Presidente Mulino objeta ley de resocialización por fallas legales y fiscales

El presidente de la República, José Raúl Mulino, decidió objetar parcialmente el proyecto de ley No. 153, presentado por el diputado Luis Eduardo Camacho, miembro del partido oficialista Alianza, que buscaba crear un Programa de Incentivos y Oportunidades de Empleo para personas resocializadas, al considerar que la iniciativa, aunque socialmente loable, presenta serios problemas de diseño institucional y riesgos fiscales que la hacen incompatible con el ordenamiento jurídico vigente.

La decisión presidencial, sustentada en un extenso análisis jurídico y técnico remitido a la Asamblea Nacional, en noviembre pasado, se produce en un contexto en el que Mulino ha insistido en la necesidad de poner orden en el Estado, evitar duplicidades administrativas y frenar leyes que, a su juicio, se aprueban sin el debido rigor técnico ni evaluación de impacto.

En su nota al Legislativo, el mandatario advierte que no se pueden seguir aprobando iniciativas “sin claridad institucional ni sustento técnico”.

Un proyecto con fin social, pero con fallas estructurales

En su comunicación al Órgano Legislativo, el mandatario reconoce que el objetivo del proyecto —facilitar la reinserción social y laboral de personas resocializadas y en riesgo social— es constitucionalmente válido y responde a principios como el derecho al trabajo, la igualdad ante la ley y la protección de grupos vulnerables.

Sin embargo, advierte que el mecanismo propuesto para ejecutar ese programa crea conflictos directos con la legislación vigente, particularmente con la Ley 55 de 2003, que reorganiza el Sistema Penitenciario y asigna de forma exclusiva al Ministerio de Gobierno la responsabilidad sobre la política penitenciaria, los procesos de resocialización y la reinserción pospenitenciaria.

Para el Ejecutivo, el proyecto “crea un sistema paralelo y contradictorio” al marco legal vigente.

El proyecto de ley No. 153 otorgaba al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) funciones clave como la certificación de la condición de persona resocializada, la administración del programa y la recomendación para la contratación laboral de los beneficiarios.

Para el Ejecutivo, esta estructura genera un sistema paralelo que invade competencias ya definidas por ley, sin que exista una reforma expresa al marco legal que rige el sistema penitenciario.

Riesgo de duplicidad y confusión institucional

Mulino sostiene que permitir que dos ministerios intervengan de manera decisiva en un mismo proceso —resocialización y reinserción—no solo genera confusión funcional, sino también inseguridad jurídica.

En su análisis, advierte que esta duplicidad “genera confusión funcional, inseguridad jurídica y una invasión de competencias”, al no quedar claro cuál entidad tiene la autoridad técnica final para certificar, supervisar y dar seguimiento a las personas beneficiarias.

El documento presidencial respalda esta posición con criterios emitidos por el propio Ministerio de Gobierno, que recordó que la certificación de resocialización debe incluir evaluaciones técnicas y seguimiento psicosocial a cargo de unidades especializadas ya existentes, creadas precisamente para acompañar a las personas liberadas en su proceso de reintegración social y laboral.

Desde la óptica del Ejecutivo, aprobar el proyecto sin corregir estas inconsistencias habría significado debilitar la institucionalidad y fragmentar una política pública sensible, en lugar de fortalecerla.

El componente fiscal: el principal punto de quiebre

Más allá del debate institucional, el veto parcial se sustenta con especial énfasis en el impacto fiscal del proyecto. Los artículos objetados establecían deducciones y créditos fiscales de hasta el 100 % del salario pagado a personas resocializadas contratadas por empresas privadas, beneficios que se extenderían por varios años.

Según el análisis del Ejecutivo, estas disposiciones implican una reducción significativa de los ingresos tributarios del Estado sin que el proyecto contemple fuentes alternas de financiamiento ni mecanismos de compensación. El documento advierte que ello “contraviene de forma directa el principio de equilibrio presupuestario”, protegido por los artículos No. 276 y 278 de la Constitución.

El presidente advierte además que el proyecto no fija topes claros ni delimita con precisión si los incentivos operan como deducciones o como créditos fiscales, lo que podría abrir espacios para abusos, afectar la equidad tributaria y comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Falta de evaluación económica y advertencia a la Asamblea

El análisis también revela que el Ministerio de Economía y Finanzas no fue consultado oportunamente sobre el impacto económico del proyecto, pese a que la ley exige una evaluación previa para cualquier iniciativa que afecte la recaudación fiscal.

Según el Ejecutivo, la solicitud de evaluación “no fue enviada en tiempo oportuno”, cuando el proyecto ya avanzaba hacia su tercer debate.

De acuerdo con el Ejecutivo, el proyecto fue remitido al MEF cuando ya se encontraba en etapa avanzada de discusión legislativa, una práctica que Mulino considera incompatible con un proceso serio de formulación de políticas públicas.

Este señalamiento constituye, en la práctica, una advertencia directa a la Asamblea Nacional sobre la necesidad de reforzar el análisis técnico y financiero de las leyes que aprueba, especialmente aquellas que crean incentivos fiscales o comprometen recursos del Estado.

En ese sentido, el veto no representa un rechazo al concepto de resocialización ni a la inserción laboral de personas que han cumplido condena, sino una exigencia de que las políticas públicas se diseñen con claridad institucional, respaldo técnico y responsabilidad fiscal.

El mensaje del presidente es claro: “las buenas intenciones no son suficientes si no van acompañadas de orden legal, coordinación entre instituciones y una evaluación real de su impacto económico”. En ese equilibrio, sostiene Mulino, “se juega la credibilidad del Estado y la eficacia de sus políticas sociales”.