Operación Fisher: condenan a 14 personas por blanqueo de capitales

La operación Fisher, ejecutada en diciembre de 2021 para desarticular una red criminal vinculada al denominado Clan del Golfo, terminó con la condena de 14 personas, entre ellas dos sociedades jurídicas, por delitos relacionados con el blanqueo de capitales y la asociación ilícita para delinquir.

El resultado es producto de una investigación del Ministerio Público que se extendió hasta un juicio de 14 meses y que permitió identificar una estructura dedicada al almacenamiento, ocultamiento y traslado de cargamentos de droga a través del territorio panameño.

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, la organización operaba en las zonas de Costa Arriba y Costa Abajo de la provincia de Colón, desde donde utilizaba embarcaciones y vehículos modificados para movilizar sustancias ilícitas con destino a Centroamérica y Estados Unidos.

Durante la audiencia de individualización de pena, la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas solicitó 28 años de prisión para quien identificó como líder de la organización criminal.

Para otras siete personas declaradas culpables por blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir, el Ministerio Público pidió condenas de 24 años de prisión. En tanto, solicitó 12 años para otras cinco personas condenadas por blanqueo de capitales.

La Fiscalía también pidió la disolución de dos sociedades anónimas que, según la teoría del caso que el Tribunal de Juicio consideró probada, sirvieron para blanquear capitales procedentes de actividades ilícitas.

Las penas solicitadas corresponden a la posición del Ministerio Público durante la audiencia. La determinación de las sanciones definitivas quedó en manos del tribunal, cuya lectura de sentencia se anunció para el 6 de octubre a las 9:00 a. m.

Entre los principales resultados patrimoniales de la operación figuran alrededor de 9.98 millones de dólares en efectivo, localizados en caletas, cuentas bancarias y diligencias de allanamiento.

La Fiscalía también solicitó el comiso de tres residencias, una de ellas valorada en más de 500 mil dólares; una finca de una hectárea en la provincia de Coclé; varios vehículos, cuatro buques de pesca y botes artesanales.

Las cifras divulgadas por el Ministerio Público también dan cuenta de activos valorados en aproximadamente 20 millones de dólares, incluidos al menos 38 vehículos de alta gama y armas de fuego.

Estos resultados reflejan el alcance económico de la investigación, que no se limitó a la incautación de drogas, sino que también buscó afectar los bienes y recursos que, según la acusación, estaban relacionados con las actividades de la organización.

Las investigaciones determinaron que la estructura recibía y almacenaba grandes cargamentos de droga procedentes de Colombia. Posteriormente, ocultaba la mercancía en vehículos con doble fondo, cilindros de gas, llantas y otros compartimentos clandestinos.

Una vez acondicionados, los cargamentos se movilizaban por el territorio nacional y luego se trasladaban hacia el norte mediante lanchas rápidas, según la información divulgada por la Procuraduría.

La operación Fisher buscó desarticular esa estructura logística y financiera, con presencia en las costas de Colón y conexionems con una red criminal que las autoridades vinculan al Clan del Golfo.

Como resultado de las diligencias, el Ministerio Público reportó la incautación de 1.5 toneladas de drogas, además de dinero en efectivo, vehículos, armas y otros activos. La investigación también produjo acuerdos de pena en procesos relacionados con el caso.

La audiencia de lectura de sentencia representa la etapa en la que se conocerán las sanciones definitivas impuestas por el tribunal y las decisiones correspondientes sobre las solicitudes de comiso y disolución de las sociedades.

El caso constituye uno de los procesos derivados de la operación Fisher, desarrollada en diciembre de 2021 contra una red que, de acuerdo con la investigación fiscal, utilizaba Panamá como punto de tránsito para el tráfico internacional de drogas y como espacio para ocultar recursos provenientes de actividades ilícitas.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de ejercer la acción penal ante los tribunales de justicia, con respeto a los derechos de los ciudadanos y en apego a la Constitución y la ley.