Persisten brechas críticas en mujer, niñez y acceso al agua

El informe anual de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo reconoce avances en programas institucionales, pero advierte sobre la persistencia de brechas significativas en la protección de poblaciones vulnerables y el acceso a servicios esenciales en todo el país.

Entre los puntos críticos del documento se encuentran los de las mujeres. El informe fue presentado por el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, quien advirtió que la realidad de la violencia contra la mujer sigue siendo alarmante, a pesar de los marcos legales existentes.

“Panamá tiene avances normativos, pero la realidad demuestra que todavía no estamos protegiendo suficientemente a las mujeres. Los femicidios, la violencia física y sexual, la atención tardía y la violencia digital, siguen poniendo vidas en riesgo”, afirmó Leblanc.

La Defensoría del Pueblo exige fortalecer la coordinación interinstitucional y garantizar presupuestos específicos para la protección.

Leblanc también se refirió a la propuesta de eliminar el Ministerio de la Mujer y revivir el Instituto Nacional de la Mujer bajo el paraguas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Comentó que no es importante si es ministerio o instituto, sino que se le otorgue el presupuesto adecuado para la ejecución de políticas claras en favor de la mujer.

Reflexionó sobre que es necesario hacer un “mea culpa” como país para entender por qué la institución ha quedado con baja aceptación, y trabajar para que las mujeres tengan el sitial que merecen.

Sobre el Mides, el defensor hizo un llamado a la entidad a regular y verificar a quiénes se les otorgan licencias para operar o administrar los subsidios de los adultos mayores, ante la alza de casos de violencia no solo de familiares, sino en lugares de cuidado (homes)

Otro de los aspectos que subraya el informe es el desafío persistente para garantizar el acceso a servicios básicos y la seguridad de los menores. Se registraron casos de acoso escolar, infraestructura inadecuada y limitaciones en los sistemas de protección.

El defensor Leblanc manifestó su complacencia por la reforma de la ley sobre la Alerta Amber, pero señala que no funciona como debería al no obligar a las empresas telefónicas a emitir el aviso de desaparición de forma automática y masiva en todos los dispositivos conectados a sus redes, como se hace en otros países.

Recordó que actualmente, las alertas se realizan a través de Instagram y redes sociales, lo cual considera que no es el método adecuado.

“La Alerta Amber debe ser inmediata, nacional y gratuita. La vida de un menor no admite trámites lentos ni barreras tecnológicas”, advirtió el defensor, quien instó a las empresas telefónicas y a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) a realizar los ajustes necesarios.

Exhortó a la Asamblea Legislativa a estudiar la norma y el derecho comparado, como en los de Estados Unidos para obligar a las telefónicas a implementar el sistema sin costo para el Estado.

Leblanc destacó la importancia de que la implementación se realice respetando el derecho a la intimidad y la no exposición de bases de datos.

En materia ambiental se reconocieron iniciativas de gestión de residuos y adaptación climática, aunque se las calificó de insuficientes.

“El país aún tiene vertederos en condiciones críticas que requieren intervención inmediata”, indicó Leblanc, reiterando la importancia de cumplir con los estándares del Acuerdo de Escazú.

Mencionó que persisten las brechas en el acceso equitativo, especialmente en zonas rurales y comarcales, debido a interrupciones prolongadas e infraestructura obsoleta.

La Defensoría del Pueblo pide una planificación más sólida y sostenida.

Leblanc hizo referencia a la necesidad de abordar la discriminación en la comunidad LGBTIQ+, tanto en puestos de trabajo, en la sociedad y en las escuelas.

Recomendó trabajar a través del observatorio en temas de discriminación y superar normas discriminatorias (ej. reglamentos de bomberos, Policía Nacional, y para la donación de sangre).

A pesar de los esfuerzos recientes para mejorar el abastecimiento de medicamentos, el informe señala que la fragmentación institucional sigue impactando negativamente a la población.

“Panamá necesita un sistema de salud articulado, con una ruta unificada de atención y abastecimiento. La población sigue sintiendo las demoras, pero ya se están dando pasos importantes,” expresó el defensor.