‘Proyecto de derecho a réplica se quedará en segundo debate’: Cedeño

El diputado Ernesto Cedeño, proponente del proyecto ley sobre derecho a réplica Archivo | La Estrella de Panamá
  • 23/03/2026 19:59

El diputado proponente opto por ofrecer sólo cortesía de sala a los gremios periodísticos, tras el rechazo del pleno en bajar la iniciativa a primer debate

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó mantener en segundo debate el proyecto de ley No. 391, relacionado con el derecho a réplica.

La decisión se da luego que los diputados rechazaran el orden del día para que la iniciativa bajará a primer debate, tal como lo había solicitado el proponente Ernesto Cedeño con la finalidad de abrir un nuevo espacio de discusión para incorporar los aportes de los gremios periodísticos.

Durante su sustentación Cedeño explicó que su intención era permitir la participación de gremios periodísticos —como el Fórum de Periodistas y el Consejo Nacional de Periodistas— quienes manifestaron que no tuvieron oportunidad de aportar en el primer debate.

“Yo no tengo inconveniente en que se escuche a estos señores periodistas... el derecho a réplica debe modificarse porque la ley actual es insuficiente”, señaló.

Sin embargo, aseguró que “el proyecto quedará ya en segundo debate y en el momento en que se debata pediré cortesía de sala para que participen todos los que desean participar”.

Propuesta

La iniciativa busca que el derecho a réplica tenga el mismo espacio y prominencia que la noticia. Es decir, si el error salió en la portada, en esa misma sección debe aparecer la corrección solicitada.

Además, de hacerle justicia a las personas que pueden ser denigradas en un medio de comunicación, contemplando que cualquier medio de comunicación debe hacer la rectificación o respuesta en el mismo espacio y prominencia de la afectación.

Entre las modificaciones, esta el de eliminar la responsabilidad de los medios de comunicación por lo publicado en los espacios pagados.

Pleno

El diputado Luis Eduardo Camacho se opuso a la propuesta, argumentando que el proyecto ya fue discutido ampliamente en la Comisión de Gobierno y aprobado en primer debate de manera unánime, tras modificaciones que garantizaron la protección de la libertad de expresión.

“Si la intención es modificarlo, hagámoslo en segundo debate. No podemos aceptar presiones antojadizas que buscan que el proyecto sea rechazado”, sostuvo.

El diputado Crispiano Adames también intervino, subrayando la importancia de respetar la agenda legislativa previamente establecida.

Recordó que existen otros proyectos de relevancia en discusión y criticó que se intente alterar el orden bajo la presión de sectores externos.

“Debemos seguir con la agenda, porque aquí hay temas importantes y no podemos abrir este debate bajo la presión de los medios”, afirmó Adames.

La discusión reflejó la tensión entre quienes buscan abrir nuevamente el debate para incluir a los gremios periodísticos y quienes defienden la continuidad del proceso legislativo en el segundo debate, sin retrocesos en el trámite parlamentario.

¿Qué dicen los medios?

Tras varias reuniones en la Asamblea Nacional, los gremios expresaron que el proyecto debía volver a una etapa de discusión más amplia y técnica, con participación de los sectores periodísticos, como ocurrió con la elaboración de la Ley 22 de 2005, que actualmente regula el derecho a réplica, rectificación y respuesta.

Los distintos representantes del gremio periodístico señalaron que no fueron consultados previamente sobre el contenido de la propuesta.

Además, insistieron en que, si se quiere legislar nuevamente sobre esta materia, debe hacerse a partir de una construcción consensuada y con base en estándares internacionales sobre libertad de expresión.

Guido Rodríguez, quien participó en la elaboración de la normativa vigente, recordó que la Ley 22 de 2005 surgió de un proceso colectivo entre instituciones del Estado, la Defensoría del Pueblo, la sociedad civil y los gremios periodísticos.

A su juicio, la ley actual ha funcionado adecuadamente durante más de dos décadas y no existen elementos que justifiquen una reforma que pueda alterar principios ya establecidos.