Propuesta sobre IA reabre la batalla por la libertad de prensa

La discusión sobre un anteproyecto de ley para regular el uso de la inteligencia artificial reabrió en la Asamblea Nacional una vieja batalla por la libertad de prensa y expresión: la posibilidad de que los funcionarios públicos vuelvan a recurrir a la vía penal contra quienes consideren que han lesionado su honra.

El debate surgió durante la discusión del Anteproyecto de Ley 51, presentado para sancionar el uso malicioso de la inteligencia artificial en la creación de contenidos falsos. Sin embargo, la iniciativa pronto trascendió la discusión sobre los llamados deepfakes y abrió la puerta a otro tema: las garantías que protegen la crítica y el escrutinio sobre quienes ejercen el poder.

El diputado oficialista Luis Eduardo Camacho planteó aprovechar la discusión para eliminar la prohibición que, según manifestó, impide a los servidores públicos recurrir a la jurisdicción penal para defender su honra.

“Yo voy a aprovechar su proyecto porque, si vamos a discutir, vamos a discutir las causas del problema, no la herramienta del problema”, expresó.

Camacho también manifestó su intención de que quienes calumnian, destruyen reputaciones o extorsionan enfrenten consecuencias penales.

“Yo quiero ver presos a los que utilizan a los medios para calumniar, destruir reputación y extorsión”, dijo durante el debate.

Su planteamiento encontró una respuesta inmediata del diputado Ernesto Cedeño, de la bancada de Otro Camino, quien advirtió que devolver a los funcionarios públicos la posibilidad de recurrir a la vía penal representaría un retroceso para la libertad de expresión.

“Yo estaré en contra de esa iniciativa de Camacho porque sería un retroceso en la libertad de expresión”, afirmó.

Cedeño sostuvo que quienes ejercen funciones públicas deben estar dispuestos a recibir un mayor nivel de crítica y cuestionamiento por las decisiones que toman desde sus cargos.

“Un funcionario debe estar anuente a aceptar cualquier cantidad de crítica y ni siquiera debe pensar en llevar a la jurisdicción penal los desaciertos de una información o de una comunicación”, manifestó.

A su juicio, si un funcionario considera que una información contiene datos inexactos que afectan su reputación, debe recurrir a la jurisdicción civil.

Incluso planteó avanzar en sentido contrario a la propuesta de Camacho: la despenalización integral de la calumnia y la injuria y que estos conflictos se resuelvan únicamente por la vía civil.

La preocupación sobre un posible regreso de la vía penal contra críticas a funcionarios también llegó desde organizaciones vinculadas con la defensa de la libertad de expresión.

El Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información reconoció la necesidad de establecer mecanismos para enfrentar el uso malicioso de la inteligencia artificial, capaz de clonar voces, alterar imágenes, fabricar videos y crear contenidos falsos con apariencia de realidad.

Sin embargo, la organización advirtió sobre los riesgos de utilizar el debate sobre estas nuevas tecnologías para modificar las garantías que protegen la crítica y el escrutinio sobre quienes ejercen el poder.

Para el Fórum, una cosa es sancionar la creación de un deepfake malicioso o una suplantación deliberada y otra distinta es utilizar esa discusión para abrir la puerta a procesos penales contra quienes cuestionen a funcionarios públicos.

La preocupación aumenta por la amplitud de algunos conceptos incluidos en la propuesta, como “finalidad denigrante”, “apariencia de autenticidad” o contenido “idóneo para causar daño”.

En materia penal, advierte la organización, este tipo de términos puede quedar sujeto a interpretaciones que afecten contenidos periodísticos, opiniones, caricaturas, sátiras o publicaciones de interés público.

El principal riesgo, advierten periodistas y defensores de la libertad de expresión, es la autocensura. La amenaza de una querella o de un proceso penal puede llevar a periodistas, medios de comunicación y ciudadanos a evitar investigaciones o publicaciones críticas por temor a enfrentar consecuencias judiciales.

En la misma línea, Lorenzo González Palma, presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Panamá (CONAPE), reconoció los riesgos que plantea la inteligencia artificial para la protección de la honra, pero advirtió que la respuesta legal debe preservar el ejercicio del periodismo.

“Como guardianes de las libertades públicas, reconocemos que el vertiginoso avance de la inteligencia artificial generativa y la clonación de voz o imagen plantea riesgos reales para la honra de los ciudadanos y la estabilidad familiar frente a la difamación automatizada”, señaló González Palma.

El presidente del CONAPE sostuvo que existe coincidencia en la necesidad de actualizar la normativa penal panameña frente a estos nuevos desafíos, pero pidió que cualquier reforma mantenga criterios de proporcionalidad y no termine afectando la libertad de prensa.

“Es deber de nuestro gremio velar porque dicha actualización no devenga, de forma directa o indirecta, en un mecanismo de censura previa o acoso judicial contra el ejercicio del periodismo libre”, afirmó.

Atenógenes Rodríguez, vicepresidente del Consejo Nacional de Periodismo, considera que el proyecto mezcla dos asuntos distintos: la regulación de la inteligencia artificial y la reforma al artículo 196 del Código Penal.

“La parte que no queda clara es la reforma al artículo 196 del Código Penal. Ahí es donde se enreda la propuesta, porque quizás una cosa no tiene que ver con la otra”, sostuvo.

Rodríguez explicó que la restricción que se pretende modificar responde a una legislación aprobada en 2005, vinculada al derecho a réplica, que buscó evitar que funcionarios con mando y jurisdicción nacional demandaran penalmente a periodistas. El objetivo, explicó, era equilibrar la relación entre el poder del Estado y los ciudadanos, debido a la enorme disparidad entre ambas partes.

“El Estado, como tal, tiene un poder enorme, mientras que nosotros, como periodistas o ciudadanos, nos vemos afectados por ese poder”, señaló.

Por ello, consideró preocupante que esa protección se revise bajo el argumento de regular el uso de la inteligencia artificial. “Una cosa no tiene que ver con la otra”, insistió. A su juicio, modificar ese equilibrio puede afectar directamente la libertad de opinión y de información.

Lina Vega Abad, presidenta de la Fundación Libertad Ciudadana, también cuestionó el alcance de la propuesta y advirtió sobre sus posibles efectos en el debate democrático.

“Si bien es cierto que las redes sociales y la IA han propiciado la divulgación de mentiras y ataques que han envenenado el debate democrático, la solución no es violar los principios de libertad de expresión e información que hacen parte del sistema interamericano del que Panamá es parte”, sostuvo.

Vega Abad señaló que quienes optan por el servicio público también asumen la obligación de rendir cuentas ante la ciudadanía.

“Elegir el servicio público incluye la obligación de rendir cuentas”, afirmó.

A su juicio, la iniciativa puede convertirse en una barrera para el trabajo periodístico y para la fiscalización ciudadana.

“Este proyecto será una barrera para que periodistas y ciudadanos en general puedan pedir cuentas a los funcionarios”, advirtió.

Para la presidenta de la Fundación Libertad Ciudadana, el alcance de la propuesta representa un riesgo para el sistema democrático.

“Se trata en fin de un proyecto muy peligroso para nuestra democracia”, afirmó.

El derecho a cuestionar al poder

El exdefensor del Pueblo Juan Antonio Tejada Espino también cuestionó la posibilidad de devolver la vía penal a los funcionarios públicos.

“No hay democracia sana sin funcionarios que puedan ser cuestionados”, señaló.

Para Tejada, abrir nuevamente la posibilidad de presentar querellas penales por críticas representa un golpe a la fiscalización ciudadana y puede convertir la vía penal en un mecanismo de intimidación.

El debate, por tanto, trasciende a los medios de comunicación. Las garantías para cuestionar a quienes ejercen el poder también protegen a ciudadanos, investigadores, organizaciones de la sociedad civil, caricaturistas y usuarios de redes sociales.

El punto central es el equilibrio entre el derecho de una persona a defender su reputación y el derecho de la sociedad a recibir información, cuestionar a sus autoridades y fiscalizar la actuación de quienes ocupan cargos públicos.

Desde las reformas introducidas al Código Penal en 2007, la calumnia y la injuria contemplan sanciones de entre 60 y 180 días-multa y no incluyen penas de prisión. Además, existen disposiciones que limitan la aplicación de los delitos contra el honor en casos relacionados con servidores públicos.