Proponen eliminar las partidas discrecionales de la Presidencia

El diputado de la bancada de Vamos, Luis “Lucho” Duke, presentó un anteproyecto de ley que busca eliminar las partidas discrecionales de la Presidencia de la República.

“Se prohíbe la asignación en el presupuesto del Estado de partidas presupuestarias cuyo uso sea discrecional por parte de servidores públicos. Ninguna autoridad o servidor público podrá destinar recursos públicos a ayudas, subsidios o beneficios individuales o colectivos cuando estos no se encuentren sustentados en programas institucionales previamente establecidos en el presupuesto del Estado”, señala la propuesta presentada el pasado miércoles.

La prohibición incluye los presupuestos asignados al presidente de la República y al vicepresidente, así como a los ministros y viceministros. También abarca a directores y subdirectores de entidades autónomas y semiautónomas, administradores y subadministradores de estas entidades, entre otras autoridades.

“Todas las entidades públicas deberán publicar en sus portales institucionales información detallada sobre la ejecución de los recursos públicos, incluyendo traslados de partidas, créditos adicionales, ayuda social, subsidios, becas, transferencias y cualquier otro beneficio otorgado o recibido con fondos públicos...”, señala la propuesta.

El diputado Duke sustenta la iniciativa en que la transparencia y el uso responsable de los fondos públicos deben constituir un pilar esencial de la administración estatal. Alega que el país ha sido testigo de numerosos escándalos relacionados con gastos excesivos e injustificados, producto, en parte, de vacíos legales que permiten tales prácticas.

“Un ejemplo claro son las partidas discrecionales que otorgan al presidente de la República la facultad de disponer de recursos públicos sin una fiscalización adecuada y con escasa transparencia. Esta partida, oficialmente denominada ‘Asignaciones Globales’ dentro del Presupuesto General del Estado, ha sido objeto de críticas constantes por su uso indebido desde su institucionalización en 1994, afectando la confianza ciudadana en la gestión gubernamental”, explicó el diputado.

En la exposición de motivos, el diputado mencionó los montos que se han destinado por período presidencial desde la década de 1990.

Durante el período presidencial de 1994-1999, en un solo año se destinaron más de $200 millones únicamente a actividades de carnaval. En el quinquenio siguiente, los gastos incluyeron más de $588,900.00 en joyerías, cerca de $942,500.00 en tiendas de ropa de lujo y una transacción superior a $45,000.00 para adquirir lámparas Baccarat destinadas a la Casa Amarilla.

En la administración de 2009-2014, se registraron desembolsos por más de $80,000.00 en regalos para el personal de la institución. Posteriormente, entre 2014 y 2019, se realizaron gastos como $10,000.00 en pizzas para la inauguración de la línea dos del metro, $105,000.00 para el traslado de un abanderado en desfiles patrios y $29,080.50 en pasajes aéreos para 35 peregrinos de la Jornada Mundial de la Juventud.

“Estos ejemplos reflejan un patrón recurrente de uso cuestionable de fondos públicos, que atraviesa distintas administraciones y evidencia la falta de controles efectivos en el manejo de la partida discrecional”, consideró el diputado.

Las cifras globales reflejan la magnitud del problema: entre 1994 y 1999 se gastaron aproximadamente $25 millones; de 1999 a 2004, $23 millones; de 2004 a 2009, $22.3 millones; de 2009 a 2014, $55.7 millones; y de 2014 a 2019, $59.4 millones.

Durante el pasado quinquenio se gastaron unos $28.3 millones y, hasta febrero pasado del actual gobierno, se han gastado $2.5 millones, de acuerdo con las estadísticas presentadas por el diputado.

Para el diputado Duke, esas partidas transmiten el mensaje de que, ante una necesidad urgente, la vía más efectiva es acudir directamente al presidente de la República, un privilegio reservado para unos pocos. Este esquema erosiona lentamente no solo la confianza pública en la administración responsable de los fondos, sino también la capacidad de las instituciones de contar con presupuestos que reflejen de manera realista las necesidades de sus respectivas competencias.