Revisalud bajo asedio judicial: tres querellas penales por crisis de basura
- 19/01/2026 18:56
Según la Alcaldía, al menos siete corregimientos resultaron afectados por acumulación de basura, lixiviados y focos de contaminación.
La Alcaldía de San Miguelito interpuso tres querellas formales ante el Ministerio Público en contra de la empresa Recicladora Vida y Salud – Revisalud San Miguel, S.A., por presuntas conductas que podrían constituir delitos ambientales, estafa y otras infracciones penales vinculadas a la prestación y cobro del servicio de recolección de residuos sólidos en el distrito.
La primera acción legal es de carácter ambiental y busca poner en conocimiento del Ministerio Público una serie de hechos derivados de la reducción unilateral e injustificada del servicio de recolección de basura, sin autorización administrativa ni orden municipal que la respaldara.
Según la Alcaldía, durante los últimos meses de 2025 el Municipio recibió múltiples quejas ciudadanas e informes internos que advertían sobre la disminución de frecuencias, rutas no cubiertas y retrasos prolongados en la recolección de desechos sólidos.
Esta situación habría provocado la acumulación prolongada de basura en áreas residenciales, espacios públicos, aceras, cunetas y zonas de drenaje, generando focos de contaminación, malos olores, proliferación de vectores y un riesgo real para la salud pública.
Las autoridades municipales aseguran que esta degradación ambiental se evidenció en al menos siete de los nueve corregimientos del distrito, donde se constató la presencia de lixiviados, residuos a la intemperie y condiciones insalubres, especialmente peligrosas durante eventos de lluvia por el riesgo de contaminación de suelos y recursos hídricos superficiales.
La querella sostiene que la empresa tenía pleno conocimiento de la situación crítica, así como de las inspecciones sanitarias y advertencias de las autoridades de salud, y aun así decidió reducir deliberadamente el servicio durante el mes de diciembre de 2025, sin adoptar medidas para prevenir o mitigar la contaminación generada.
La segunda querella presentada por la Alcaldía es por el presunto delito de estafa, relacionado con el cobro anticipado de la tasa de aseo municipal correspondiente a 2026, mientras simultáneamente se reducía la prestación del servicio.
De acuerdo con el Municipio, Revisalud mantenía un contrato con la empresa de distribución eléctrica Elektra Noreste, S.A. (ENSA) para el cobro de la tasa de aseo a través de la facturación eléctrica, actuando ENSA como agente recaudador.
No obstante, la empresa habría comunicado de forma unilateral su intención de cobrar por adelantado los primeros 18 días del mes de enero de 2026, alegando la terminación del contrato de concesión.
La Alcaldía afirma que dicho cobro anticipado no contó con autorización del Municipio de San Miguelito, ni con aprobación administrativa ni modificación válida de los términos contractuales.
A pesar de ello, Revisalud habría ejecutado el cobro total del mes de diciembre y una fracción de enero antes de haberse prestado el servicio correspondiente, generando lo que el Municipio califica como un desplazamiento patrimonial ilegal en perjuicio de los contribuyentes.
La reducción del servicio provocó una avalancha de reclamos formales de residentes, comerciantes y comunidades, situación que fue ampliamente difundida por los medios de comunicación durante diciembre y alcanzó notoriedad nacional.
La gravedad del escenario llevó incluso al Presidente de la República a reconocer públicamente que San Miguelito estaba al borde de una crisis sanitaria, instruyendo a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) a intervenir de manera temporal en la recolección de residuos.
Para la Alcaldía, esta intervención estatal extraordinaria evidencia la insuficiencia e irregularidad del servicio concesionado, especialmente en el período en el que se efectuaron los cobros adelantados.
El Municipio sostiene que mientras Revisalud cobraba por un servicio no prestado, reducía de forma paralela la recolección de residuos, rompiendo la relación de equivalencia entre lo cobrado y lo efectivamente brindado.
En su argumentación final, la Alcaldía señala que los hechos descritos podrían constituir una afectación patrimonial directa a los usuarios del distrito, agravada por el carácter coactivo del cobro, al realizarse a través de la facturación eléctrica, lo que limita la capacidad de oposición de los contribuyentes.
La Estrella de Panamá también conoció sobre la presentación de una tercera querella a la Procuraduría General en contra de Revisalud, por el presunto delito de blanqueo de capitales.
Las querellas buscan que el Ministerio Público investigue las responsabilidades penales correspondientes y determine si las actuaciones de la empresa concesionaria configuran delitos contra el ambiente, la salud pública y el patrimonio de los ciudadanos de San Miguelito.