Mulino pide retirar proyecto de ley que otorga más poderes al Ministerio Público

La propuesta de ley del Ministerio Público (MP) para ampliar sus facultades en las investigaciones anticorrupción generaron este jueves reacciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien adelantó que ya pidió su retiro al procurador Luis Gómez.

Se trata de la ley general anticorrupción, anteproyecto que permitiría a la fiscalía sustentar sus investigaciones con base en auditorías internas, informes financieros o periciales, elaborados por especialistas del Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forenses u otros expertos; sin esperar las auditorías de la Contraloría General de la República. A juicio de Mulino, la iniciativa podría dar una excesiva discrecionalidad a los fiscales al momento de avanzar las investigaciones.

“He hablado con el procurador que debería retirarla y volverla a replantear mejor, porque a mis en lo personal si me preocupa que, so pretexto de hacer justicia más rápida, quedemos en manos de fiscales que pueden, no digo que esté pasando, pero que pueden estar teledirigidos a acatar órdenes y no a hacer investigaciones”, dijo este jueves 2 de octubre, durante su conferencia de prensa semanal.

La propuesta cambiaría la dependencia exclusiva del MP a los informes de auditoría de Contraloría de la República, como lo establece la Ley 59 del 29 de diciembre de 1999, que reglamenta el asunto sobre la lucha contra la corrupción administrativa. Allí precisa que es competencia de Contraloría iniciar, de oficio o ante una denuncia, un proceso para determinar si un funcionario ha incurrido en enriquecimiento injustificado.

Mulino señaló que el anteproyecto tiene algunos aspectos “positivos” pero insistió en que debe ser revisado en favor de una propuesta “más integral”.

“Yo lo único que aspiro es que trabajen en armónica colaboración (entre Contraloría y Ministerio Público), la persona que certifica el mal uso de los fondos públicos es el contralor general de la República”, remarcó.

La Contraloría informó en junio pasado que avanzaban al menos 500 auditorías que incluían universidades públicas, gobiernos locales, la Asamblea Nacional y empresas con participación del Estado. Sin embargo, de acuerdo con un informe de la entidad presentado en julio, estos solo alzaban las 237 auditorías, siendo enviados hasta esa fecha 88 al MP y las restañes al Tribunal de Cuentas (TC). Cifras que arrojaron inconsistencias en cuanto a los registros del MP y el TC sobre las auditorías recibidas, que fue revelando en una investigación de La Estrella de Panamá.

Hallazgos con planillas abultadas, en mal en recursos del Estado y contratos irregulares, serían algunos de los hallazgos que ha adelantado Contraloría y que valora en varios cientos de millones en concepto de lesiones al erario público.

El procurador también se pronunció ayer, sobre la postura de la Contraloría, que calificó como “inconstitucional” el anteproyecto, en una creciente tensión entre ambas instituciones.

Gómez defiende la iniciativa y la considera fundamental para más efectivas las investigaciones.

“Si nosotros queremos tener celeridad en las investigaciones, tener juzgamientos mucho más efectivos y rápidos, no podemos tener cortapisas investigativas”, señaló.

Gómez remarcó que el informe de Contraloría no es “esencial” cuando los fiscales encuentran otras pruebas que permitan llegar a la misma conclusión sobre la responsabilidad en la comisión de algún delito, en este caso de peculado o enriquecimiento injustificado. “Si hay otros elementos de convicción, llámese evidencias o pruebas, que nos lleven a la misma conclusión de responsabilidad penal, entonces no necesito necesariamente el informe de Contraloría”, dijo.

El mandatario también hizo referencia al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró inconstitucional el actual mecanismo de elección para los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen); en la que respaldó el nuevo escenario en el que los aspirantes tendrá que buscar los votos para llegar a la curul.

“Es la manera más democrática de elegir miembros del Parlacen, que vayan, compitan en una papeleta y se escojan, como debe ser (...) yo creo que eso es democracia. Ponerlos de a dedo les quita legitimidad y siempre viene el juega vivo, que se tratan de coger más curules”, señaló.

Mulino descartó que vaya a planear una salida del Parlacen y manifestó sus “reservas” en torno al organismo. “Yo prefiero mantener la buena relación con algunos Estados centroamericanos que enfrascarme en una pelea del Cid Campeador, no hace sentido”, acotó.

Mulino también habló sobre la reciente aprobación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, impulsada por Estados Unidos y Panamá, en la que se autorizó una fuerza de intervención en Haití, contra las pandillas que controlan parte del país. En ese sentido, el mandatario aclaró que la participación panameña no incluiría el envío de tropas a la isla caribeña.

Ante la pregunta sobre lo conversado con el presidente Donald Trump, durante su breve encuentro con este en su visita a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Mulino dijo que fue “cordial” y que el estadounidense reconoció que su administración como “muy cooperante”.

Con respecto a la polémica en torno a la remodelación de la Villa Diplomática, justificó el gasto de 7.1 millones afirmando que la antigua casa de los generales estadounidenses de la exZona del Canal tiene un valor histórico y que reiteró que ese gasto es un hecho.