Panamá declara las tecnologías críticas como prioridad nacional
- 08/05/2026 17:22
En medio de una supuesta filtración masiva de datos, el Gobierno de Panamá crea una comisión estratégica para regular la IA y ciberseguridad mediante el Decreto Ejecutivo 36 de 2026
La crisis de ciberseguridad que mantiene en jaque a las plataformas digitales del Estado panameño ha forzado un giro estratégico en la política de seguridad nacional. Luego de que la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) admitiera vulnerabilidades críticas en una red de más de 500,000 dispositivos, el Ejecutivo oficializó un nuevo marco legal para proteger la infraestructura crítica del país. Mediante el Decreto Ejecutivo 36 del 7 de mayo de 2026, publicado en la Gaceta Oficial 30520 A, Panamá declara las tecnologías emergentes como áreas de seguridad nacional.
El reconocimiento de brechas que han expuesto historiales médicos y datos financieros en la ‘dark web’ coincide con la creación de la Comisión Nacional para Tecnologías Críticas y Emergentes. Este organismo, presidido por el Ministerio de la Presidencia, nace con la misión de identificar y gestionar riesgos proactivamente, buscando una “soberanía tecnológica” que reduzca la dependencia externa y fortalezca la protección de los ciudadanos.
La AIG ha señalado que la digitalización avanza más rápido que la capacidad de protección, un riesgo intrínseco que el nuevo decreto busca mitigar a través de una gobernanza interinstitucional. La Comisión integrará a los ministerios de Seguridad Pública, Economía y Finanzas, y a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), entre otros, para alinear la defensa del Estado con los estándares internacionales.
El Decreto Ejecutivo 36 de 2026 no solo se enfoca en la respuesta a incidentes, sino en la creación de capacidades locales para que Panamá pueda desarrollar sus propias herramientas de defensa. Esto incluye el impulso a sectores como la ciberseguridad, tecnologías cuánticas y semiconductores, considerados ahora como pilares estratégicos e indispensables para el bienestar social y la competitividad económica.
Como primer paso concreto para ordenar el ecosistema digital, se ha establecido la Subcomisión de Inteligencia Artificial. Esta instancia deberá presentar ante el Consejo de Gabinete una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial que promueva un uso ético, seguro y, sobre todo, inclusivo de esta tecnología.
La subcomisión agrupa a la academia, a través de la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá, y al sector privado representado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, asegurando que la regulación no detenga la innovación pero sí cierre las ventanas a las redes de extorsión y fraude.
Para dar cumplimiento a estos objetivos, el Estado facultó a las instituciones competentes para contratar consultorías y servicios especializados en sus planes operativos, conforme a la normativa de contrataciones públicas. Las prioridades financieras serán presentadas al Consejo de Gabinete para asegurar que la modernización tecnológica cuente con el respaldo presupuestario necesario.