Nuevo contrato de Ciudad del Saber extiende exoneraciones fiscales hasta 2048 y refuerza controles
- 27/10/2026 09:51
La adenda incorpora requisitos para fortalecer la supervisión de las empresas que utilizan las exoneraciones fiscales.
La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley No. 724, que establece una adenda al contrato entre el Estado panameño y la Fundación Ciudad del Saber para extender por 25 años los beneficios fiscales del complejo, hasta 2048, e incorporar mecanismos de control sobre las organizaciones que se acogen a estas exoneraciones.
La iniciativa recibió 43 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones, tras más de dos semanas de discusión en el pleno legislativo. La prórroga tiene efecto retroactivo desde 2023, cuando venció el periodo inicial de 25 años de estos beneficios.
El proyecto aprueba la Adenda No. 1 al contrato establecido mediante el Decreto Ley No. 6 del 10 de febrero de 1998, que regula el establecimiento y desarrollo de la Ciudad del Saber.
Uno de los principales cambios se concentra en la cláusula quinta del contrato, que establece el régimen especial de exoneraciones fiscales para la Fundación Ciudad del Saber y las entidades que operan en sus instalaciones para cumplir los objetivos del proyecto.
El régimen incluye exenciones de impuestos nacionales, contribuciones, tasas, derechos y gravámenes, entre ellos el Impuesto de Importación, el Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS), así como el Impuesto de Inmuebles, conforme a las condiciones contractuales y las normas fiscales aplicables.
La adenda incorpora requisitos para fortalecer la supervisión de las empresas que utilizan las exoneraciones fiscales y verificar que cumplan con las obligaciones establecidas en el contrato.
Una de las disposiciones exige remitir a la Dirección General de Ingresos (DGI) un listado actualizado de las empresas afiliadas que se acogen a estos beneficios, con sus respectivos números de Registro Único de Contribuyente (RUC).
La información permitirá identificar cuáles organizaciones se incorporan al complejo y cuáles dejan de operar. El listado deberá entregarse antes del cierre del año fiscal.
Además, la Fundación Ciudad del Saber deberá informar sobre las actividades económicas específicas que desarrollan las organizaciones establecidas en el área.
Los cambios buscan mejorar la trazabilidad de las empresas que reciben las exoneraciones y facilitar la verificación de que sus actividades se ajustan a los propósitos del proyecto.
La extensión no crea nuevos incentivos fiscales ni modifica la naturaleza jurídica de los existentes. Se trata de prolongar el régimen aprobado en 1998, bajo las condiciones y los alcances previstos en el marco legal.
El proyecto también contempla la designación de una comisión titular para revisar el contrato suscrito entre el Estado y la Fundación Ciudad del Saber, con énfasis en la cláusula quinta y en los mecanismos que regulan las exoneraciones fiscales.
La comisión tendrá nueve meses, contados a partir de la promulgación de la adenda como ley de la República, para presentar, si lo considera necesario, una propuesta legislativa destinada a reglamentar el régimen especial de la Ciudad del Saber.
La revisión permitirá evaluar posibles modificaciones para actualizar las disposiciones contractuales y fortalecer los mecanismos de supervisión.
Entre los aspectos vinculados al cumplimiento de las obligaciones contractuales figuran el mantenimiento de los edificios, las mejoras en las instalaciones y otros compromisos relacionados con el desarrollo del complejo.
Los beneficios fiscales contemplados en el contrato original tuvieron una vigencia inicial de 25 años, que culminó el 12 de febrero de 2023.
La prórroga aprobada busca dar continuidad a ese régimen y se sustenta en el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la Fundación Ciudad del Saber, según los argumentos expuestos para la extensión.
Durante más de 25 años, la Ciudad del Saber ha reunido en Panamá empresas nacionales y extranjeras, universidades, centros de investigación, organismos internacionales y otras organizaciones vinculadas con el conocimiento, la tecnología y la innovación.
Actualmente, el complejo, ubicado en un área de 120 hectáreas, alberga más de 260 organizaciones y genera más de 11,000 empleos, según cifras aportadas por sus directivos.
Con la aprobación del proyecto de ley No. 724, el régimen fiscal se extenderá hasta 2048, mientras que las nuevas disposiciones establecen mecanismos adicionales de información y supervisión y abren la posibilidad de revisar el contrato para proponer futuras modificaciones.