Procurador: ‘La corrupción ya opera como crimen organizado’

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, hizo un llamado directo a la Asamblea Nacional para debatir los proyectos de leyes que presentó que, a su juicio, buscan fortalecer la independencia institucional y modernizar su estructura operativa.

Las propuestas, dijo, nacen de la necesidad de dotar al Ministerio Público de instrumentos jurídicos más ágiles y eficaces para investigar y juzgar los delitos contra la administración pública.

“Las conductas criminales en materia de corrupción se han sofisticado. Ya no hablamos del funcionario que recibe un pago indebido, sino de estructuras organizadas con vínculos financieros y transacciones internacionales”, advirtió el procurador en una entrevista exclusiva con La Estrella de Panamá.

Las iniciativas impulsadas por Gómez Rudy comprenden modificaciones al Código Penal y una Ley General Anticorrupción, que introduce cambios sustanciales al Código Procesal Penal.

Entre los principales ajustes se plantea elevar las penas por delitos de corrupción y peculado, así como reducir los márgenes de prescripción que hoy impiden llevar muchos casos a juicio.

“El delito de corrupción tiene una pena de dos a cuatro años de prisión, lo que provoca que prescriba en apenas seis años. Esa brevedad limita el tiempo de investigación y beneficia la impunidad”, sostuvo.

El procurador explicó que Panamá está también obligada por compromisos internacionales, como la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Convención de Mérida), a fortalecer su legislación interna y crear cuerpos normativos especializados.

Uno de los puntos más sensibles del proyecto de Ley General Anticorrupción radica en la eliminación de la dependencia del Ministerio Público respecto al informe de la Contraloría para acreditar delitos como peculado o enriquecimiento injustificado.

Actualmente, la Ley 59 de 1999 establece que este tipo de investigaciones solo pueden iniciarse si la Contraloría remite un informe previo. Sin embargo, el procurador de la Nación, Javier Caraballo Gómez Rudy, considera que esa exigencia se ha convertido en un obstáculo que paraliza los procesos.

“Para iniciar una investigación por enriquecimiento injustificado se necesita un informe de Contraloría, y eso limita la acción penal. Si un funcionario entra al gobierno con un perfil económico y sale con otro, debe poder investigarse sin depender de ese informe. La Constitución no limita al Ministerio Público en ese sentido”, enfatizó.

El proyecto también refuerza el principio de libertad probatoria, estableciendo que la lesión patrimonial puede demostrarse por otros medios, como inspecciones o registros bancarios, sin necesidad de un dictamen previo de la Contraloría. “Si eliminamos esa cortapisa, podríamos avanzar en las investigaciones”, sostuvo el procurador, y añadió que eso no significa que se prescinda del informe, sino que la investigación pueda iniciarse sin depender de él.

“Con esta ley buscamos dos cosas: primero, fortalecer el principio de libertad probatoria; y segundo, dejar claro que el informe de la Contraloría no es una exigencia indispensable. En los casos en que se requiera, podrá solicitarse, pero no será un requisito para actuar”, explicó Gómez Rudy.

La propuesta de Ley General Anticorrupción también introduce medidas inéditas en la legislación panameña, como la protección institucional para los denunciantes y sanciones a las entidades que retarden la entrega de información en los procesos investigativos.

“Queremos que el funcionario que denuncie no sea castigado, sino protegido. Si es necesario, podrá ser trasladado a otra unidad o institución para salvaguardar su integridad”, explicó el procurador.

De igual forma, todas las entidades públicas, privadas o mixtas estarán obligadas a entregar información solicitada por la Fiscalía dentro de plazos fijos. El incumplimiento podría derivar en sanciones, con autorización judicial.

El procurador advirtió que los esquemas de corrupción funcionan hoy con dinámicas similares a las del crimen organizado: mueven dinero a través de bancos, empresas fachada y jurisdicciones extranjeras.

Por ello, la reforma incorpora técnicas especiales de investigación —interceptaciones, operaciones encubiertas, vigilancia y seguimiento— con control judicial, para desarticular las redes que operan desde las instituciones públicas.

“Queremos poder grabar reuniones o acuerdos ilícitos en procesos de licitación. Son prácticas que requieren herramientas modernas y supervisadas por la justicia”, dijo.

En los diez meses de gestión, Gómez Rudy aseguró que el Ministerio Público inició una transformación interna en las fiscalías anticorrupción para mejorar la eficiencia y reducir los llamados “cuellos de botella” en la tramitación de expedientes.

El procurador explicó que se reforzó el personal fiscal y operativo, se dividieron los casos por nivel de complejidad y se aumentó la capacitación en delitos financieros y contrataciones públicas.

Paralelamente, la Procuraduría ha impulsado una labor preventiva dirigida a los jóvenes. “Creamos la primera guía infantil para comprender la corrupción y la llevamos a escuelas primarias. Hay que enseñar desde temprano el respeto por lo público”, expresó.