Puertos estratégicos cambian de manos: así avanza la transición ordenada por el Ejecutivo

La transición en los principales puertos del país ya está en ejecución. Así lo aseguró el asesor presidencial Alberto Alemán Zubieta, quien confirmó que las terminales de Balboa y Cristóbal comenzaron a ser operadas por sus nuevas empresas tras el decreto de ocupación temporal emitido por el Ejecutivo.

“Ambas empresas entraron después del decreto de ocupación temporal y ya están tomando las riendas. Es muy importante darle continuidad a la operación portuaria en este país”, afirmó.

Las terminales, que hasta ahora eran administradas por Panama Ports Company, pasan a ser manejadas temporalmente por APM Terminals, vinculada al grupo Maersk, y por Terminal Investment Limited (TIL), del grupo MSC Mediterranean Shipping Company.

Zubieta explicó que en las últimas horas se registró una menor llegada de embarcaciones a los puertos, situación que generó inquietud en el sector logístico. Sin embargo, atribuyó la reducción a una coordinación previa entre las propias navieras.

“Las mismas navieras se organizaron para que, en el periodo de transición de estos dos días, no llegara la cantidad acostumbrada de contenedores, para poder avanzar en este proceso”, detalló.

Uno de los principales retos, explicó, es la migración del sistema portuario de operación. Cada operador utiliza su propio sistema informático, por lo que es necesario incorporar la data actualizada de los contenedores: ubicación exacta, contenido y estatus logístico.

Si esa información no es entregada de forma inmediata, dijo, debe levantarse nuevamente, lo que toma tiempo y puede afectar el flujo continuo de la operación.

Según el asesor, una de las razones que facilitó la transición es que ambas compañías ya concentran más del 80% de la carga movilizada en cada terminal.

En el caso de Balboa, la mayor parte corresponde a carga vinculada a Maersk, mientras que en Cristóbal predomina la carga asociada a MSC. Esto, explicó, permite a los nuevos operadores reorganizar sus propios flujos y minimizar impactos.

“Están protegiendo nodos estratégicos de su sistema mundial de movimiento de carga”, sostuvo, al recordar que Panamá funciona como un puerto de trasbordo, donde la mercancía se redistribuye hacia diferentes rutas globales.

Sobre el futuro de empresas subcontratistas como Serviestiba —que prestaba servicios de estiba en Balboa—, Zubieta indicó que se trata de un proveedor más dentro de una red amplia de contratistas.

De acuerdo con lo establecido en el contrato temporal, los nuevos operadores deberán mantener las mismas condiciones con todos los proveedores durante los primeros 90 días. Luego de ese periodo podrán evaluar el desempeño y renegociar contratos.

“Nosotros queremos garantizar el empleo a todos los trabajadores”, afirmó, aunque reconoció que las decisiones posteriores dependerán de cada empresa, como ocurre en cualquier operación privada.

El asesor subrayó que PPC tercerizaba múltiples servicios, por lo que el número de trabajadores directos de la concesionaria era inferior al total de personas que laboran en el puerto.

Zubieta reiteró que el esquema actual es completamente transitorio. El contrato tiene un plazo de hasta 18 meses, con la posibilidad de extenderse de forma puntual si el Estado requiere tiempo adicional para completar una licitación internacional de largo plazo.

Incluso, señaló que existe una cláusula que permite al Estado terminar el contrato en cualquier momento con un aviso de 90 días.

“El modelo que estamos desarrollando no es el contrato a futuro”, precisó. El Gobierno trabaja con una firma internacional para estructurar el nuevo esquema de concesión y definir el modelo que se adoptará para las terminales.

No descartó que las futuras licitaciones puedan desarrollarse en tiempos distintos para cada puerto, dependiendo del avance de los procesos.

Consultado sobre si APM Terminals y TIL tendrían ventaja en una futura concesión, Zubieta lo descartó. Argumentó que ambas compañías ya operan la mayor parte de la carga en estas terminales, por lo que conocen los costos y la dinámica del negocio independientemente del esquema actual.

“No hay ninguna novedad realmente para ellos en este caso”, sostuvo.

En paralelo, Hutchison ha anunciado arbitrajes internacionales contra la República de Panamá por la decisión adoptada. Zubieta confirmó que el Estado se prepara para enfrentar estos procesos.

“Reconocemos que es un país de derecho. Las empresas tienen derecho a defender el capital que consideran suyo. La República contratará los abogados necesarios para defenderse”, indicó.

El asesor enfatizó que la prioridad del Ejecutivo ha sido implementar la decisión judicial sin paralizar la operación portuaria y enviar un mensaje de estabilidad al mercado internacional.

“Panamá es el cuarto sistema portuario más grande de América Latina. Aquí se mueven alrededor de 10 millones de contenedores. No podíamos permitir una interrupción”, concluyó.