Órgano Judicial recibe $1.17 millones para contratar 180 trabajadores tras aprobación en Comisión de Presupuesto

Según Chen Stanziola, ambas obras cuentan con terrenos propios y buscan concentrar en un solo espacio físico las distintas dependencias judiciales. | Cedida
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  • 25/03/2026 06:45

La Comisión de Presupuesto aprobó dos traslados de partida para el Órgano Judicial, sumando $2.17 millones.

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó de manera unánime dos traslados de partida a favor del Órgano Judicial, destinados a fortalecer su capacidad operativa y avanzar en proyectos de infraestructura en el interior del país.

El primer traslado, por $1,174,500, permitirá la creación de 180 plazas dentro del renglón de personal transitorio. Estas posiciones estarán distribuidas en 130 trabajadores manuales y 50 ayudantes generales, quienes asumirán directamente las labores de limpieza en la institución.

Durante la sustentación, este 24 de marzo la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Chen Stanziola, explicó que esta medida busca sustituir la contratación de servicios tercerizados, lo que representará un ahorro aproximado del 25 %, además de mejorar la eficiencia operativa y el control de estas tareas.

Chen Stanziola detalló que los recursos provienen del objeto de gasto 165, correspondiente a servicios comerciales, originalmente destinados al pago de empresas externas.

En la presentación también participaron el magistrado vicepresidente Olmedo Arrocha y la secretaria administrativa del Órgano Judicial, Vielsa Ríos.

En una segunda aprobación, la comisión avaló otro traslado de $1,000,000 desde el presupuesto de funcionamiento hacia el de inversiones. Estos fondos serán utilizados para iniciar los trámites de licitación de dos proyectos: la construcción de la Unidad Judicial Regional de Veraguas, en Santiago, y la Unidad Judicial de Los Santos, en Las Tablas.

Según Chen Stanziola, ambas obras cuentan con terrenos propios y buscan concentrar en un solo espacio físico las distintas dependencias judiciales, lo que permitirá reducir costos operativos y logísticos, eliminar gastos por arrendamiento —que actualmente rondan los $2 millones anuales— y mejorar el acceso a los servicios de justicia para la población.