‘Ocultar el beneficiario final en las contrataciones favorece el crimen organizado’

Se encienden las alarmas. El hecho de que ahora Panamá agotarapor la vía legislativa, transparentar el beneficiario final en las contrataciones públicas, debilita controles críticos contra el crimen organizado, en un país con un alto nivel de este delito.

Esta fue la conclusión a la que llegó el experto en seguridad y crimen organizado, Edgardo Sandoval Ramsey, quien analizó para La Estrella de Panamá las consecuencias de lo ocurrido este miércoles en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional donde se rechazó la propuesta para públicar el nombre de las personas naturales que están detrás de las empresas que contratan con el Estado.

Esta era una alternativa ante la negativa de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que no admitió un habeas data para transparentar esta información por considerarla “secreto comercial”, luego de que la Dirección General de Contrataciones Públicas la restringiera, pese a que previamente era publicada en el portal de panamacompra.gob.pa .

Contrataciones al riesgo del crimen organizado

Hablan los datos, no las opiniones: Al estar dentro de los 20 países con mayor nivel de crimen organizado en el mundo Panamá tiene un entorno donde “hay colusión público- privada, empresas fachadas y la economía legal es utilizada como vehículo criminal. esto lo dicen los datos que analizamos”, dijo Sandoval, quien hasta el 31 de diciembre pasado fungió como coordinador regional para Centroamérica de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional

“Ese mix de alta criminalidad basada en narcotráfico, delitos financieros, es precisamente el patrón donde la contratación pública opaca puede convertirse en mecanismos de legitimación de capitales, en pagos de corrupción, en expansión de redes criminales, mediante proveedores, subcontratistas y consorcios que contratan con el Estado”, añadió el experto.

Y es que desde 2020 existe en Panamá un Registro Único de Benficiarios Finales al que tienen acceso solo cinco entidades, donde se excluye a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), entre otras.

Por su parte, la ley de contrataciones públicas establece que en las licitaciones mayores a $500 mil el proponente debe certificar, mediante declaración jurada, el nombre de cada persona natural directa o indirectamente beneficiario final, de por lo menos, el 10% del capital accionario emitido y en circulación.

Esta información antes se publicaba en panamacompra.gob.pa y la actual DGCP indicó que se hacía “por error”.

A la vez, la misma DGCP admitió que nada hacen con ella, es decir, no verifican posibles conflictos de intereses o colusión empresarial u otros aspectos relevantes por falta de herramientas, solo archivan la información.

Este era precisamente el argumento de la proponente de la iniciativa legislativa que no contó con los votos para obligar a las personas jurídicas seleccionadas como contratistas a remitir la lista íntegra de todas las personas naturales que sean sus beneficiarios finales, para que publicarse en el portal de compras públicas.

“Se trata de una decisión que debió estar basada en coherencia, transparencia y entender que en el manejo de recursos públicos no puede haber opacidad”, dijo la diputada de Vamos, Janine Prado, proponente de la norma.

Para la organización Transparencia Internacional, Capítulo de Panamá, es penoso que los partidos de oposición y gobierno se opongan a que los panameños conozcan quienes son las los dueños de las empresas que ganan contratos con el Estado al tratarse de recursos públicos

“Es una pena que la Asamblea no haya querido corregir el evidente error tanto de la dirección de contrataciones públicas como la de la Corte Suprema de Justicia y, han apostado por la opacidad”, manifestó su presidenta, Lina Vega.

A su juicio esta es una razón por la que Panamá sale mal en los indicadores de corrupción: 33 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, el punto más bajo desde que inició la medición en 2012.

Por otro lado, tres de cada cuatro casos de gran corrupción involucran a empresas fantasma anónimas, según un estudio de referencia del Banco Mundial, The Puppet Masters, citado por la organización Open Contracting Partnership.

“Las empresas fantasmas, anónimas, cuyos verdaderos beneficiarios finales pueden estar ocultos bajo capas y capas de corporaciones, son los vehículos de escape de la corrupción y los delitos financieros globales” indica la ong con sede en Washington D.C.

Panamá apaga la luz que otros países encienden

Países como Filipinas y el Reino Unido tienen el registro de beneficiarios finales abierto al público, mientras que en España se evalúa que este registro sea público a a personas con interés legítimo para incluir a periodistas de investigaciones, explicó el abogado y experto en gobierno corporativo, Carlos Barsallo.

Y un paso más allá, España tiene en una nueva regla para contratar con el Estado y obliga a transparentar los salarios para evaluar la brecha salarial entre hombres y mujeres.

En Chile desde 2024, todas las personas jurídicas que participen en procesos de contratación pública deben declarar a sus beneficiarios finales en su inscripción y habilitación en el Registro de Proveedores del portal MercadoPublico.cl.

En México, cuando una empresa gana una licitación un ciudadano puede buscarla en el registro público y conocer sus accionistas -que no necesariamente son los beneficiarios finales- y también pueden actuar como testaferros.

No obstante, en Panamá el Registro Público tampoco da esa posibilidad, toda vez que solo muestra dignatarios o representante legal.

“Cuando la identidad del beneficiario final se restringe en compras públicas, se debilitan tres capas de control que son críticas contra el crimen organizado: la debida ligencia social y periodística, el control preventivo de colusión porque sin transparencia real el mercado y el sector privado no puede dar señales de cartelización, o cómo se generan estos grupos criminales, y en tercer lugar, hay un debilitamiento de la trazabilidad para investigaciones patrimoniales”, concluyo Sandoval Ramsey.