Oncológico: Panamá acuerda pagar $14.9 millones para cerrar disputa
- 21/04/2026 19:28
Consorcio reclamaba más de $70 millones en arbitraje internacional; acuerdo reduce la compensación y cierra disputa de 13 años
El Consejo de Gabinete dio luz verde a un acuerdo que busca cerrar un conflicto legal de hace 13 años relacionado con la construcción del nuevo Instituto Oncológico Nacional (ION), un proyecto que arrastra antecedentes desde hace más de una década y que había escalado a instancias internacionales de arbitraje.
Mediante la Resolución N.° 36-26, el Ejecutivo autorizó un acuerdo transaccional entre el Estado panameño, representado por el Ministerio de Salud (Minsa), y el Consorcio Nuevo ION de Panamá, en concepto de compensación por daños y perjuicios derivados de la terminación unilateral del contrato original.
El acuerdo establece un pago total de $14,979,484.37, que será desembolsado en dos partes: el 50% durante 2026 y el 50% restante en 2027.
El consorcio involucrado está integrado por las empresas Acciona Construcción, S.A. —antes Acciona Infraestructuras, S.A.— y Panamá Consulting Health, S.A. (PCH), responsables en su momento del desarrollo del proyecto que contemplaba estudios, diseño, planos, construcción y financiamiento del nuevo centro oncológico.
Los orígenes de la disputa se remontan a 2013, cuando se licitó la construcción del nuevo ION. Posteriormente, el 4 de abril de 2014, el Minsa adjudicó el contrato al consorcio, con orden de proceder emitida el 30 de junio de ese mismo año.
Sin embargo, el proceso se interrumpió abruptamente. El 23 de diciembre de 2014, el Minsa solicitó al Consejo de Gabinete la terminación unilateral del contrato, lo que fue avalado mediante la Resolución de Gabinete N.° 184 en esa misma fecha.
A raíz de esta decisión, el consorcio presentó el 28 de junio de 2024 una solicitud de arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés), reclamando una indemnización superior a los $70 millones.
Tras el inicio del proceso arbitral, ambas partes acordaron instalar una mesa técnica con el objetivo de evaluar la reclamación y buscar una salida negociada.
Como resultado de estas conversaciones, el 9 de agosto de 2024 el contratista solicitó la suspensión del proceso ante la ICC, medida que fue confirmada por el organismo internacional y que se mantiene vigente mientras se formaliza el acuerdo aprobado por el Gabinete.
El acuerdo transaccional cuenta con el concepto favorable de la Procuraduría General de la Nación, que determinó que la solución es jurídicamente viable dentro del marco del procedimiento arbitral.
No obstante, la entidad dejó en manos del Consejo de Gabinete la decisión final sobre su aprobación, tanto en términos cualitativos como económicos, lo que se concretó con la emisión de la resolución correspondiente.