Policía Nacional reconoce que mantiene “agentes encubiertos” en organizaciones populares en Panamá
- 10/09/2026 22:32
El pronunciamiento tiene lugar luego de que sindicatos y gremios presentaran una denuncia criminal sobre lo que describen como una red ilegal de vigilancia policial
En un comunicado publicado la noche de este jueves 10 de septiembre, la Policía Nacional confirmó que unidades de la institución estarían realizando funciones de “agentes encubiertos” al interior de sindicatos y organizaciones populares.
“No tenemos infiltrados, sino agentes encubiertos para el bien de operaciones que derivan en mantener el orden y la seguridad nacional”, señaló la entidad, que asegura que estas acciones tienen lugar “dentro del marco de la ley”.
El pronunciamiento surge como respuesta a las denuncias realizadas el pasado lunes 7 de septiembre, cuando dirigentes de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, junto con diversos grupos defensores de los derechos humanos y docentes, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público (MP) contra el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, y otras unidades de la fuerza pública. En la acción señalaban un supuesto “espionaje ilegal” contra distintas organizaciones sociales.
De acuerdo con las organizaciones que presentaron la denuncia, el seguimiento no sería producto de acciones aisladas, sino de una estructura que involucraría a por lo menos una veintena de unidades de la fuerza pública. Según su versión, estas habrían monitoreado de manera sistemática a colectivos vinculados con las protestas contra la mina de Donoso, el proyecto de Río Indio y el Memorándum de Entendimiento suscrito con Estados Unidos en 2025. Parte de ese trabajo, sostienen, habría estado coordinado desde la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP), donde, afirman, operarían agentes desplegados dentro de la fuerza pública para realizar labores de “infiltración”.
En el comunicado, la entidad detalla que sus acciones estarían “alineadas con objetivos específicos, respetando los derechos humanos y el derecho ciudadano a manifestarse sin afectar a terceros”.
En la denuncia, que está a la espera de la admisión o no por parte del Ministerio Público, también se señala la presencia de agentes policiales entre organizaciones indígenas en Panamá Este, así como en espacios vinculados con sindicatos y colectivos de derechos humanos y ambientales en diferentes puntos del país. Los abogados de la Alianza Pueblo Unido por la Vida sostienen que algunos de estos funcionarios habrían asumido identidades un rol de activistas con el propósito de obtener información sobre las organizaciones y sus integrantes. Según lo expuesto ante el MP, estas labores de seguimiento se habrían efectuado sin contar con una orden judicial
“La mayoría de los funcionarios que fueron expuestos en redes forman parte desde el 2025 de diversas investigaciones y diligencias de allanamientos por parte del Ministerio Público a estos grupos. En ese sentido, la información personal de los funcionarios reposa en expedientes de procesos judiciales y merece una protección por su seguridad personal”, dijo la Policía, en relación con las acusaciones de que parte de la información recogida formaría parte de mecanismos para encausar legalmente a dirigentes sociales, algo que la entidad niega.
La denuncia criminal identifica además del director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, al subcomisionado Julio Cedeño, director de la DNIP, y a otros 23 miembros de la institución, entre sargentos, cabos, agentes y un mayor que, según las organizaciones denunciantes, estaría al frente del “Departamento de Orden Público”, vinculado a la DNIP. Como parte de los elementos aportados a la Fiscalía, las organizaciones también entregaron fotografías en las que aparecen personas que identifican como unidades policiales en actividades de las organizaciones.
La polémica aparece en un momento de particular tensión en el país. Dos megaproyectos de gran envergadura concentran parte de la discusión pública: por un lado, la posibilidad de reabrir o no la mina de Donoso, cuyo futuro, según adelantó el ministro de Comercio, Julio Moltó, deberá dilucidarse a finales de 2026; por otro, la eventual construcción de un embalse en la región de Río Indio para abastecer con más agua la cuenca del Canal.
Ambos proyectos, que han generado posiciones encontradas, enfrentan la oposición de estas y otras organizaciones sociales, que advierten sobre posibles afectaciones en las comunidades y daños ecológicos.