Presupuesto 2026, a la espera de la sanción del presidente Mulino

El proyecto de ley 293, que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, por un monto de $34.901 millones, fue aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional con 58 votos a favor y diez en contra.

Solamente tres diputados participaron en la discusión de conveniencias e inconveniencias del proyecto de ley, en donde destacaron su apoyo al proyecto, como fue el caso de Jaime Domingo Díaz y Victor Castillo.

Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos, destacó en su participación que le hubiera gustado realizar otras modificaciones como la eliminación de teléfonos celulares y seguros privados costeados dentro del presupuesto para los funcionarios del estado, sin embargo, estos cambios no properaron.

El presupuesto aprobado para 2026 representa un aumento frente a los $32.754 millones asignados en 2025, y contempla recursos para funcionamiento, inversión pública y servicio de la deuda.

Durante los debates en el pleno del proyecto de ley, varios diputados expresaron inquietudes por la alta proporción del gasto destinada al pago de la deuda pública y por la limitación de fondos para proyectos sociales.

Esto mismo también fue una preocupación en el primer debate, por lo que las recomendaciones de la Comisión de Presupuesto fueron enfocadas a destinar más fondos del Estado en diversos sectores como educación, salud y el agro, entre otros.

En el pleno el diputado Augusto Palacios cuestionó que se recorten recursos para hospitales como el Materno Infantil José Domingo De Obaldía, mientras que Benicio Robinson Jr. mencionó la paralización de obras como el Mercado Público de Changuinola. Ambos coincidieron en que la carga de la deuda afecta las inversiones sociales.

Ante estos señalamientos, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reiteró que el presupuesto fue diseñado para mantener la disciplina fiscal y garantizar la sostenibilidad económica.

Por su parte, los diputados Grace Hernández y José Pérez Barboni centraron sus intervenciones en la recaudación de impuestos y la necesidad de mejorar la eficiencia tributaria.

El Presupuesto 2026 contempla un programa de inversiones por $11.188 millones y proyecta una reducción del déficit fiscal del 4.0% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025 al 3.5% en 2026, en cumplimiento con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

Por otro lado, en el segundo debate se avalaron modificaciones clave a los artículos 277, 298 y 367 de la ley.

El artículo 277 ahora establece que los ingresos generados por entidades públicas deben incorporarse íntegramente al Presupuesto General, evitando manejo discrecional de recursos y mejorando la trazabilidad del gasto público.

Queda prohibido usar estos fondos para planillas, contratos o alquileres sin autorización del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), excepto para universidades, escuelas y asociaciones locales de padres de familia, docentes o comités de salud.

Además, instituciones científicas y tecnológicas deberán reportar activos y gastos al cierre de cada ejercicio fiscal.

El artículo 298 señala que se regulará la contratación de consultorías conforme a la Ley de Contrataciones Públicas, con certificación previa del MEF sobre disponibilidad de fondos. Los pagos se harán parcialmente contra informes de avance, y el desembolso final solo se autorizará tras aprobación del producto entregado.

Los gastos y resultados deben publicarse mensualmente en formato de datos abiertos, y el presupuesto anual para consultorías no podrá superar el 4% del presupuesto institucional, salvo autorización expresa del MEF.

Mientras que el artículo 367 destaca que se exceptúa a Metro de Panamá, IDAAN, ETESA, Tocumen S.A. y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario de ciertos procedimientos de la Ley de Contrataciones Públicas en casos de urgencia notoria, cuando el monto sea inferior a $500.000.

Cada entidad deberá aprobar un reglamento especial publicado en Gaceta Oficial.

Tras la aprobación en tercer debate del Presupuesto del Estado, se espera la próxima sanción por el Órgano Ejecutivo y entrada en vigencia el 1 de enero del próximo año.