Panamá reorganiza los puertos Balboa y Cristóbal: nuevos contratos, nuevas reglas

Nuevos contratos, nuevos sistemas operativos, los mismos trabajadores. Los puertos panameños de Cristóbal y Balboa pasan a nueva administración, mientras el administrador anterior, Panama Ports, denuncia una toma de control ilegal por parte del Gobierno panameño.

Luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC), era cuestión de tiempo para que se ejecutara la transición. Los ejecutivos de PPC ya habían dejado el país semanas atrás y el lunes, cuando finalmente se publica en Gaceta Oficial, solo quedaba la jefa de Recursos Humanos.

El Gobierno Nacional había preparado un equipo, coordinado por el asesor presidencial Alberto Alemán Zubieta junto con representantes de distintas instituciones estatales como el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) y el Ministerio de la Presidencia, entre otras para hacer la transición lo más eficiente posible sin afectar el comercio portuario.

Esa preparación fue puesta a prueba el lunes. El Ministerio de la Presidencia emitió un decreto ejecutivo ordenando la “ocupación temporal por motivo de interés social urgente” de todos los bienes muebles dentro de los puertos. Esto incluía desde las grúas hasta el software en las computadoras.

El Poder Ejecutivo, en ejercicio de las atribuciones establecidas en la Constitución Nacional y con la finalidad de garantizar la continuidad de la operación portuaria, emitió un decreto de ocupación, una herramienta legítima que respeta la propiedad de los bienes.

“Que quede claro, esto no implica una expropiación de esos bienes, sino su utilización para garantizar la operación de los puertos hasta que se determine su real valor para las acciones que correspondan. En este sentido, la Autoridad Marítima de Panamá, en representación del Estado, propietario de ambos puertos, tomó posesión de dichas instalaciones con estricto apego al derecho panameño y en resguardo de los intereses nacionales, recordando que se trata de una actividad estratégica para nuestra economía y fundamental para el comercio mundial”, explicó el presidente de la República, José Raúl Mulino, durante un mensaje a la nación.

El Consejo de Gabinete celebró una reunión extraordinaria y se aprobó firmar los contratos con APMT y TIL Panama. La noche del lunes ya estaban publicados en Gaceta Oficial.

El ministro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, dio detalles de estos contratos en conferencia de prensa.

“El contrato establece lo que es un fee (pago) por la administración, operación, mantenimiento de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal. En el caso de Balboa tiene un fee administrativo escalonado. De 6 meses un monto de 1 millón 750 mil, los siguientes 6 meses un monto de 1 millón 500 mil y los últimos 6 meses 1 millón 100 mil. Eso totaliza, si no me falla la memoria totaliza 25.6 millones de dólares. En el caso de Cristóbal. Tiene también un escalonamiento que totaliza 16 millones de dólares”, detalló Icaza.

Respecto a los ingresos que recibirá el Estado panameño, Icaza señaló que hay un cargo por la concesión de cada uno de los puertos que tiene un canon de arrendamiento, además de un monto variable producto del excedente de los ingresos menos los egresos que entrará íntegramente a las arcas panameñas.

Además, se refirió a terrenos por los que PPC cobraba arrendamiento, que totalizaban unos 20 millones de dólares y que ahora quedan fuera del contrato.

“No está incluida esa área. Se delimitó en cada uno de los contratos nuevos única y exclusivamente lo que es el área relacionada a la terminal portuaria, tanto de Balboa como de Cristóbal. El área que estaba antes en esa concesión quedó fuera de esos contratos”, enfatizó.

El presidente Mulino aseguró que se garantizaría la seguridad laboral de los 7 mil trabajadores, tanto operativos como administrativos, que laboran en los puertos. La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, pasó el día reuniéndose con trabajadores en el puerto de Balboa respondiendo sus inquietudes y planea dirigirse mañana al puerto de Cristóbal en Colón.

El reto de mantener la operación portuaria de forma ininterrumpida es monumental. La AMP confirmó que se tumbó el sistema operativo que se estaba utilizando en los puertos y que se habilitarán nuevos sistemas, ya que cada una de las empresas maneja el suyo propio.

“Hay un plan de acción de hora tras hora de entrenamiento para que se dé esa continuidad en la operación de ambos. Es cuestión de horas. En el mismo turno entrenan a las personas, en sitio”, detalló Max Flores, director general de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares de la AMP.

La razón por la que se tumbaron los sistemas fue, de acuerdo a la AMP, para prevenir ataques cibernéticos.

A través de un comunicado, PPC condenó las acciones tomadas por el gobierno panameño calificándolas de ilegales.

“La toma de los puertos por parte del Estado panameño es un punto culminante de la campaña ilegal que el Estado inició hace un año dirigida contra PPC, sus inversionistas y su contrato de concesión. PPC objeta firmemente los pasos del gobierno para desarrollar y llevar adelante su toma ilegal sin transparencia ni coordinación. PPC ha enfatizado al Estado que no ha consentido ni consiente la toma de los puertos, ni el uso o control de los recursos o propiedad de PPC. La disrupción causada por el Estado genera serios riesgos en las terminales. Nada de esto ha sido comunicado ni coordinado con PPC ni con sus inversionistas. El Estado es responsable de cualquier y todo perjuicio o daño causado por sus propias acciones confiscatorias”, expresó la empresa en el comunicado.

Añade que PPC y sus inversionistas se reservan todos los derechos y recursos contra el Estado incluyendo arbitrajes internacionales y protecciones de inversión bajo tratados. “A pesar de esta situación de ilegalidad y disrupción, PPC continúa buscando soluciones a esta crisis creada por el Estado panameño”, concluye.

Mensaje del presidente Mulino

En su mensaje a la Nación, Mulino fue crítico del contrato que se mantuvo con años con PPC, que considera fue lesivo para los intereses nacionales.

“En este contrato, hoy inexistente, se sometió por décadas a todo un país, sin transparencia alguna, tanto en la debida información como en la documentación sensitiva y compleja que jamás estuvo en esta administración, en manos de la AMP, aun cuando hubo pedidos formales de información”, cuestionó Mulino. “Poco a poco, so pretexto de operar ambos puertos, se estructuró durante años un territorio autónomo en el que de poco sirvieron las autoridades, además jamás se atrevieron a fiscalizar o regular como era su deber”, sentenció.

Los contratos firmados son por un período de 18 meses, que servirán como una transición mientras se llama a una licitación en la que podrán participar múltiples empresas y se otorgará una concesión por un mayor plazo de tiempo, probablemente 20 años.

“Lo haremos con transparencia, con la humildad para no repetir los errores del pasado y con la convicción patriótica de que los intereses de Panamá deben estar siempre por encima de cualquier otro interés, garantizando transparencia, eficiencia, inversión, estabilidad jurídica y el mayor beneficio para nuestra República”, expresó Mulino en su discurso. “Todo lo actuado no fue en contra de nadie, sino en cumplimiento de la ley, del respeto al patrimonio del país y de los recursos para los panameños de hoy y del mañana”.