Reglamento Asamblea: las propuestas que no pasaron el segundo bloque

Tan revelador como lo que la Comisión de Credenciales aprobó fue lo que decidió rechazar. En la discusión del reglamento interno, varias propuestas orientadas a limitar el poder, fortalecer la fiscalización y aumentar la transparencia interna fueron descartadas, dejando al descubierto las resistencias de la Asamblea a imponerse reglas más estrictas.

Uno de los debates más ilustrativos giró en torno al artículo 45, que buscaba limitar la reelección de los diputados en las juntas directivas de las comisiones. La propuesta pretendía replicar, a nivel interno, la restricción que ya existe para la presidencia de la Asamblea Nacional.

El diputado José Luis Varela, uno de los impulsores, defendió la idea bajo un principio de coherencia: si la institución limita la reelección de su máxima autoridad, debería aplicar el mismo criterio a los órganos donde se ejerce poder permanente. En el intercambio, dejó claro que no se oponía a comisiones fuertes, sino a liderazgos enquistados.

La mayoría, sin embargo, no acompañó el planteamiento. Sin decirlo abiertamente, varios diputados dejaron ver que las juntas directivas son espacios de negociación política que las bancadas no están dispuestas a ceder. La propuesta fue rechazada.

La respuesta fue un rechazo mayoritario. El diputado Benicio Robinson esbozó la filosofía de la oposición: “Si la bancada políticamente ha decidido que x candidato pertenezca a tal comisión... es una decisión de la bancada. ¿Cómo la tiene que decidir alguien al respecto?”.

El diputado Ernesto Cedeño llevó el argumento a un plano casi filosófico: “Si constitucionalmente un diputado puede ser reelegido cuántas veces el elector le establezca... no veo entonces limitar una reelección”. La autonomía partidista y el privilegio de la reelección se impusieron al principio de rotación.

Otro punto crítico fue el rechazo al artículo 49, que buscaba fortalecer el poder de citación de las comisiones frente a ministros y altos funcionarios. La iniciativa planteaba consecuencias tras reiteradas inasistencias, incluyendo la posibilidad de sanciones o conducción.

El debate expuso una contradicción incómoda. Por un lado, los diputados reiteraron su rol fiscalizador y la necesidad de rendición de cuentas. Por otro, aceptaron que el reglamento interno no puede invadir competencias penales ni forzar al Ejecutivo más allá de lo permitido por la Constitución. Una diputada advirtió que se estaba entrando en “terreno penal” sin facultad para ello.

El resultado fue el rechazo de ambas versiones del artículo. En la práctica, la Asamblea mantuvo un mecanismo de citación que depende, en gran medida, de la buena voluntad del funcionario citado.

La resistencia a la transparencia con sanción también quedó en evidencia. Propuestas para obligar reuniones periódicas de comisiones con multas por inasistencia, así como para reforzar la publicidad de las sesiones de Presupuesto, fueron descartadas. Tampoco prosperó la idea de retener el salario a presidentes de comisiones que no rindieran informes anuales de gestión.

En cada caso, el patrón se repitió: pocos votos a favor, ninguna oposición frontal, pero abundantes abstenciones. No fue un rechazo ideológico, sino una negativa silenciosa a autoimponerse castigos o controles más estrictos.