Nuevas auditorias, cautelación de bienes y un expediente enviado al Ministerio Público
- 22/09/2026 00:00
La Contraloría ordenó la cautelación de bienes del exministro consejero José Alejandro Rojas Pardini y remitió al Ministerio Público una auditoría sobre los Bomberos de Panamá en la que se menciona al exministro Roger Tejada. Al mismo tiempo, mantiene auditorías en Pandeportes y el Registro Público, mientras está por concluir el informe relacionado con la compra de ‘laptops’ en el Meduca
Una serie de medidas contra exministros y actuales directores de entidades ha adoptado la Contraloría General de la República. La entidad ordenó una medida precautoria sobre bienes y fondos del exministro consejero José Alejandro Rojas Pardini, por un monto de hasta $774,462.64, y remitió al Ministerio Público el informe de auditoría realizado en los Bomberos de Panamá, que revela una posible lesión patrimonial de $116,498.67 y menciona al exministro de Gobierno Roger Tejada.
Mediante la Resolución N.º 2927-2026-DNA/MP, del 17 de septiembre de 2026, se ordenó el secuestro de fondos, vehículos y otros activos contra el exministro Rojas.
La Contraloría explicó que estas acciones son de carácter precautorio y responden a los procedimientos previstos en la legislación para resguardar el patrimonio del Estado.
La entidad informó, además, que entregó al Ministerio Público el informe de auditoría realizado en los Bomberos de Panamá, en el que se menciona al exministro Tejada como posible responsable de una lesión patrimonial por $116,498.67.
Según el informe, los fondos fueron utilizados para la adecuación del Centro de Rehabilitación Femenina La Esmeralda, ubicado en el corregimiento de Las Garzas, provincia de Panamá.
La auditoría, que abarcó el período comprendido entre el 2 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2024, incluyó la revisión de controles internos, documentos, cotizaciones, facturas y adquisiciones de equipos e insumos destinados a los servicios de atención médica, emergencia y rescate.
La revisión también determinó incumplimientos de la ley que crea la entidad, ausencia de documentos fuente y activos fijos sin registrar.
Rojas Pardini y Tejada fueron ministros durante el gobierno de Laurentino Cortizo y se suman a otros exfuncionarios investigados por el Ministerio Público, a quienes la Contraloría les ha ordenado medidas cautelares sobre sus bienes.
La Contraloría General de la República tiene lista la auditoría sobre la compra de computadoras del Ministerio de Educación (Meduca) durante la gestión de la exministra Lucy Molinar.
El informe está a punto de salir y contiene observaciones sobre incorrecciones detectadas durante la revisión, adelantó a La Estrella de Panamá una fuente de la entidad fiscalizadora.
Mientras concluye el proceso, la Contraloría comienza otra auditoría simultanea en el Registro Público de Panamá, dirigido por Nairobia Elibeth Escrucería González, por el uso de fondos institucionales para financiar estudios de maestría a una treintena de funcionarios y por un posible conflicto de interés relacionado con becas concedidas por la universidad que impartió el programa.
En paralelo, la fuente de Contraloría anunció el inicio de nuevas auditorías en el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), bajo la dirección de Miguel Ángel Ordóñez. En agosto, la entidad fiscalizadora inició auditorías forenses a contratos de Pandeportes después de recibir denuncias ciudadanas sobre proyectos de infraestructura deportiva. La primera revisión se concentró en un contrato para el estudio, diseño y construcción de nueve instalaciones deportivas en Olá, Natá y La Pintada, provincia de Coclé.
A ese escenario se sumó este lunes el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, quien durante la sustentación del presupuesto de su cartera aseguró que pidió a la Contraloría auditar las obras desarrolladas durante su administración.
El mapa de fiscalización alcanza así a dos directores que permanecen en sus cargos, una exministra del actual gobierno y una cartera cuyo titular ha pedido revisar su propia ejecución.
La revisión, de Contraloría, se concentra en el financiamiento de una maestría para aproximadamente 30 servidores de la institución y en las condiciones bajo las cuales se distribuyeron los beneficios.
El punto más delicado para los auditores, según explicó la fuente, es un posible conflicto de interés. Durante los cuestionamientos al programa se planteó que la Universidad Latina concedió tres becas sin costo y que entre quienes obtuvieron ese beneficio se encontraban la propia directora del Registro Público y su secretaria.