Presencia de reos en Isla Coiba compromete economía local, turismo e investigación académica

La decisión del Gobierno de trasladar 29 reos de alta peligrosidad a la Isla de Coiba, no solo pone en riesgo su estatus de patrimonio de la humanidad ante la Unesco y evidencia el fracaso del sistema penitenciario actual, sino que también representa una amenaza para la economía de varias cercanas cuyos residentes temen revivir episodios oscuros de la historia.

Itzel Rodríguez, presidenta de la Cámara de Turismo de Mariato, estima que en temporada alta unas 200 personas visitan Coiba todos los días. Los visitantes contratan lancheros y guías turísticos, comen en restaurantes, aportan y dinamizan la economía local.

“Gran parte de los turistas que llegan a Coiba lo hacen a través de Santa Catalina, pero también otros salen de Mariato y ellos van por la biodiversidad que tiene y porque ya el parque se conoce a nivel internacional”, destacó Rodríguez. “Entonces las comunidades locales están organizadas muy bien y capacitadas, ellos hacen limpieza de playa, cuidan de hacer una pesca responsable porque saben que todo lo que pasa acá cerca de la tierra repercute en el Parque Nacional Coiba. La gente cuida tanto a Coiba para que no vuelva a ser ese cuartel que hubo tantos años y que trajo también tantas malas historias y tantas cosas que nadie quiere repetir”, enfatizó.

Coiba fue una isla penal desde 1919 hasta 2004. Los residentes del área cuentan cómo había presos que eran arrojados al mar por las autoridades, o quiénes se escapan de la isla y aparecían en comunidades cercanas. Los residentes vivieron por casi un siglo con miedo y ansiedad de encontrarse a un convicto peligroso en el patio de sus casas.

El regreso de reos trae de vuelta ese miedo y ansiedad. Es un escenario en el que hablar de turismo se vuelve imposible.

“Coiba hoy en día es uno de los lugares más promocionados a nivel internacional y poner estos riesgos, estos reclusos de alto riesgo, de alta peligrosidad, es una actividad incompatible con el turismo”, apuntó Rodrigo Báez, de la Cámara de Turismo de Veraguas.

La movida, anunciada por el Ministerio de Seguridad durante el fin de semana, tomó por sorpresa incluso al propio gobierno. El Ministerio de Ambiente emitió un comunicado señalando que desconocía del traslado “por tratarse de temas de seguridad nacional”. Es casi seguro que la Autoridad de Turismo de Panamá, que recientemente colocó pantallas promocionando a Coiba en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, conociera tampoco del traslado de reos.

Los locales y los turistas no son los únicos afectados. En Isla Ranchería, dentro del Parque Nacional Coiba, está una estación de campo del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, el cual opera en conjunto con la Estación Científica Coiba-AIP y el Centro de Capacitación, Investigación y Monitoreo de la Biodiversidad en el Parque Nacional Coiba y su zona de influencia de la Universidad de Panamá. Actualmente, los investigadores, entre ellos estudiantes se adentran solos o en grupos pequeños a hacer su trabajo de campo, pero eso puede cambiar si hay incertidumbre por la presencia de reos de alta peligrosidad. “No creo que las universidades van a arriesgarse a enviar los estudiantes a la isla para hacer sus investigaciones”, lamentó la presidenta de la Cámara de Turismo de Mariato.

Otro punto a considerar es que Panamá recibe fondos y asesoría técnica para la preservación de Coiba, para lo cual ha suscrito múltiples convenios a lo largo de los años. La continuidad de estos acuerdos de colaboración ahora podría quedar en tela de duda.

La Estrella de Panamá pudo conocer que este martes se reunirán alcaldes de distintos distritos de Veraguas para unificar posiciones y decidir que acciones tomar.

La comunicación oficial anunciando el traslado de los 29 privados de libertad al “centro penitenciario ubicado en la estación aeronaval de la isla Coiba” se dio el sábado 13 de junio por parte del Ministerio de Seguridad.

Al conocerse el hecho, el diario La Prensa reveló una carta con fecha del 10 de junio dónde el ministro de Ambiente compartía su oposición a la reapertura de un centro penitenciario en Coiba. Pero MiAmbiente respondió con un comunicado propio el domingo tratando de justificar su posición.

“La carta de MiAmbiente del pasado 10 de junio de 2026, publicada por terceros en el día de hoy, se dio en referencia a la posibilidad de transformar Isla Coiba en un Centro Penitenciario Permanente con nuevas edificaciones e instalaciones de seguridad, lo cual no es viable por razones legales, ambientales y de protección del Patrimonio de la Humanidad”, detalla el comunicado.

El argumento de MiAmbiente es que la condición de patrimonio no está en riesgo porque los presos se mantendrán recluidos en las instalaciones del Servicio Nacional Aeronaval y que no se construirán nuevas.

Lo cierto es que el Ministerio de Seguridad llama al sitio un centro penitenciario y que, al menos por el momento, no se ha comunicado por cuánto tiempo estarán los presos en el lugar, si es una medida temporal o permanente.

Crear centros de detención para criminales de alto perfil no es una idea nueva. En el gobierno del entonces presidente Ricardo Martinelli se inauguró el Complejo Penitenciario La Nueva Joya con un costo de más de 150 millones de dólares que tenía un ala expresamente planeada para criminales de alta peligrosidad.

Luego, en el gobierno de Juan Carlos Varela se inauguró Punta Coco, también con el argumento de tener un sitio para criminales de alto perfil. En ese caso, lo que existía eran instalaciones del Senan en el sitio.

Ahora, el gobierno vuelve a esgrimir el mismo argumento denunciando la fragilidad del Sistema Penitenciario.

“Esta medida se produce en el marco de la vulnerabilidad que presenta el centro de detención de Punta Coco, desde donde se estarían coordinando actividades ilícitas afectando a ciudadanos panameños,” justificó el Ministerio de Seguridad en su comunicado del sábado.