Operación Muralla lleva a Lau Cortés ante la justicia
- 07/10/2026 00:00
La Fiscalía Anticorrupción rastrea el patrimonio de Enrique Lau Cortés, exdirector de la Caja de Seguro Social, mientras su defensa cuestiona la cifra de $500 mil que trascendió inicialmente y asegura que el monto comunicado asciende a $122,253
El exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, permanece en la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en Ancón, tras su aprehensión ayer durante la Operación Muralla, desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción en coordinación con unidades policiales.
Lau Cortés es investigado por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales. La investigación incluye el examen de su patrimonio y de posibles afectaciones a los recursos públicos.
La defensa, sin embargo, cuestiona una de las principales cifras que trascendieron sobre el caso.
La abogada Katia Quiel Carreira, representante legal de Lau Cortés, aseguró que durante el allanamiento a la residencia del exdirector la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional informaron al equipo legal que la presunta lesión patrimonial investigada supera los $122,000.
Según la abogada, la cifra que les fue comunicada es de $122,253, y no de $500,000, monto que trascendió inicialmente como posible lesión patrimonial.
“Son $122,253. Ese es el monto y la cifra que fuimos notificados”, sostuvo Quiel Carreira al llegar a la sede de la DIJ.
La diferencia entre ambas cifras deberá ser aclarada con la documentación oficial del expediente y durante las audiencias judiciales.
Tras su aprehensión durante la mañana, Lau Cortés fue trasladado al Centro de Salud de El Chorrillo para una evaluación médica y posteriormente llevado a la sede de la DIJ en Ancón.
El exdirector permanecerá bajo custodia policial a la espera de que se programe la audiencia de garantías y las demás diligencias correspondientes.
La defensa señaló que su principal preocupación en este momento es conocer el estado de salud del exfuncionario.
Quiel Carreira afirmó que Lau Cortés es una persona mayor y que su equipo legal busca conocer el resultado de la evaluación médica antes de avanzar con las actuaciones relacionadas con el proceso.
La abogada también sostuvo que la defensa acudirá ante el juez de garantías para ejercer los derechos de su representado y hacer valer el principio de presunción de inocencia.
Ante las preguntas sobre la calificación jurídica del caso, Quiel Carreira respondió que no le corresponde a la defensa realizar esa determinación y que será un juez de garantías quien deberá pronunciarse dentro del proceso.
La abogada reveló que la investigación penal se inició el 11 de agosto de 2026 y que el equipo legal de Lau Cortés compareció ante la Fiscalía Anticorrupción dentro de la carpeta 70-026.
Según su versión, la defensa presentó el poder correspondiente para representar al exdirector dentro de esa investigación.
Quiel Carreira también indicó que el expediente se encontraba bajo reserva y que el equipo legal espera vincularse formalmente al proceso durante la audiencia correspondiente.
La defensa no confirmó, además, si las autoridades realizaron allanamientos en otros puntos de la capital.
“No tenemos conocimiento de eso”, dijo la abogada, quien señaló que lo que conocen directamente es la aprehensión de Lau Cortés y las diligencias realizadas en su residencia.
El caso penal tiene como antecedente una actuación de la Contraloría General de la República.
Mediante la Resolución del 25 de noviembre de 2025, la Contraloría ordenó el secuestro de bienes, cuentas bancarias, vehículos y créditos contra el Estado de Lau Cortés hasta por $2.9 millones.
La medida surgió después de una auditoría forense que examinó el manejo de medicamentos e insumos médicos durante parte del periodo en que Lau Cortés estuvo al frente de la CSS.
Según la documentación de la Contraloría, la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense detectó presuntas irregularidades relacionadas con compras excesivas de insumos médicos quirúrgicos y medicamentos, productos que posteriormente fueron descartados por vencimiento o por no ser aptos para el consumo humano.
La auditoría identificó resoluciones de descarte por $2,913,121.24 correspondientes a medicamentos e insumos médicos.
El informe también señaló traslados de partidas millonarias desde la CSS hacia el Gobierno Central sin controles adecuados.
Las observaciones de la Contraloría forman parte de los antecedentes de fiscalización del caso, pero deben diferenciarse de la investigación penal que ahora lleva la Fiscalía Anticorrupción.
Quiel Carreira sostuvo que los bienes de Lau Cortés ya estaban bajo medidas de la Contraloría General desde noviembre de 2025.
La abogada afirmó además que algunos de los bienes vinculados con el exdirector pertenecían a él antes de que asumiera la dirección de la CSS.
Esta afirmación forma parte de la posición de la defensa y deberá ser contrastada con la documentación registral y patrimonial correspondiente.
Durante la Operación Muralla, las autoridades realizaron diligencias para recabar indicios relacionados con la investigación. La operación incluyó actuaciones en Santa María y otros puntos que, según información preliminar, abarcaron Paitilla, Dos Mares, Chanis y Playa Blanca.
Entre los bienes vinculados con Lau Cortés que fueron mencionados en las diligencias figuran un apartamento en el proyecto Nikki Beach, en Río Hato; una propiedad en Empire Residences, en Santa María, y vehículos.