¿Se desea retornar al militarismo?

El restablecimiento de la democracia en Panamá es uno de los logros más significativos del pueblo panameño. Luchar por su mantenimiento es un deber insoslayable de la sociedad, en especial de los sectores civilistas y democráticos.

La historia indica que la democracia encuentra su mayor garantía de supervivencia en el real y efectivo funcionamiento de un Estado de Derecho. Esa misma historia señala que los esfuerzos de la humanidad para democratizar tanto a la sociedad como a sus instituciones han sido heroicas y seculares.

El tránsito del absolutismo del monarca donde imperaba una sola voluntad la que se decía fruto de un mandato divino, al sistema de la democracia representativa, demandó el sacrificio de millones de seres humanos que creyeron que el hombre y sus derechos era la medida de todas las cosas y que la suma de todos los hombres, como lo apunta la Constitución de Cádiz vale más que la cabeza imperiosa e imperial del monarca.

Este largo proceso que culminó con la institucionalización del poder encontró en la teoría de Montesquieu sobre la separación de los órganos del Estado, una camisa de fuerza para los atolondrados ímpetus totalitarios de quienes por poseer la fuerza de las armas han pretendido, pretenden y pretenderán suplantar la voluntad del pueblo y erigirse en el poder real.

En la tragedia de la vida nacional −y esto deben saberlo los militares que pretenden revivir el militarismo en el país− en sus épocas de desventuras políticas, el pueblo ha sentido el golpe de quienes se autoproclaman controladores del ritmo político cuando los políticos pierden el equilibrio y la sensatez.

En una democracia las disparidades de las fuerzas en pugna son naturales, las controversias son necesarias, un gobernante hábil suele alentarlas para alcanzar una síntesis de la apreciación popular, pero esas divergencias no otorgan derecho a los cuarteles para salir de sus trincheras de agentes de la autoridad, derrocar gobiernos e imponer un solo modo de pensar.

En cada ocasión en que los cuarteles se han autoproclamado árbitros de los conflictos políticos y custodios de una seguridad social hasta planetaria el país perdió el balance del libre juego de los tres poderes tradicionales y todo el poder quedó encerrado en el puño férreo de un General.

En esta sociedad, en la que todo se olvida, las consecuencias de la intervención arbitral de los uniformados arrancaron con el General Huertas en 1904 cuando impuso la destitución de dos ministros de Estado y dio de baja a todas las tropas del ejército para que en las calles de Panamá amenazaran al presidente Amador con derrocarlo porque había destituido al jefe del ejército.

Ese precedente de los poseedores históricos del “balance institucional”, se repitió en el año de 1941, con el derrocamiento de Arnulfo Arias, luego se hizo presente en 1949 con la destitución del presidente Chanis, sin dejar de citar el fallido e insólito golpe parlamentario que en 1948 Remón propicio para luego arrepentirse que tenía por víctima al presidente Enrique Jiménez.

Esas mismas policías, con arrogancia y pedantería de sentirse árbitros de las contiendas políticas ejercieron un balance que duró 21 años, a partir del 11 de octubre de 1968 y sin pausa estrenó un “desbalance dentro del desbalance” engendrado contra el gobierno de Arnulfo Arias, reiterado en fila india contra cuanto presidente fue impuesto por los llamados árbitros de la política nacional.

En el gobierno de Endara fue eliminado del espíritu de los cuarteles la mentalidad militarista y se creó una Policía Nacional, civil y democrática al mando de un jefe civil y democrático.

Al llegar al poder Martín Torrijos se tiene la percepción de que podría alentar una nueva oleada militarista no solo por las posibilidades anunciadas de ubicar al mando de la Policía Nacional a un militar de carrera si no por la selección de numerosos miembros de las ex Fuerzas de Defensa en puestos claves de la Administración, lo que no hizo la última administración del PRD dirigida por Pérez Balladares.

Es posible –lo que no podré afirmar– que la creciente incorporación de miembros de las ex Fuerzas de Defensa en el gobierno serviría para inaugurar alguna base militar panameña con la cooperación de los Estados Unidos y de otros países para luchar contra el terrorismo mundial.

Como que se podría adecuar una tendencia internacional a un proyecto nacional hoy en su etapa de ideación o de ejecución psicológica de los actos preparatorios, lo que tiene sus antecedentes frustrados.

Es bueno comprender y aceptar que en el sistema democrático existe el libre y armonioso juego de los Órganos del Estado y que los únicos árbitros son los controles institucionales, llámense control de la constitucionalidad y de la legalidad en manos exclusivamente de la Corte Suprema de Justicia; los juicios políticos a los presidentes de la República bajo la competencia de la Asamblea Legislativa y el veto presidencial en manos reguladoras del Órgano Ejecutivo.

Existen otros controles y contrapesos. En cada ocasión en que un Órgano del Estado distinto ejerce esos controles taxativamente indicados en la constitución es porque se ha quebrantado el Estado de Derecho.

Un ejemplo clásico lo tendremos en cada ocasión en que el Órgano Ejecutivo califique la opinión de la Procuraduría de la Administración como si fuera una sentencia que desata una controversia sobre la interpretación o alcance de una norma constitucional enfrentada a una norma legal. Esa es una función exclusiva de la Corte Suprema de Justicia.

Es un caso psiquiátrico que a estas alturas de los logros del civilismo algún militar retirado aliente a la Administración en la toma de alternativas o prácticas militaristas y es irresponsable aceptarlas.

Nunca más el Agente de la Autoridad, la Policía, puede convertir a la Autoridad civil en su agente. Esa inversión de papeles es contraria a las luchas y principios de nuestro pueblo por su democracia y constituye un reto que provocaría una rebelión nacional de almas, la más invencible de las rebeliones civiles.

Un vencedor en el campo de los ideales de libertad:

Nombre completo: Carlos Iván Zúñiga Guardia

Nacimiento: 1 de enero de 1926 Penonomé, Coclé

Fallecimiento: 14 de noviembre de 2008, Ciudad de Panamá

Ocupación: Abogado, periodista, docente y político

Creencias religiosas: Católico

Viuda: Sydia Candanedo de Zúñiga

Resumen de su carrera: En 1947 inició su vida política como un líder estudiantil que rechazó el Acuerdo de bases Filós-Hines. Ocupó los cargos de ministro, diputado, presidente del Partido Acción Popular en 1981 y dirigente de la Cruzada Civilista Nacional. Fue reconocido por sus múltiples defensas penales y por su excelente oratoria. De 1991 a 1994 fue rector de la Universidad de Panamá. Ha recibido la Orden de Manuel Amador Guerrero, la Justo Arosemena y la Orden del Sol de Perú.