consultados durante el proceso de elaboración de la legislación.