Pelea política empuja reformas electorales a enero de 2027

La falta de consensos entre bancadas y los roces parlamentarios postergarán el segundo debate del Código Electoral hasta inicios de 2027. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
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  • 23/10/2026 00:00

La bancada oficialista de Realizando Metas se inclina por aplazar el debate del proyecto de ley 699, en medio de los enfrentamientos en la Asamblea Nacional y la controversia por las reglas electorales

La pelea política por las reformas electorales terminó por empujar su discusión hacia enero de 2027. En medio de los enfrentamientos entre diputados, los reproches en el pleno y las diferencias que salpicaron el trabajo de la Comisión de Presupuesto, la bancada oficialista de Realizando Metas (RM) apuesta por postergar el debate del proyecto de ley 699, que propone cambios al Código Electoral.

El diputado Alaín Cedeño confirmó que la mayoría de su bancada considera inconveniente discutir la iniciativa en este momento y prefiere trasladarla al próximo periodo legislativo. Aunque la Asamblea Nacional todavía debe formalizar una decisión, el mensaje del oficialismo apunta a que las reformas no avanzarán en lo que resta del actual periodo ordinario.

La demora también mantiene bajo atención a las agrupaciones que buscan constituirse en partidos políticos, entre ellas Vamos, vinculada al exdiputado Juan Diego Vásquez. La organización presentó una solicitud para avanzar en su reconocimiento como partido, por lo que el alcance de los cambios electorales y su eventual aplicación a los trámites en curso adquieren relevancia.

Sin embargo, el posible aplazamiento no demuestra por sí solo que Vamos resulte beneficiado o perjudicado. El efecto dependerá de las reglas que permanezcan vigentes y de la eventual aplicación de las modificaciones a las solicitudes que ya están en trámite.

En una entrevista con Radio Panamá, Cedeño reconoció que la mayoría de los diputados de RM favorece postergar la discusión de las reformas hasta el próximo año.

“Nosotros estamos evaluando qué hacer con el tema de la reforma, y la mayoría de nuestra bancada lo que piensa es que lo debemos dejar para el próximo año”, afirmó.

El diputado explicó que también conversó sobre el tema con la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, a quien planteó la conveniencia de retomar el debate en enero de 2027.

“Lo que yo más he conversado con ella es que eso no nos conviene en este momento y que eso lo debemos discutir en enero, cuando viene el próximo periodo legislativo”, manifestó.

El Proyecto de Ley 699 propone modificaciones clave en materia de acumulación de cargos públicos, límites al financiamiento privado y reglas para la libre postulación.

Cedeño indicó que la bancada oficialista todavía debe consultar con los diputados de oposición y definir los pasos legislativos antes de cerrar una posición. También recordó que el segundo debate permite a los 71 diputados presentar propuestas y discutir el contenido de la iniciativa.

El diputado pidió no interpretar las diferencias como un conflicto de mayores dimensiones. No obstante, los enfrentamientos en el pleno y las críticas entre legisladores colocaron las reformas electorales en el centro de la disputa política.

El miércoles 21 de octubre, las diferencias provocaron nuevos cuestionamientos en la Asamblea Nacional. Durante el periodo de incidencias, el primer vicepresidente del Legislativo, Manuel Cohen, pidió disculpas al país por el enfrentamiento registrado en el pleno.

Por su parte, el diputado José Pérez Barboni denunció que las pugnas políticas también afectaron el trabajo de la Comisión de Presupuesto, lo que amplió las críticas sobre el alcance de la confrontación legislativa.

Cohen explico que la comparecencia de los magistrados del Tribunal Electoral al pleno el pasado lunes era para una cortesía de sala para explicar si las reformas se podían atrasar para enero.

El Tribunal Electoral, sin embargo, aclaró que sus magistrados no solicitaron esa cortesía. En un comunicado, explicó que su presencia en el hemiciclo durante la sesión del lunes 19 de octubre respondió a una convocatoria de la Asamblea para discutir el inicio del segundo debate del proyecto.

La institución también precisó que decidir si las reformas se discuten durante el periodo actual o en enero de 2027 corresponde exclusivamente a la Asamblea Nacional, conforme a las disposiciones constitucionales y legales.

El organismo recordó que remitió oportunamente el proyecto de modificaciones al Código Electoral. Con esta aclaración, dejó en manos de los diputados la responsabilidad de definir el calendario y el futuro de la iniciativa.

Asamblea frena las reformas electorales hasta 2027 tras días de tensión en el pleno.

Los cambios que siguen en disputa

El proyecto de ley 699 propone modificaciones en asuntos que van desde la acumulación de cargos de elección popular hasta el financiamiento privado de las campañas y la elección de las directivas partidarias.

Uno de los cambios de mayor alcance aparece en la propuesta de modificación del artículo 73. La iniciativa plantea que una persona elegida para dos cargos de elección popular conserve la titularidad de ambos durante el periodo constitucional, aunque solo ejerza uno a la vez.

Según el texto propuesto, el funcionario tendría cinco días hábiles después de su proclamación para informar al Tribunal Electoral cuál de los cargos ejercerá inicialmente. Respecto del otro, podría acogerse a una licencia sin sueldo por un periodo no menor de un año.

Durante esa licencia, el suplente asumiría las funciones correspondientes y recibiría la remuneración del cargo. La propuesta también permitiría prorrogar la licencia o solicitar la reincorporación al puesto que se dejó temporalmente, siempre que el titular solicite simultáneamente una licencia sin sueldo en el cargo que venía ejerciendo.

El texto establece que no se podrían ejercer ambos cargos al mismo tiempo ni cobrar las remuneraciones de los dos. Además, asigna al Tribunal Electoral la reglamentación de los procedimientos para registrar y hacer públicas las licencias y reincorporaciones.

Otro punto central es el financiamiento electoral. La modificación propuesta para el artículo 50 permitiría a las candidaturas a la Presidencia de la República, el Parlamento Centroamericano, la Asamblea Nacional, las alcaldías, las representaciones de corregimiento y las concejalías utilizar financiamiento privado hasta por un 30% del tope establecido, según las categorías contempladas en el proyecto.

La iniciativa también plantea cambios en las elecciones internas de los partidos. Propone elegir sus directivas y órganos colegiados mediante nóminas completas, cerradas y bloqueadas, con alternancia de género. Además, incorpora el principio mayoritario: la nómina con más votos válidos recibiría la totalidad de los cargos.

El pleno de la Asamblea Nacional de Panamá, escenario de fuertes enfrentamientos políticos y pugnas que llevaron a suspender temporalmente el debate del proyecto de ley 699.

En materia de paridad, el texto mantiene mecanismos partidarios para garantizar una participación de 50% de hombres y 50% de mujeres en los procesos internos, las primarias y otros métodos de selección de candidatos.

Las reglas para la libre postulación también figuran entre las modificaciones. Para determinados cargos, el proyecto plantea que las tres nóminas con más firmas válidas queden postuladas, siempre que cada una alcance al menos el 3% de los votos válidos emitidos en la última elección para el cargo y la circunscripción correspondiente.

Enero marcará el próximo capítulo

El posible traslado del debate a enero de 2027 deja en suspenso una reforma que toca las reglas de competencia electoral y la organización de los partidos políticos.

Mientras el oficialismo busca postergar la discusión, el Tribunal Electoral insiste en que el calendario depende de los diputados. Las agrupaciones que aspiran a ingresar al sistema de partidos, por su parte, siguen atentas a los cambios que puedan afectar sus procesos.

Por ahora, la posición expresada por Cedeño apunta a enero como el momento para retomar la discusión. La decisión formal corresponde a la Asamblea Nacional, que deberá definir cuándo continúa el segundo debate y qué modificaciones sobreviven a la confrontación política.