Panamá proyecta elecciones de 2029 bajo nueva Constitución

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  • 30/04/2026 00:00

La propuesta contempla elección de constituyentes en 2027, referéndum en 2028 y nuevas reglas políticas a partir de 2029

Panamá ya comenzó a proyectar uno de los cambios políticos e institucionales más profundos de las últimas décadas: llegar a las elecciones generales de 2029 bajo una nueva Constitución. Aunque la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales Gobierno insiste en que se trata de un “calendario borrador” y no de fechas definitivas, las fases y proyecciones presentadas ante el Consejo de Gabinete revelan que se trabaja sobre una hoja de ruta para reemplazar la Carta Magna vigente desde 1972 y reorganizar las reglas bajo las cuales serán elegidas las próximas autoridades del país.

La exposición estuvo a cargo del coordinador ejecutivo de la Secretaría, Miguel Antonio Bernal, quien explicó que el proceso constituyente contempla cuatro grandes etapas: alfabetización constitucional, definición de requisitos para constituyentes, elección de la Asamblea Constituyente y finalmente un referéndum nacional que permitiría poner en vigencia una nueva Constitución a partir del 1 de enero de 2029.

Bernal insistió en varias ocasiones en que las fechas todavía forman parte de una propuesta preliminar. “Es un calendario borrador”, reiteró durante la conferencia, al señalar que los tiempos dependerán del nivel de participación ciudadana y de los consensos que se logren construir en los próximos años.

Aun así, el planteamiento deja ver una meta política sería que las elecciones generales de 2029 se desarrollen bajo nuevas reglas constitucionales. De concretarse el cronograma propuesto, Panamá enfrentaría una reorganización del sistema político antes del próximo quinquenio, con posibles cambios en la estructura del poder, la elección de autoridades y los mecanismos de participación ciudadana.

Durante la conferencia, Bernal dejó claro que el proceso busca ir más allá de reformas parciales. “La gente no quiere reformas, quiere cambios”.

Según el funcionario, entre las principales demandas ciudadanas aparecen la eliminación de la reelección inmediata, la revocatoria de mandato, cambios en la composición de la Asamblea Nacional, modificaciones en el sistema de elección de magistrados y mayores mecanismos de participación ciudadana. También mencionó reclamos vinculados con calidad de vida, educación y acceso al agua, temas que, según dijo, reflejan un agotamiento del modelo institucional actual.

El borrador presentado por la Secretaría proyecta que entre marzo y abril de 2027 se realice la elección de los constituyentes encargados de debatir y redactar el nuevo texto constitucional. Posteriormente, la Asamblea Constituyente sesionaría durante mayo y junio de ese mismo año.

Sin embargo, todavía existen interrogantes sobre cómo se escogerán esos representantes, cuántos serán y bajo qué reglas competirán. Bernal incluso cuestionó el actual Código Electoral, al afirmar que fue diseñado “para los partidos y no para los ciudadanos”, dejando entrever que el proceso constituyente podría apartarse de los mecanismos electorales tradicionales.

Dentro de las ideas que se discuten figuran restricciones para que funcionarios con mando y jurisdicción participen como candidatos constituyentes, así como requisitos éticos y morales más estrictos para aspirar al cargo. El objetivo, según la Secretaría, sería evitar que grupos políticos tradicionales controlen la constituyente.

La propuesta también contempla que, una vez redactada y aprobada la nueva Constitución, el texto sea difundido durante varios meses en todo el país antes de someterse a referéndum en 2028. La intención, según Bernal, es que la ciudadanía conozca el contenido antes de decidir si respalda o no el nuevo contrato social.
El funcionario insistió en que el proyecto no debe verse como una iniciativa exclusiva del Gobierno. “Esto no puede ser un proyecto de gobierno, sino un proyecto de ciudadanos”, sostuvo. También marcó distancia con el origen de la actual Constitución de 1972 al afirmar que el país no puede repetir una experiencia “impuesta”.