Proponen aumentar la pena por incumplimiento de medida de protección

El incumplimiento de las medidas de protección, especialmente aquellas relacionadas con la violencia contra la mujer, podría acarrear una pena de prisión de uno a seis años.

La medida está contemplada en un anteproyecto de ley presentado por la diputada Yarelis Rodríguez, mediante el cual se modifica el artículo 397-A del Código Penal.

“Quien, habiendo sido notificado de una medida de protección dispuesta por autoridad competente, en cualquier proceso penal, la incumpla o quebrante, será sancionado con prisión de uno a seis años”, señala el único artículo de la iniciativa, que deberá ser prohijada y aprobada en sus tres respectivos debates y, posteriormente, sancionada por el Ejecutivo para convertirse en ley de la República.

Actualmente, el artículo 396-A establece una sanción penal de seis meses a un año de prisión para quienes incumplan las medidas de protección a las víctimas.

A juicio de la diputada, este rango de pena “despoja a la norma de su carácter disuasorio y coactivo, por dos razones técnicas fundamentales”.

En la exposición de motivos del anteproyecto, la diputada Rodríguez hace referencia a medidas de protección como la prohibición de acercamiento o contacto con la víctima. Sin embargo, advierte que la realidad cotidiana demuestra una desconexión crítica entre la emisión de la orden judicial y su efectivo cumplimiento.

“Con alarmante frecuencia, estas medidas son incumplidas por los destinatarios, lo que deriva en la reincidencia de actos de violencia, hostigamiento sistemático y, en casos extremos, desenlaces fatales que pudieron haberse prevenido. Esta ineficacia de la tutela judicial efectiva socava la confianza ciudadana en las instituciones y perpetúa ciclos de violencia e impunidad”, señaló la diputada.

La diputada considera que, al establecer una pena mínima de seis meses, el ordenamiento penal permite la aplicación de subrogados penales, facultando al juzgador para reemplazar la pena de prisión por días-multa u otras medidas no privativas de libertad.

En la exposición de motivos, la diputada cita cifras del Ministerio Público correspondientes al primer semestre de 2026. En ese periodo se registraron 12,475 denuncias por delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil en solo seis meses a nivel nacional. Esto representa un aumento del 21.8 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 10,239 denuncias.

Estos datos evidencian una escalada de la violencia en el ámbito familiar que no puede ser ignorada, recalcó.

Del total de denuncias mencionadas, la violencia doméstica acapara la abrumadora mayoría, con 9,239 casos. Esto significa que más del 74 % de las denuncias por delitos contra el orden familiar corresponden a casos de violencia doméstica.

“Estas cifras demuestran que la violencia doméstica es una crisis nacional que exige una respuesta contundente y eficaz del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos, sin distinción de género ni condición”, recalcó la diputada.