Proponen limitar a 10 años la escolta de expresidentes
- 09/01/2026 14:02
Un anteproyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional propone limitar a 10 años el servicio de escolta y seguridad personal de los expresidentes, con el fin de racionalizar el gasto público y garantizar igualdad ante la ley
Un anteproyecto de ley presentado ante el pleno de la Asamblea Nacional busca regular y limitar el servicio de escolta y seguridad personal que reciben los expresidentes de la República, estableciendo un plazo máximo de 10 años contados a partir del cese de sus funciones.
La iniciativa, identificada como el anteproyecto de ley 295, fue presentada por el diputado Jhonathan Vega, del circuito 4-5, y remitida a la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales para su análisis.
La Comisión está dirigida por el diputado Luis Eduardo Camacho, y para el pasado miércoles estaba en agenda para su prohimiento o no, pero al final se suspendió la sesión.
Actualmente, la Ley 55 de 19 de julio de 1996 reconoce el derecho de los expresidentes a contar con un servicio de escolta y seguridad personal de manera indefinida.
Sin embargo, el proponente considera que ese esquema debe ser actualizado para responder a las nuevas realidades del país, tanto en materia de seguridad como de control del gasto público.
“El objetivo es armonizar este beneficio con los principios de racionalidad del gasto, proporcionalidad, igualdad ante la ley y transparencia administrativa”, señala la exposición de motivos del anteproyecto.
De acuerdo con el texto, el plazo de 10 años busca garantizar protección durante el periodo en que aún pueden subsistir riesgos derivados de decisiones tomadas durante el ejercicio presidencial, sin que ello se traduzca en privilegios permanentes financiados por el Estado.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es su carácter retroactivo.
El anteproyecto, presentado en octubre de 2025, establece que la nueva normativa aplicará a todos los expresidentes y expresidentas, sin importar el periodo en el que hayan ejercido el cargo.
Con esta disposición, el diputado Vega sostiene que se refuerza el principio de igualdad ante la ley y se envía un mensaje de austeridad institucional, evitando tratos diferenciados entre exmandatarios.
El anteproyecto también introduce límites claros al uso del servicio de escolta. Entre ellos, se establece que el número de unidades asignadas no podrá exceder de cuatro agentes por expresidente y que este número podrá reducirse progresivamente según evaluaciones de riesgo realizadas por las autoridades competentes.
Además, se prohíbe expresamente el uso de la escolta con fines políticos, empresariales o personales ajenos a la seguridad.
El uso indebido del beneficio conllevaría su suspensión inmediata, sin perjuicio de otras responsabilidades legales.
Una vez vencido el plazo de 10 años, el servicio de escolta cesará de forma definitiva. No obstante, el proyecto contempla la posibilidad de una prórroga temporal, únicamente en casos donde exista una amenaza comprobada contra el expresidente.
Dicha extensión deberá ser evaluada por el Ministerio de Seguridad Pública y contar con el visto bueno del Presidente de la República.
Adicionalmente, el anteproyecto reconoce el derecho de los expresidentes a contar con un servicio de secretaría por un periodo de dos años posteriores a su mandato.
Este personal será considerado servidor público y formará parte del Ministerio de la Presidencia, entidad que fijará sus emolumentos.
En su exposición de motivos, el diputado Vega subraya que la propuesta no constituye únicamente un ajuste técnico, sino una reafirmación de los valores republicanos.
“El servicio público debe entenderse como un servicio y no como una fuente de privilegios duraderos”, plantea el documento, al tiempo que destaca la necesidad de fortalecer la confianza ciudadana mediante el uso responsable de los recursos del Estado.