PCCP demanda decreto que expropia fincas en Isla Margarita

La expropiación extraordinaria de 41 fincas en Isla Margarita, provincia de Colón, ordenada por el Órgano Ejecutivo en octubre de 2025, quedó sujeta a dos procesos judiciales distintos ante la Corte Suprema de Justicia, tras acciones interpuestas por Panama Colon Container Port, Inc. (PCCP), antigua concesionaria del proyecto portuario en el área.

Por un lado, la empresa presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo No. 90 del 20 de octubre de 2025, acción que fue repartida al despacho de la magistrada Maribel Cornejo Batista en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. El recurso busca que se declaren inconstitucionales los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 del decreto que ordenó la expropiación de los terrenos por motivos de interés social urgente.

El expediente de inconstitucionalidad fue presentado el 29 de diciembre de 2025 por el abogado Alejandro Cossio Yanis, en representación legal de PCCP.

Por otro lado, la empresa interpuso una demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción, relacionada con actuaciones administrativas previas del Estado vinculadas al proyecto portuario y a la terminación del contrato de concesión.

Este segundo proceso fue presentado el 19 de diciembre de 2025 y asignado al despacho del entonces magistrado Cecilio Cedalise, de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Cedalise ejerció funciones hasta el 31 de diciembre de 2025, por lo que el expediente pasó al despacho de la magistrada Gisela Agurto, quien reemplazó a Cedalice.

Ambos procesos avanzan de forma independiente y serán tramitados en instancias distintas dentro del máximo tribunal.

El Decreto Ejecutivo No. 90 ordena la expropiación extraordinaria de 41 fincas ubicadas en Isla Margarita, corregimiento de Cristóbal, distrito y provincia de Colón, todas inscritas a nombre de Panama Colon Container Port, Inc. Las propiedades deben pasar a nombre de la Nación como parte de la estrategia estatal para el desarrollo del sector marítimo y portuario del Atlántico panameño.

El decreto autoriza al Ministerio Público a promover el proceso judicial para fijar la indemnización correspondiente y faculta al Ministerio de Seguridad Pública a garantizar el acceso y ocupación de los terrenos. La medida se sustenta en los artículos 48 y 51 de la Constitución Política, así como en la Ley 57 de 1946, la Ley 56 de 2008 y la Ley 20 de 2009.

Isla Margarita fue revertida a Panamá en 1979 tras la salida de las bases militares estadounidenses, en cumplimiento de los Tratados Torrijos-Carter. Posteriormente, los terrenos pasaron al dominio público y fueron adjudicados al Municipio de Colón, que autorizó procesos de segregación y desarrollo inmobiliario a partir de finales de la década de 1980.

Tras múltiples cambios de titularidad y fusiones societarias, Panama Colon Container Port, Inc. consolidó la propiedad de la mayoría de las fincas que ahora son objeto de expropiación.

En 2013, el Estado aprobó el Contrato de Concesión A-2017-12, que autorizó a la empresa a desarrollar una terminal de contenedores en Isla Margarita por un período de 20 años. El contrato fue modificado posteriormente mediante adendas aprobadas por ley.

Entre 2020 y 2024, la Autoridad Marítima de Panamá y la Contraloría General de la República documentaron incumplimientos contractuales, incluyendo fianzas y pólizas vencidas, atrasos en el cronograma de inversión y morosidades en el pago de cánones.

Según los registros oficiales, la empresa acumuló deudas superiores a 1.4 millones de dólares entre agosto de 2022 y enero de 2025. Además, no se inició la fase de construcción del proyecto, pese a las modificaciones contractuales que contemplaban inversiones superiores a 1,067 millones de dólares.

En abril de 2025, la Autoridad Marítima de Panamá resolvió dar por terminado el contrato de concesión, decisión que forma parte del contexto de los litigios actualmente en trámite.