Proponen exigir autosuficiencia hídrica a nuevos proyectos urbanísticos

La diputada Ana María Poveda presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que plantea modificar la Ley 77 de 28 de diciembre de 2001, con el objetivo de fortalecer la gestión sostenible del recurso hídrico y exigir que los nuevos proyectos urbanísticos, residenciales, comerciales e industriales demuestren autosuficiencia hídrica antes de conectarse a la red del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

Durante la presentación de la iniciativa, la diputada sostuvo que el crecimiento urbano del país ejerce una presión cada vez mayor sobre los sistemas públicos de abastecimiento de agua potable, lo que afecta la presión, continuidad y calidad del servicio que reciben comunidades ya establecidas.

Según explicó, el anteproyecto busca llenar un vacío en la legislación vigente, ya que la Ley 77 de 2001 regula las funciones del IDAAN, pero no establece mecanismos específicos para obligar a los nuevos desarrollos a contar con capacidad hídrica propia antes de solicitar su conexión a la red pública.

Poveda argumentó que numerosos proyectos de vivienda, urbanizaciones, condominios, centros comerciales y desarrollos industriales incrementan la demanda de agua potable sin aportar nuevas fuentes de abastecimiento, lo que termina trasladando la carga al sistema existente y afecta a los usuarios que ya dependen del servicio.

La propuesta plantea que los promotores, urbanizadores y desarrolladores acrediten una autosuficiencia hídrica verificada y certificada por el IDAAN antes de obtener autorización para conectarse al sistema público de distribución.

La diputada fundamentó la iniciativa en el reconocimiento del acceso al agua potable como un derecho humano vinculado al derecho a la vida, la salud y la dignidad humana, principios que, según indicó, están protegidos por la Constitución Política de la República de Panamá.

También citó el artículo 17 de la Carta Magna, que establece la obligación del Estado de proteger a las personas y garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos.

A juicio de la proponente, el desarrollo urbano debe avanzar sin comprometer el abastecimiento de las comunidades existentes y quienes generan una nueva demanda de agua deben asumir las soluciones técnicas necesarias para garantizar ese suministro.

“Esta iniciativa quizás no sea perfecta, pero apelamos a que se le dé el debate correspondiente, que se le dé la vida jurídica a este prohijamiento y que podamos tener un proyecto que sea robustecido con los actores que a bien quieran sumarse a esta iniciativa”, expresó Poveda durante su intervención en el pleno.

El anteproyecto deberá surtir el trámite legislativo correspondiente. De recibir el respaldo del pleno para su prohijamiento, será remitido a la comisión legislativa competente, donde podrá recibir observaciones y propuestas de entidades técnicas, el sector privado, especialistas en recursos hídricos y organizaciones de la sociedad civil antes de continuar su discusión.