Nuevo periodo legislativo: entre promesas de cambio y tensiones por la agenda anticorrupción

Ayer, mientras los aplausos marcaban el inicio de un nuevo periodo legislativo, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, lanzó una frase destinada a fijar el rumbo de la institución: “El país necesita que nosotros como diputados transformemos esta Asamblea”.

Desde el pleno habló de modernización, de reformar el reglamento interno y de replantear la carrera administrativa. Afuera, la ciudadanía observaba con expectativa. Dentro del hemiciclo, sin embargo, otro mensaje comenzaba a tomar forma, silencioso pero elocuente.

En la curul del jefe de la bancada Vamos, Roberto Zúñiga, un cartel blanco con letras negras rompía la solemnidad del acto: “La corrupción se puede erradicar si ponemos un alto a la impunidad”. El mensaje contrastaba con el discurso oficial. Entre los múltiples temas abordados por Herrera, la creación de un marco legislativo que fortaleciera el combate a la corrupción no fue mencionada.

Esto ocurre en un país donde la corrupción no es una noción abstracta, sino una cifra concreta que pesa sobre las finanzas públicas. Según el artículo “Panamá: dos décadas de corrupción y más de $5 mil millones en fondos públicos ‘perdidos’”, publicado por La Estrella de Panamá en colaboración con la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, las pérdidas asociadas a prácticas corruptas superan los $5,000 millones, recursos que debieron destinarse a salud, educación e infraestructura y que hoy alimentan el debate sobre impunidad y responsabilidad política.

El gesto de Zúñiga no fue improvisado. Cuatro días antes, el 29 de diciembre, el colectivo político Vamos había enviado una carta a la Presidencia de la República en la que solicitó al Ejecutivo impulsar una agenda anticorrupción “efectiva”, tanto en el plano legislativo como en su implementación.

En el documento, el colectivo rechazó la idea de que no se requieran ajustes legales y recordó que evaluaciones nacionales e internacionales han advertido vacíos normativos que Panamá aún no corrige.

“La coalición ha presentado más de 20 proyectos en materia de anticorrupción, rendición de cuentas y transparencia”, señala la carta, en la que también se invita al Ejecutivo a respaldar dichas iniciativas. El llamado se produce en un contexto marcado por recientes decisiones legislativas que han frenado reformas clave.

Se trata de un sentir compartido por el diputado de Realizando Metas, Alaín Cedeño, quien dijo ayer que es necesario discutir proyectos anticorrupción para “mejorar la justicia” y que la “democracia funcione.

“La Asamblea tiene que ser el vínculo para llevar todos esos proyectos que atacan la corrupción, la delincuencia, el narcotráfico, a que sean leyes de la República”, comentó en entrevista con Telemetro Reporta.

El 28 de octubre de 2025, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, presidida por el diputado Luis Eduardo Camacho, rechazó dos proyectos de ley —los números 291 y 292— presentados por el procurador general de la Nación, Luis Gómez Rudy. Las iniciativas buscaban agilizar las investigaciones por delitos de corrupción. El resultado fue ajustado: cinco votos en contra y cuatro a favor.

Un día después, Camacho explicó que los proyectos no eran necesarios. A su juicio, el combate a la corrupción no pasa por nuevas leyes, sino por voluntad política. “Hasta que no se haga el saneamiento de la justicia no se va a acabar con la corrupción. No es un tema de ley”, reiteró el diputado este 2 de enero, al ser consultado nuevamente sobre el rechazo.

Ese argumento coincide con la postura del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien el 30 de octubre de 2025 afirmó que el país no necesita más leyes para enfrentar la corrupción. “Con las leyes que tenemos hay de sobra para resolver esos problemas”, dijo entonces, al tiempo que subrayó que el problema no radica en el Ejecutivo, sino en la falta de aplicación efectiva.

No todos en la Asamblea comparten esa visión. El diputado José Pérez Barboni cuestionó la coincidencia discursiva entre el presidente Mulino y el diputado Camacho, sobre todo porque los proyectos rechazados fueron presentados por la Procuraduría General, cuyo titular fue nombrado por el propio mandatario. Para Pérez Barboni, la dicotomía entre aplicar leyes existentes y reformar el marco legal es falsa.

“Sí, hay que aplicar las leyes que están, pero también hay que reformar las que ya existen”, sostuvo. En respuesta al rechazo en comisión, el diputado presentó una resolución de revocatoria de dictamen, con el objetivo de que los proyectos no queden sujetos exclusivamente al criterio de la Comisión de Gobierno.

La diputada Patsy Lee comparte esa preocupación. Para ella, el estancamiento de las iniciativas refleja una resistencia a los cambios estructurales que, a su juicio, son indispensables para fortalecer la lucha contra la corrupción. “Fue triste que esos proyectos no hayan avanzado, pero vamos a tratar de impulsarlos”, afirmó.

En paralelo, otra propuesta vuelve a abrir el debate. Se trata del proyecto conocido como “antibotellas”, presentado por la diputada Janine Prado, también de la bancada Vamos. La iniciativa apunta a erradicar una de las prácticas más cuestionadas de la administración pública: funcionarios que cobran sin trabajar y quienes facilitan este tipo de nombramientos.

El mismo 2 de enero, Prado solicitó formalmente al presidente de la Asamblea que el proyecto sea llevado a discusión en el pleno. La propuesta ya había sido admitida el año pasado por la Comisión de Gobierno, lo que abre una nueva ventana para el debate legislativo.

Mientras los discursos prometen transformación y modernización, la lucha contra la corrupción vuelve a situarse en el centro de las tensiones políticas. Entre llamados a la voluntad política y demandas de reformas legales, la Asamblea inicia el año con una pregunta aún sin respuesta: si el cambio anunciado será suficiente para romper con la impunidad que sigue marcando la agenda nacional.