La recolección de basura en el distrito se convierte en un pulso de poder entre la Contraloría y la Alcaldía

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, arremetió con el Gobierno central al denunciar que la decisión de asignar a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) el control de la recolección de basura en el distrito, tras la salida de Recicladora Vida y Salud S.A. (Revisalud), constituye una “acción de presión” y una imposición autoritaria que desconoce la autonomía municipal.

Hernández aseguró que la medida fue tomada sin consulta previa con la Alcaldía, a pesar de que el Concejo Económico Nacional había aprobado la contratación temporal de tres empresas para asumir el servicio a partir del 19 de enero, un día después de que venciera el contrato con Revisalud.

Según la alcaldesa, lo único que faltaba era el refrendo de la Contraloría General de la República.

“No voy a permitir que se use esta crisis para beneficiar a quienes han fallado durante 25 años. Los únicos beneficiarios de este proceso van a ser los vecinos de San Miguelito”, afirmó a La Estrella de Panamá.

La controversia se intensificó luego de que el contralor general, Anel Flores, confirmara públicamente que llamó a la alcaldesa en diciembre para solicitarle una reunión con la dueña de Revisalud, en pleno proceso de licitación.

“Serví como puente entre la empresa y la Alcaldía”, declaró Flores en una entrevista con TVN Noticias, al asegurar que su intervención fue un gesto de “cortesía” y que el único propósito era informar que la empresa no tenía intención de renovar contratos y que se retiraría del país tras 15 años de operación.

Aunque Flores sostuvo que no tenía “ningún interés” en el tema y que la propia alcaldesa le había manifestado que la reunión fue positiva, Hernández volvió a cuestionar las verdaderas intenciones de ese acercamiento.

“Durante el proceso de licitación recibí una llamada del contralor para reunirme con la dueña de Revisalud. ¿Qué intereses hay ahí? ¿Y por qué no puedo tener el refrendo de las tres empresas para el 19 de enero?”, cuestionó Hernández.

Por su parte, Flores también puso en duda la versión del Municipio al señalar que, hasta las 3:00 p.m. del día anterior al Consejo de Gabinete, no había ingresado a la Contraloría ningún contrato de las tres empresas seleccionadas por la Alcaldía, y descartó que puedan ser refrendados antes de la salida de Revisalud.

Para Hernández, esa postura refuerza la percepción de que el Ejecutivo busca bloquear la solución municipal para imponer a la AAUD como operador del servicio en San Miguelito.

“Desconozco la razón principal por la cual el contralor no ha procedido con el refrendo; sin embargo, sus acciones generan serias interrogantes. San Miguelito está listo para iniciar el día 19 con las nuevas empresas.”, sostuvo a este medio.

Todo esto se agrava ya que el gobierno hace efectivo en gaceta oficial la transferencia de responsabilidad del control de residuos a la Autoridad de Aseo, una medida que el Municipio considera una intervención injustificada en una competencia que corresponde al gobierno local.

Hernández pidió formalmente al presidente José Raúl Mulino que derogue el decreto y permita que se ejecute el esquema transitorio aprobado por el Concejo Municipal y el Consejo Económico Nacional.

Según la alcaldesa, las tres empresas contratadas de forma temporal ya habían comenzado a contratar personal, rotular equipos y alquilar terrenos para instalar sus patios operativos, por lo que la decisión del Ejecutivo desconoce avances administrativos concretos y amenaza con generar más caos.

El choque entre la Alcaldía, la Contraloría y el Ejecutivo ocurre en medio de una crisis sanitaria y operativa por el colapso del servicio de recolección, tras años de cuestionamientos a Revisalud y su inminente salida del distrito.

Para Hernández, la imposición de la Autoridad de Aseo no responde a una evaluación técnica ni a un plan integral, sino a una maniobra política y administrativa que ignora el trabajo realizado por el Municipio.

“No se puede usar una emergencia para imponer un modelo que ya ha demostrado ser insuficiente”, sentenció.

Con el reloj corriendo hacia el 19 de enero, el conflicto institucional mantiene en vilo la continuidad del servicio de aseo en el distrito más poblado del país, mientras crece la tensión entre el Gobierno central y el gobierno local de San Miguelito.