Ocho licitaciones millonarias de seguridad avanzan bajo reserva
- 15/07/2026 00:00
Cuatro nuevas resoluciones del Consejo de Gabinete elevan a ocho las contrataciones bajo reserva. Los procesos incluyen cámaras corporales, el CON C5, tecnología para Migración, equipos policiales y nuevas infraestructuras estratégicas
El Gobierno amplió el paquete de contrataciones reservadas para el sector seguridad con la aprobación de cuatro nuevas resoluciones de Gabinete que autorizan procesos de precalificación de proponentes y mantienen bajo confidencialidad los pliegos de cargos de proyectos considerados estratégicos para el Estado.
Las resoluciones de Gabinete N.° 56, 57, 58 y 59, fechadas el 7 de julio de 2026, se suman a otras cuatro aprobadas durante junio, con lo que el Ejecutivo completa un paquete de ocho licitaciones que se desarrollan mediante un procedimiento excepcional previsto en el Texto Único de la Ley 22 de Contrataciones Públicas. La norma permite mantener en reserva los pliegos de cargos de adquisiciones sensitivas relacionadas con la seguridad y defensa del Estado, siempre que cuenten con autorización del Consejo de Gabinete.
Los nuevos procesos corresponden a la construcción y equipamiento de la sede de la 6.ª Zona Policial de Herrera, en Chitré; la implementación de cámaras corporales para los estamentos de seguridad pública; el suministro e instalación de un nuevo sistema de personalización y emisión de documentos para el Servicio Nacional de Migración; y la actualización de la plataforma tecnológica del Centro de Operación Nacional (CON C5).
Bajo este esquema, las empresas interesadas deben superar una fase de precalificación y firmar acuerdos de confidencialidad para acceder a los pliegos de cargos a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, PanamaCompra. El Ejecutivo sostiene que divulgar especificaciones técnicas, capacidades operativas o información sobre infraestructura crítica podría comprometer la seguridad institucional y facilitar actividades de inteligencia criminal.
Mientras estas cuatro contrataciones inician su etapa de precalificación, otros procesos autorizados en junio ya registran avances.
El expediente para el suministro de equipamiento de protección personal y operativa para unidades de seguridad pública es el más adelantado. Dos empresas presentaron propuestas y hace cuatro días se instaló la comisión verificadora que evaluará la documentación antes de definir qué participantes continúan en el proceso.
En el caso del suministro de equipamiento de protección personal y operativa para unidades de la Policía Nacional, el cronograma fija para el 15 de julio la recepción, en sobres cerrados, de las manifestaciones de interés de las empresas.
Para el suministro de equipos y herramientas destinadas a unidades especializadas de la Policía Nacional, la recepción de propuestas está prevista para el 22 de julio.
El proyecto para construir la nueva sede principal del Servicio Nacional de Migración, en Curundú, también avanza. El pasado 3 de julio se realizó la reunión de homologación, uno de los pasos previos a la presentación de propuestas por parte de las empresas interesadas.
El pasado 5 de mayo, el Consejo de Gabinete aprobó un crédito extraordinario de 8 millones de dólares para ejecutar la primera fase del proyecto y los recursos provendrán del fondo fiduciario del Servicio Nacional de Migración.
Las cuatro resoluciones aprobadas este mes amplían el alcance del plan de modernización del sector seguridad.
En Herrera, el Ministerio de Seguridad busca reemplazar la actual sede de la 6.ª Zona Policial, cuyo deterioro estructural, limitaciones de espacio y deficiencias en los sistemas eléctricos e hidrosanitarios motivaron la construcción de un nuevo edificio con capacidad para unas 350 unidades policiales. El Gobierno considera la obra una infraestructura crítica y argumenta que divulgar información sobre su diseño, distribución o sistemas de seguridad podría poner en riesgo las operaciones policiales.
Otra de las contrataciones permitirá implementar cámaras corporales para los estamentos de seguridad pública. Los dispositivos serán utilizados durante patrullajes, operativos, investigaciones preliminares, atención de emergencias, control del tránsito y actuaciones que impliquen el uso de la fuerza, conforme a la Ley 466 de 2025. La norma establece que las grabaciones deberán conservar información sobre fecha, hora y ubicación, permanecerán almacenadas por dos años, salvo requerimiento judicial, y no podrán divulgarse fuera de los canales autorizados.
El paquete también incorpora un nuevo sistema para la personalización y emisión de documentos de identidad del Servicio Nacional de Migración. La contratación contempla el suministro, instalación, soporte y mantenimiento durante cinco años para reemplazar la tecnología utilizada en la emisión de carnés de residencia, permisos y otros documentos migratorios. Según la resolución, el nuevo sistema incorporará laminados de alta seguridad, elementos holográficos y otros mecanismos destinados a reforzar la autenticidad y reducir el riesgo de falsificación.
La cuarta resolución autoriza la modernización de la plataforma tecnológica del Centro de Operación Nacional (CON C5). El proyecto busca integrar herramientas de analítica avanzada e inteligencia artificial para ampliar la videovigilancia, fortalecer la interoperabilidad entre instituciones y evolucionar hacia un modelo de seguridad más proactivo y predictivo frente al crimen organizado y otros delitos.
Las nuevas resoluciones complementan las aprobadas en junio para la adquisición de equipamiento de protección personal y operativa, equipos y herramientas para unidades especializadas de la Policía Nacional y la construcción de la nueva sede principal del Servicio Nacional de Migración. Todos los procesos seguirán el mismo mecanismo: precalificación de empresas, pliegos de cargos confidenciales y participación restringida a los proponentes que superen la evaluación técnica, financiera, administrativa y legal.
El Gobierno sostiene que la reserva responde a criterios de seguridad nacional, interés público y protección institucional. Para el Ejecutivo, divulgar detalles técnicos sobre equipos, plataformas tecnológicas o infraestructura estratégica podría afectar las capacidades operativas de los estamentos de seguridad. Con este paquete de ocho licitaciones, el Estado impulsa de manera simultánea la modernización de la Policía Nacional y del Servicio Nacional de Migración mediante uno de los mayores programas recientes de inversión en tecnología, infraestructura y equipamiento bajo un régimen excepcional de confidencialidad.