Organizaciones exigen restablecer servicio de telefonía móvil e internet en Bocas del Toro
- 24/06/2025 18:40
La interrupción de servicios de comunicación en medio de las protestas contra las reformas a la CSS genera preocupación dentro y fuera del país. Exigen al Gobierno restablecer el acceso digital Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos exigieron al Gobierno de Panamá restablecer de manera inmediata los servicios de telefonía móvil e Internet en la provincia de Bocas del Toro, tras la decisión de suspenderlos en medio de las protestas contra las reformas a la Caja del Seguro Social.
La medida forma parte del estado de urgencia declarado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de junio, con una vigencia inicial de cinco días, que este martes fue extendida por cinco días más, llevándola al límite permitido por la Constitución.
Esta declaratoria incluye la suspensión de garantías constitucionales como la libertad de tránsito, de asociación y de expresión. El Gabinete, en sesión celebrada la tarde de este martes, excluyó del decreto de suspensión el artículo 23 de la Constitución, que contempla la figura del hábeas corpus, decisión que había generado fuertes críticas por parte de organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales.
El apagón digital fue ordenado por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), como parte de las acciones del Ejecutivo para contener las protestas que desde hace semanas se concentran en la provincia occidental, especialmente en rechazo a las reformas sobre pensiones y jubilaciones. La interrupción del servicio afecta tanto a la telefonía móvil como a la conexión a Internet, y estaría vigente hasta el 25 de junio.
Las organizaciones firmantes del pronunciamiento advierten que esta suspensión representa una medida desproporcionada que afecta derechos fundamentales en momentos de alta tensión social.
Según el comunicado, “bloquear el acceso a Internet no solo restringe la libertad de expresión, sino también derechos como la libertad de reunión, el acceso a información confiable, la comunicación con familiares e incluso el acceso a servicios de emergencia”.
En el documento también se señala que la medida entra en conflicto con instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Resolución 47/16 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que condena cualquier interrupción arbitraria del acceso a Internet.
La provincia de Bocas del Toro ha sido uno de los epicentros de las movilizaciones sociales recientes. Las manifestaciones, convocadas por sindicatos, colectivos ciudadanos y sectores indígenas, se han intensificado en las últimas semanas en rechazo a reformas consideradas regresivas en materia de seguridad social. Algunos incidentes han derivado en cierres de vías, enfrentamientos y detenciones.
En ese contexto, el Gobierno activó el estado de urgencia como medida de “control”, según argumentó el Ministerio de Seguridad, aunque no ha explicado públicamente por qué se decidió cortar el acceso a las telecomunicaciones en toda la provincia.
Firmantes
Instituto Panamericano de Derecho y Tecnología - IPANDETEC - Centroamérica, TEDIC - Paraguay, Hiperderecho - Perú, Abrimos.info - México y Guatemala, Cooperativa Sulá Batsú, Access Now, Computech Institute-Senegal, Digital Action, Forumvert, OONI (Open Observatory of Network Interference), Human Rights Journalists Network Nigeria, West African Digital Rights Defenders Coalition, Women of Uganda Network (WOUGNET), Fundación InternetBolivia, Cooperativa Tierra Común - México, Zaina Foundation, Digital Woman Uganda, Reclaiming Spaces International, Asociación Iberoamericana de Protección de Datos y Ciberseguridad, AC. - AIPYC - México, Sursiendo, México, Fundación Karisma - Colombia, Africa Open Data and Internet Research Foundation (AODIRF), Organization of the Justice Campaign, Life campaign to abolish the death sentence in Kurdistan, Afia-Amani Grands-Lacs, YODET.
Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos exigieron al Gobierno de Panamá restablecer de manera inmediata los servicios de telefonía móvil e Internet en la provincia de Bocas del Toro, tras la decisión de suspenderlos en medio de las protestas contra las reformas a la Caja del Seguro Social.
La medida forma parte del estado de urgencia declarado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de junio, con una vigencia inicial de cinco días, que este martes fue extendida por cinco días más, llevándola al límite permitido por la Constitución.
Esta declaratoria incluye la suspensión de garantías constitucionales como la libertad de tránsito, de asociación y de expresión. El Gabinete, en sesión celebrada la tarde de este martes, excluyó del decreto de suspensión el artículo 23 de la Constitución, que contempla la figura del hábeas corpus, decisión que había generado fuertes críticas por parte de organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales.
El apagón digital fue ordenado por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), como parte de las acciones del Ejecutivo para contener las protestas que desde hace semanas se concentran en la provincia occidental, especialmente en rechazo a las reformas sobre pensiones y jubilaciones. La interrupción del servicio afecta tanto a la telefonía móvil como a la conexión a Internet, y estaría vigente hasta el 25 de junio.
Las organizaciones firmantes del pronunciamiento advierten que esta suspensión representa una medida desproporcionada que afecta derechos fundamentales en momentos de alta tensión social.
Según el comunicado, “bloquear el acceso a Internet no solo restringe la libertad de expresión, sino también derechos como la libertad de reunión, el acceso a información confiable, la comunicación con familiares e incluso el acceso a servicios de emergencia”.
En el documento también se señala que la medida entra en conflicto con instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Resolución 47/16 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que condena cualquier interrupción arbitraria del acceso a Internet.
La provincia de Bocas del Toro ha sido uno de los epicentros de las movilizaciones sociales recientes. Las manifestaciones, convocadas por sindicatos, colectivos ciudadanos y sectores indígenas, se han intensificado en las últimas semanas en rechazo a reformas consideradas regresivas en materia de seguridad social. Algunos incidentes han derivado en cierres de vías, enfrentamientos y detenciones.
En ese contexto, el Gobierno activó el estado de urgencia como medida de “control”, según argumentó el Ministerio de Seguridad, aunque no ha explicado públicamente por qué se decidió cortar el acceso a las telecomunicaciones en toda la provincia.
Firmantes
Instituto Panamericano de Derecho y Tecnología - IPANDETEC - Centroamérica, TEDIC - Paraguay, Hiperderecho - Perú, Abrimos.info - México y Guatemala, Cooperativa Sulá Batsú, Access Now, Computech Institute-Senegal, Digital Action, Forumvert, OONI (Open Observatory of Network Interference), Human Rights Journalists Network Nigeria, West African Digital Rights Defenders Coalition, Women of Uganda Network (WOUGNET), Fundación InternetBolivia, Cooperativa Tierra Común - México, Zaina Foundation, Digital Woman Uganda, Reclaiming Spaces International, Asociación Iberoamericana de Protección de Datos y Ciberseguridad, AC. - AIPYC - México, Sursiendo, México, Fundación Karisma - Colombia, Africa Open Data and Internet Research Foundation (AODIRF), Organization of the Justice Campaign, Life campaign to abolish the death sentence in Kurdistan, Afia-Amani Grands-Lacs, YODET.