Reformas electorales cierran con disputa por subsidio de $158 millones

Tras más de un año de reuniones, la Comisión Nacional de Reformas Electorales cerró sus sesiones con un debate tenso sobre el financiamiento público de la política, uno de los temas más sensibles del sistema electoral panameño.

La última jornada de discusión estuvo marcada por diferencias entre partidos políticos y magistrados del Tribunal Electoral (TE), luego de que no se lograra consenso para reducir el subsidio estatal destinado a financiar campañas y actividades políticas.

Actualmente, el Código Electoral establece que el financiamiento público equivale al 1% de los ingresos corrientes del Estado. De acuerdo con proyecciones presentadas durante la sesión, mantener ese porcentaje elevaría el subsidio a $158.6 millones para el quinquenio electoral de 2029, lo que representaría $49.6 millones adicionales en comparación con el periodo anterior.

El análisis fue elaborado a partir de estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas y presentado por el equipo técnico de la mesa de reformas.

También se plantearon otros dos escenarios: reducir el financiamiento al 0.75%, lo que dejaría el subsidio en $118.9 millones, o disminuirlo al 0.5%, lo que lo bajaría a $79.6 millones.

Durante el debate se discutieron comparaciones con el modelo de financiamiento electoral de Costa Rica, donde el subsidio equivale al 0.19% del Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, algunos participantes advirtieron que trasladar ese porcentaje a Panamá produciría un resultado distinto. Según el cálculo presentado, 0.19% del PIB panameño equivaldría a unos $171 millones, cifra incluso superior al financiamiento que resultaría de mantener el actual 1%.

En la mesa también se cuestionó la percepción pública sobre el subsidio electoral. Algunos participantes señalaron que existe la idea de que los partidos reciben dinero sin controles, cuando en realidad esos recursos se utilizan para cubrir múltiples gastos operativos de las campañas y del propio proceso electoral.

Entre esos compromisos se mencionó el reclutamiento de miles de representantes de mesa durante la jornada de votación. Según se explicó, el sistema electoral requiere alrededor de 33 mil representantes de mesa, que los partidos deben movilizar y capacitar para garantizar el proceso de votación y escrutinio.

Uno de los posicionamientos más claros en defensa del subsidio fue expresado por un representante del Partido Revolucionario Democrático.

Durante la sesión cuestionó las propuestas de reducción del financiamiento público y argumentó que las elecciones futuras tendrán mayores costos.

“Yo quisiera saber quién puede hacer un supermercado ahora con la misma plata de hace cinco años”, dijo al referirse al aumento del costo de vida y su impacto en la organización de procesos electorales.

El representante advirtió que las elecciones de 2029 podrían requerir más recursos debido a varios factores logísticos.

“Las elecciones en el 2029 van a ser mucho más costosas. Vamos a tener más mesas de votación y ahora se nos añade otro gasto más que es el conteo y el escrutinio del Parlamento Centroamericano”, afirmó en referencia al proceso vinculado al Parlamento Centroamericano.

A su juicio, reducir el financiamiento podría afectar la capacidad de organización del sistema electoral.

“La democracia no tiene precio”, sostuvo durante el debate.

“En vez de reducir, se deben dar las herramientas necesarias para que nuestra democracia vaya creciendo cada vez más fuerte”.

Ante la falta de apoyo para reducir el subsidio al 0.5%, el Partido Panameñista presentó una propuesta intermedia para fijar el financiamiento en 0.75% de los ingresos corrientes del Estado.

La iniciativa fue sometida a votación en la mesa de reformas electorales.

El resultado evidenció la falta de consenso entre los sectores representados en la comisión.

Cuatro delegaciones votaron a favor. En contraste, siete delegaciones optaron por abstenerse, entre ellas representantes del PRD, el Partido Popular, Molirena, Alianza, Realizando Metas y la Fiscalía General Electoral.

Durante la discusión, el magistrado del TE, Luis Guerra, advirtió que mantener el porcentaje actual del subsidio implicaría un aumento difícil de justificar ante la ciudadanía.

El magistrado insistió en que la propuesta intermedia del 0.75% representaba un punto de equilibrio, ya que permitiría cubrir los nuevos costos del proceso electoral sin elevar significativamente el gasto público.

La posición fue respaldada por el magistrado Narciso Arellano, quien expresó un planteamiento similar durante la sesión.

“Lo que dijo el magistrado Guerra es el mismo sentimiento que yo tengo”, afirmó.

Arellano recordó que el resultado del trabajo de la comisión será enviado a la Asamblea Nacional, donde finalmente se decidirá el contenido de las reformas.

“En la Asamblea ustedes son los que van a decidir”, dijo al dirigirse a los representantes de partidos políticos.

El magistrado explicó que al TE le corresponde ahora preparar el documento final de reformas.

“Nos corresponde elaborar el proyecto que vamos a mandar”, indicó.

Sin embargo, dejó claro que el organismo electoral no remitirá propuestas que contravengan el marco legal.

“No vamos a mandar nada que sea ilegal, inconstitucional o contrario a una sentencia de la Corte”, advirtió.

Arellano también rechazó que las advertencias del tribunal deban interpretarse como presiones.

“No es una amenaza, y tampoco consideramos una amenaza cuando ustedes dicen que al final en la Asamblea son ustedes los que deciden”, señaló.

La sesión marcó el final de más de un año de reuniones de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, un espacio en el que participaron partidos políticos, candidatos por libre postulación, organizaciones civiles y representantes de distintos sectores sociales.

Al cierre del encuentro, el representante del PRD agradeció el trabajo realizado durante el proceso y destacó que, pese a las diferencias, la mesa logró sostener discusiones de forma respetuosa durante todo el año.

Sin embargo, el debate sobre el subsidio electoral dejó una de las frases más contundentes de la jornada.

“No veo en qué pueda fortalecer la democracia metiéndole un sablazo a la sociedad panameña con 45 millones adicionales”, afirmó el magistrado Guerra.