Nuevas medidas: Contraloría refuerza control sobre bienes y fondos públicos

El nuevo reglamento faculta a la Contraloría a actuar de manera inmediata ante irregularidades detectadas en auditorías. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
  • 01/10/2025 19:58

La normativa incluye la suspensión de pagos, secuestro de bienes y otros mecanismos para proteger al Estado, y establece que las medidas serán coordinadas con el Tribunal de Cuentas, garantizando control legal y proporcionalidad.

La Contraloría General de la República aprobó el Reglamento de medidas precautorias que adopta la Contraloría General de la República para proteger los intereses públicos.

La normativa, firmada por el Contralor General Anel Flores y el Secretario General Ventura Vega, fue publicada en la Gaceta Oficial Digital y entrará en vigor de inmediato.

El reglamento establece que, al detectar irregularidades en el manejo de fondos o bienes públicos, la Contraloría podrá adoptar medidas precautorias sobre el patrimonio de agentes, empleados de manejo, funcionarios y otras personas vinculadas. Entre las medidas que se pueden decretar se incluyen:

Suspensión de pagos: se podrá detener temporalmente el pago de cualquier erogación con cargo al Tesoro Nacional, incluyendo salarios, remuneraciones o asignaciones a las personas involucradas.

Secuestro de patrimonio: se permitirá el secuestro de bienes muebles e inmuebles relacionados con las irregularidades detectadas.

Otras medidas necesarias: cualquier acción adicional que proteja los intereses públicos, conforme a la normativa vigente.

Estas medidas estarán limitadas al patrimonio de las personas naturales o jurídicas vinculadas a las irregularidades detectadas, garantizando un enfoque proporcional y dirigido exclusivamente a los responsables.

Procedimiento de adopción

El reglamento detalla los pasos para aplicar las medidas precautorias. Si durante una auditoría se identifican irregularidades graves, el director de la investigación presentará un Memorando sustentador al Contralor General, quien decidirá si procede adoptar las medidas.

En caso afirmativo, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica elaborará una resolución motivada que será firmada por el Contralor o su delegado, incluyendo la cuantía y tipo de medidas a adoptar.

En caso de secuestro de bienes muebles, estos serán inventariados junto a un perito y entregados a un depositario. Para empresas o establecimientos, se detallan obligaciones adicionales, como no interrumpir labores, custodiar existencias y depositar los fondos líquidos en instituciones bancarias.

Reglas y consideraciones finales

El reglamento establece que las medidas se tramitarán sin audiencia del investigado y se documentarán en cuadernillos separados. Las resoluciones deberán expresar claramente la irregularidad detectada, las pruebas y la necesidad de proteger el interés público, y podrán ser reconsideradas sin suspender la ejecución.

Los servidores públicos deberán cooperar con la Contraloría bajo pena de multa de hasta $1,000 por infracción o falta de respeto. Además, una vez adoptadas, las medidas precautorias serán declinadas inmediatamente al Tribunal de Cuentas para su seguimiento.

Con esta resolución, la Contraloría refuerza sus mecanismos de control y supervisión, asegurando la protección de los intereses públicos y la transparencia en la administración de recursos estatales.