‘Preocupación profunda’: abogados independientes cuestionan actuación del Gobierno
- 26/05/2025 10:32
El grupo advirtió que el uso del derecho penal como herramienta para reprimir la protesta social representa una amenaza grave a la libertad de expresión. Un grupo de abogados independientes expresó su “preocupación” ante la crisis social y política que atraviesa el país y denunció una supuesta creciente represión estatal frente a las protestas.
Asimismo, el pronunciamiento advirtió que el uso del derecho penal como herramienta para reprimir la protesta social representa una amenaza grave a la libertad de expresión y a las garantías democráticas, haciendo un llamado al presidente de la República a respetar estos derechos y a no fomentar un clima de violencia y exclusión.
En un comunicado titulado Pronunciamiento al país: Estado constitucional de derecho y garantías fundamentales el grupo recordó que la democracia debe atender las necesidades sociales, económicas, políticas y culturales de la población.
No obstante, advirtió que la situación actual refleja una ruptura con esos principios debido “a la corrupción, el desempleo y la inseguridad”.
Este grupo de juristas criticó la aplicación de leyes como la No. 462 de la Caja de Seguro Social y rechazó la represión contra ciudadanos que ejercen su derecho a la protesta, incluyendo estudiantes, docentes e indígenas.
“La protesta social no puede tratarse como delito. Es un derecho consagrado por la Constitución y el sistema interamericano de derechos humanos”, indicó el comunicado.
Además, se condenan los ataques a mujeres indígenas, adultos mayores y docentes.
Un grupo de abogados independientes expresó su “preocupación” ante la crisis social y política que atraviesa el país y denunció una supuesta creciente represión estatal frente a las protestas.
Asimismo, el pronunciamiento advirtió que el uso del derecho penal como herramienta para reprimir la protesta social representa una amenaza grave a la libertad de expresión y a las garantías democráticas, haciendo un llamado al presidente de la República a respetar estos derechos y a no fomentar un clima de violencia y exclusión.
En un comunicado titulado Pronunciamiento al país: Estado constitucional de derecho y garantías fundamentales el grupo recordó que la democracia debe atender las necesidades sociales, económicas, políticas y culturales de la población.
No obstante, advirtió que la situación actual refleja una ruptura con esos principios debido “a la corrupción, el desempleo y la inseguridad”.
Este grupo de juristas criticó la aplicación de leyes como la No. 462 de la Caja de Seguro Social y rechazó la represión contra ciudadanos que ejercen su derecho a la protesta, incluyendo estudiantes, docentes e indígenas.
“La protesta social no puede tratarse como delito. Es un derecho consagrado por la Constitución y el sistema interamericano de derechos humanos”, indicó el comunicado.
Además, se condenan los ataques a mujeres indígenas, adultos mayores y docentes.