Primer día de interrogatorio a testigos en juicio Odebrecht

Este martes 27 de enero se presentaron los primeros dos testigos en el juicio Odebrecht. Se trató de Yara Campo, directora ejecutiva institucional del Tribunal Electoral y Gabriel Alvarado Far, empresario y presunto testaferro utilizado para triangular dinero con la Banca Privada de Andorra (BPA).

Campo fue llamada para explicar qué establecía la regulación electoral sobre el manejo de donaciones, especialmente para la campaña electoral de 2009-2014.

En esa época la regulación era mucho más laxa que la actual. No había tope a las donaciones, no se excluía a contratistas del Estado y había un velo de confidencialidad que protegía la identidad de los donantes.

Especificó que hay cuatro cosas que estaban prohibidas: las donaciones anónimas, donaciones de otros gobiernos o fundaciones extranjeras, donaciones de empresas en las que el Estado panameño fuera accionista, y donaciones de personas jurídicas que no tuvieran una actividad económica en Panamá.

Este último punto podría ser determinante, ya que muchas de las donaciones de Odebrecht llegaron a través de otras sociedades que podrían no tener una actividad económica real dentro del país.

Las preguntas de los abogados defensores dejaron entrever su línea argumental, ni Ricardo Martinelli, ni Carlos Dubois, ni Jaime Lasso, ni los partidos políticos de Cambio Democrático y Partido Panameñista fueron investigados en su momento por las donaciones. Además, de acuerdo al testimonio de la testigo si se violaron alguna de las prohibiciones se consideraría solo una falta, con una sanción máxima de 25 mil dólares.

“Si la actividad económica era realizada en Panamá, la donación era lícita”, manifestó Campo respondiendo una pregunta de la abogada defensora Alma Cortés.

El desafío para el Ministerio Público será demostrar que no se trata de una simple falta electoral, sino que forma parte de un esquema de blanqueo de capitales mediante el cual la empresa constructora Odebrecht habría buscado el favor político a través de sobornos.

“La testigo fue clara en establecer que un tema son las faltas electorales, que se verifican a nivel administrativo, y otra cosa es la conducta penal”, apuntó la fiscal Ruth Morcillo. “Así es que esos son argumentos de defensa, esa es la teoría de defensa, que ellos tendrán que abonar y explotar en acto de audiencia. Nosotros seguimos insistiendo que es una conducta penal y es blanqueo de capital”, afirmó.

El otro testigo que se presentó al juicio fue Gabriel Alvarado Far. Durante el interrogatorio, Alvarado detalló su relación con la sociedad Mengil International Limited, en la que formaba parte como apoderado. Contó que la sociedad fue conformada en 2013 con el objetivo de “armar un negocio para la compra y venta de combustible”. Esta sociedad registrada en Belice fue utilizada para la apertura de una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA) dónde fueron transferidos millones de dólares que presuntamente habrían terminado beneficiando a los hermanos Ricardo y Luis Martinelli Linares.

Sin embargo, el caso de los hermanos Martinelli Linares está en manos de la Corte Suprema de Justicia debido a que son miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen), por lo que no se entró en detalles sobre el tema, solo estableciendo la existencia de la sociedad Mengil, la cuenta y la intención de firmar un contrato con la empresa Aeon Group por 12 millones de dólares.

De acuerdo a Alvarado, no tuvo acceso a los fondos, ni movimientos de esta cuenta. Asegura que se le acercaron por su perfil empresarial y manifestó no conocer los nombres de los otros directivos en la sociedad. Eso no le impidió firmar los documentos que le presentaron, incluso varios en un idioma que no conocía.

El juicio Odebrecht continúa este miércoles a las 8.30 de la mañana. Los testigos agendados para testificar son Olmedo Méndez, Mauricio Cort y Antonio Lim.

Olmedo Méndez llegó a un acuerdo de pena en 2017 con el Ministerio Público, tras lo que confesó haber recibido coimas, sirviendo de intermediario para que llegaran los sobornos al entonces ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima.

Mauricio Cort es un abogado que también llegó a un acuerdo de pena con la Fiscalía. Fue condenado a 48 meses de prisión que fueron reemplazados por el pago de 200 días multa a razón de 250 dólares diarios. Es decir, 50 mil dólares.

“Son colaboradores que en su momento pudieron explicar a Fiscalía en tiempo oportuno, hace muchos años atrás, con relación al pago, a la existencia de sociedades, al recibo de fondos por parte de Caja 2, y cómo algunos de ellos fueron intermediarios o testaferros de altos funcionarios públicos nuestros”, señaló la fiscal Morcillo.

Por último, se llamará a testificar a Antonio Lim, un perito que fue quien presentó el informe de actuación financiera.