Reclamo frena licitación de $80 millones para limpiar hospitales
- 25/06/2026 00:00
El reclamo señala requisitos restrictivos, contradicciones en los plazos y condiciones que podrían limitar la competencia. Contrataciones suspendió el acto público mientras analiza denuncias sobre posibles inconsistencias y barreras de entrada
Una de las contrataciones más cuantiosas impulsadas por el Ministerio de Salud (Minsa), para la limpieza de diversos hospitales, quedó suspendida luego de que una empresa participante denunciara supuestas irregularidades en el pliego de cargos del acto público.
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) admitió una acción de reclamo presentada por Consulting Design Development and Engineering, S.A. (CDDE), decisión que detuvo temporalmente la Licitación por Mejor Valor No. 2026-0-12-01-99-LV-000006, cuyo precio estimado asciende a $80,074,999.79.
El proceso busca contratar por cinco años los servicios de aseo, limpieza y desinfección de nueve hospitales del Ministerio de Salud, incluyendo el Hospital Regional de Azuero Anita Moreno, el Hospital Nicolás A. Solano, el Hospital San Miguel Arcángel y el Instituto Nacional de Salud Mental Matías Hernández.
Sin embargo, la empresa reclamante sostiene que el pliego de cargos contiene requisitos que restringen la libre competencia y podrían limitar la participación de potenciales oferentes.
Uno de los principales señalamientos apunta a la decisión del Ministerio de Salud de estructurar la contratación bajo una modalidad de adjudicación global.
La empresa argumenta que la entidad pretende contratar a un único proveedor para atender simultáneamente nueve hospitales en distintas provincias mediante un contrato valorado en más de $80 millones.
Según el reclamo, esta decisión excluye en la práctica a empresas regionales y pequeñas y medianas empresas que sí podrían asumir la limpieza de determinados hospitales o regiones, pero no la totalidad del servicio.
La acción recuerda que procesos similares desarrollados en 2016 y 2021 fueron divididos por renglones, lo que permitió una participación más amplia de proveedores.
La empresa también cuestiona la justificación económica del Minsa. Señala que la entidad sostiene que la contratación global generará ahorros, aunque la modalidad escogida corresponde a una Licitación por Mejor Valor, mecanismo que legalmente no se basa exclusivamente en el precio más bajo sino en una combinación de factores técnicos y económicos.
Otro de los puntos más sensibles del reclamo se refiere a la evaluación del personal.
La empresa sostiene que el pliego otorga la máxima puntuación a las compañías que acrediten entre 550 y 600 trabajadores registrados en la Caja de Seguro Social.
A juicio de la recurrente, esta condición constituye una barrera de entrada para numerosos competidores y desconoce la posibilidad de que los consorcios sumen las planillas de sus integrantes para acreditar capacidad operativa.
La empresa argumenta que la cantidad de trabajadores inscritos no constituye por sí sola una prueba de experiencia ni de calidad en la prestación del servicio.
La acción también cuestiona los criterios utilizados para medir la experiencia de los proponentes.
Aunque el pliego exige acreditar contratos ejecutados durante los últimos diez años, la empresa afirma que no se establece un tiempo mínimo de duración de esos contratos.
Según el reclamo, una compañía podría presentar experiencias de corta duración y obtener una valoración similar a la de otra que haya prestado servicios hospitalarios de forma continua durante varios años.
La recurrente plantea que debería exigirse un periodo mínimo de doce meses de ejecución para cada contrato utilizado como referencia.
Errores reconocidos que aún no han sido corregidos
Entre los elementos más llamativos del expediente figura la denuncia de que el pliego contiene requisitos que no guardan relación con el objeto de la contratación.
La empresa señala que se exige una certificación de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, documento normalmente asociado a actividades de ingeniería y construcción, pero no a servicios de limpieza y desinfección hospitalaria.
También cuestiona la inclusión de formularios de autorización y garantía de fabricantes, exigencias que considera propias de contrataciones de bienes y no de servicios.
De acuerdo con el reclamo, durante la reunión de homologación los representantes del Ministerio de Salud reconocieron que estos requisitos constituían errores y anunciaron que serían corregidos mediante adendas posteriores.
No obstante, la empresa sostiene que dichas modificaciones nunca fueron publicadas.
La acción de reclamo también identifica contradicciones en la documentación oficial del proceso.
Mientras algunos documentos señalan una ejecución de 60 meses y una vigencia contractual de 120 meses, otros establecen una duración total de 62 meses, incluyendo dos meses destinados a la liquidación contractual.
La empresa advierte que estas diferencias generan incertidumbre sobre las condiciones reales de ejecución del contrato.
Cuestionan plataforma tecnológica sin aval de la AIG
Otro de los aspectos que podrían adquirir relevancia durante el análisis de la DGCP es la exigencia de implementar una plataforma tecnológica para administrar recursos humanos, inventarios e informes operativos.
La empresa sostiene que, debido a los montos involucrados y al componente tecnológico exigido, debía constar en el expediente el concepto favorable de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG).
Según el reclamo, no existe evidencia de que dicho aval haya sido incorporado al procedimiento.
La admisión del reclamo provocó la suspensión automática del acto público, cuya recepción de propuestas estaba prevista para el 25 de junio.
Ahora corresponde a la Dirección General de Contrataciones Públicas analizar si las observaciones presentadas tienen sustento suficiente para ordenar correcciones al pliego o permitir que la licitación continúe en los términos originalmente planteados.
La decisión será seguida de cerca por el sector empresarial debido a que se trata de una de las contrataciones de servicios más grandes impulsadas por el Estado durante este año y porque podría sentar un precedente sobre los límites de los requisitos técnicos y financieros que las entidades públicas pueden exigir en procesos de gran escala.