Reformas a la Ley 6: Gobierno propone multas de hasta $20 millones a empresas eléctricas
- 11/08/2026 13:49
El Ejecutivo presentó a diputados el paquete de reformas que busca fortalecer la regulación del sector eléctrico
El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, encabezó este martes 11 de agosto una reunión con diputados de distintas bancadas de la Asamblea Nacional para explicar el paquete de reformas que el Ejecutivo presentará próximamente para modificar la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, que regula el sector eléctrico panameño.
El encuentro se realizó en el Salón Paz del Palacio de Las Garzas, luego de que el Consejo de Gabinete aprobara la Resolución No. 83-26, mediante la cual se autorizó a Orillac a presentar ante el Legislativo el proyecto que modifica y adiciona artículos al Texto Único de la Ley 6 y establece otras disposiciones.
La propuesta busca atender algunas de las principales dificultades que enfrentan los usuarios del servicio eléctrico, entre ellas las fluctuaciones de voltaje, interrupciones del suministro, daños a electrodomésticos y deficiencias en los mecanismos de atención, compensación e indemnización.
“Queremos presentarles las modificaciones a la ley que regula el sector eléctrico panameño, un proyecto preparado por el Ejecutivo que busca contar con el aval de ustedes”, manifestó Orillac durante la reunión.
Uno de los cambios planteados por el Ejecutivo contempla un aumento considerable de las sanciones que podrían recibir las empresas prestadoras del servicio eléctrico.
De aprobarse la reforma, las compañías podrían enfrentar multas de hasta $20 millones por infracciones a la ley o a los contratos de concesión.
La medida busca fortalecer la capacidad del Estado para exigir el cumplimiento de los estándares de calidad y establecer un mayor equilibrio entre las empresas distribuidoras y los consumidores.
El proyecto también contempla mecanismos para que los usuarios puedan recibir créditos por incumplimientos de las normas de calidad, de acuerdo con la reglamentación vigente.
La propuesta también otorga nuevas herramientas a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) para ejercer sus funciones de supervisión y garantizar la continuidad del servicio.
Entre las medidas planteadas está la posibilidad de que la ASEP intervenga a los prestadores del servicio público de electricidad mientras se corrige una falta, se rescinde un contrato, se produce una resolución administrativa o termina la licencia correspondiente.
De acuerdo con el Ejecutivo, estas disposiciones buscan evitar que una situación irregular afecte la continuidad del suministro a los usuarios.
El paquete de reformas también incorpora disposiciones relacionadas con la información que las empresas deben proporcionar a sus clientes y establece plazos definidos para la atención de reclamos.
La intención es mejorar los mecanismos disponibles para los consumidores cuando enfrentan problemas con el servicio y establecer responsabilidades más claras para las empresas.
El proyecto, según explicó el Gobierno, regirá para los próximos contratos, con el objetivo de incorporar las nuevas condiciones regulatorias en las futuras relaciones de concesión.
La presentación ante los diputados estuvo a cargo de Rodrigo Rodríguez Jaramillo, secretario Nacional de Energía, quien explicó que el paquete contiene 19 artículos existentes modificados y cuatro artículos nuevos en la Ley 6, además de dos artículos modificados de la Ley 26 de 29 de enero de 1996, que regula a la ASEP.
Rodríguez Jaramillo señaló que las modificaciones son resultado de aproximadamente dos años de trabajo conjunto y que están enfocadas en aspectos específicos del sector que requieren ajustes para beneficiar directamente a los usuarios.
“Este proyecto de ley aborda aspectos muy específicos que consideramos necesario atender para beneficiar de forma directa a los usuarios y consumidores”, sostuvo.
Durante el encuentro también participaron la administradora de la ASEP, Zelmar Rodríguez Crespo, y el asesor presidencial Jorge Ricardo Fábrega.
La delegación de diputados estuvo encabezada por la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda.
Los diputados consideraron la reunión como un primer acercamiento necesario debido a la complejidad técnica del sector eléctrico y plantearon al Ejecutivo realizar una nueva reunión para continuar analizando el contenido de las reformas.
La propuesta fue aceptada por el Gobierno, por lo que se prevé que ambas partes vuelvan a reunirse antes de que el proyecto avance formalmente en la Asamblea Nacional.