Proyecto de derecho a réplica se mantendrá en segundo debate
- 24/03/2026 00:00
El pleno de la Asamblea Nacional rechazó la propuesta de alterar el orden del día para someter a votación bajar a primer debate la propuesta sobre el derecho a réplica como lo solicitaron gremios periodísticos
El pleno de la Asamblea Nacional rechazó alterar el orden del día para someter a votación la propuesta de devolver a primer debate el proyecto de ley No. 391, relacionado con el derecho a réplica.
La alteración del orden del día fue solicitada por el diputado Ernesto Cedeño, proponente de la iniciativa, luego de que la semana pasada se comprometiera con gremios periodísticos a bajar a primer debate su propuesta para ampliar la consulta pública.
Durante su sustentación, Cedeño explicó que su intención era permitir la participación de gremios periodísticos —como el Fórum de Periodistas y el Consejo Nacional de Periodistas—, quienes manifestaron que no tuvieron oportunidad de aportar en el primer debate.
“Yo no tengo inconveniente en que se escuche a estos señores periodistas... El derecho a réplica debe modificarse porque la ley actual es insuficiente”, señaló.
Sin embargo, tras la decisión del pleno de rechazar la alteración del orden del día, el diputado aseguró que “el proyecto quedará ya en segundo debate y, en el momento en que se discuta, pediré cortesía de sala para que participen todos los que desean hacerlo”.
La iniciativa busca que el derecho a réplica tenga el mismo espacio y prominencia que la noticia. Es decir, si el error salió en portada, en esa misma sección debe aparecer la corrección solicitada.
Además, plantea hacer justicia a las personas que pueden ser denigradas en un medio de comunicación, estableciendo que cualquier medio debe publicar la rectificación o respuesta con la misma relevancia que la información original.
Entre las modificaciones, está la eliminación de la responsabilidad de los medios de comunicación por lo publicado en los espacios pagados.
El diputado Luis Eduardo Camacho se opuso a la propuesta de alterar el orden del día, argumentando que el proyecto ya fue discutido ampliamente en la Comisión de Gobierno y aprobado en primer debate de manera unánime, tras modificaciones que garantizaron la protección de la libertad de expresión.
“Si la intención es modificarlo, hagámoslo en segundo debate. No podemos aceptar presiones antojadizas que buscan que el proyecto sea rechazado”, sostuvo.
El diputado Crispiano Adames también intervino, subrayando la importancia de respetar la agenda legislativa previamente establecida.
Recordó que existen otros proyectos de relevancia en discusión y criticó que se intente alterar el orden bajo la presión de sectores externos.
“Debemos seguir con la agenda, porque aquí hay temas importantes y no podemos abrir este debate bajo la presión de los medios”, afirmó Adames.
Las diputadas Alexandra Brenes y Walkiria Chandler, de la bancada Vamos, se abstuvieron en la votación. Sus colegas de bancada votaron a favor de la alteración del orden del día.
La discusión reflejó la tensión entre quienes buscan reabrir el debate para incluir a los gremios periodísticos y quienes defienden la continuidad del proceso legislativo en el segundo debate, sin retrocesos en el trámite parlamentario.
Tras varias reuniones en la Asamblea Nacional, los gremios expresaron que el proyecto debía volver a una etapa de discusión más amplia y técnica, con participación de los sectores periodísticos, como ocurrió con la elaboración de la Ley 22 de 2005, que actualmente regula el derecho a réplica, rectificación y respuesta.
Los representantes del gremio periodístico señalaron que no fueron consultados previamente sobre el contenido de la propuesta.
Además, insistieron en que, si se quiere legislar nuevamente sobre esta materia, debe hacerse a partir de una construcción consensuada y con base en estándares internacionales sobre libertad de expresión.
Guido Rodríguez, quien participó en la elaboración de la normativa vigente, recordó que la Ley 22 de 2005 surgió de un proceso colectivo entre instituciones del Estado, la Defensoría del Pueblo, la sociedad civil y los gremios periodísticos.