Puerto Barú defiende acciones legales frente a cuestionamientos

La contraparte del proyecto portuario Puerto Barú, respondió a las organizaciones Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y ADOPTA Bosque quienes este jueves denunciaron “ataque sin precedentes” contra la defensa del patrimonio natural y la libertad de expresión en Panamá, asegurando que las acciones interpuestas no buscan silenciar críticas sino ejercer su derecho a defensa frente a lo que califican como afirmaciones “falsas y perjudiciales”.

El abogado de Puerto Barú, José Castillo, sostuvo que la empresa ha sido objeto de señalamientos reiterados “inexactas y alejadas de la realidad técnica científica”, los cuales afirmó, afectan la imagen del desarrollo y su capacidad para atraer inversionistas a nivel nacional e internacional.

“No es un ataque, es nuestro derecho defendernos de las afirmaciones contantes que ellos hacen en contra del proyecto, que son inexactas, que son alejadas de la realidad técnica científica, en la cual injurian o mienten en cuanto a los métodos de construcción”, expresó.

Según explicó, la empresa presentó tanto una querella penal como una acción civil, que es una demanda por daños y prejuicios tras varios años de controversias públicas con las organizaciones por las afirmaciones que han estado haciendo realizando.

El representante legal también cuestionó la validez de los estudios científicos citados por las organizaciones sobre posibles afectaciones a los manglares de David, indicando que, según la empresa, no han sido entregados para un debate científico.

“Sus investigaciones, primero no las han mostrado, las fichas técnicas de ellos no las han mostrado para ser debatidas. Y segundo, sus afirmaciones no son ciertas (...) he escuchado señalamientos que ellos hacen y los he verificado con la verdad científica, con personas científicas, y me he dado cuenta que ellos no están diciendo la verdad”, dijo.

Agregó que, desde la perspectiva del proyecto, las críticas responden a un rechazo absoluto a la obra y no únicamente a su ubicación. “Si el proyecto tiene los permisos, es porque ha cumplido. El proyecto puede divulgar que ha cumplido”, señaló el representante legal.

El abogado reiteró que cualquier persona u organización es responsable de sus declaraciones públicas, por lo que las acciones legales buscan que se determinen eventuales responsabilidades por los señalamientos difundidos en medios de comunicación. “Esto es un asunto que lleva ya años, y nuestra respuesta es en atención a que no tenemos salida”, concluyó.