Se inicia plan piloto para cámaras corporales en la Policía Nacional
- 11/07/2025 00:00
El diputado José Pérez Barboni confirmó que las cámaras policiales serán probadas en zonas críticas, antes de su puesta en marcha en 2026 La Ley 466, que establece el régimen de cámaras corporales para la Policía Nacional (PN), podría iniciar su implementación con un programa piloto durante el último trimestre de este año. Así lo confirmó el diputado José Pérez Barboni, proponente de la normativa.
“Este programa piloto será colocado en zonas de conflicto, como ciertas áreas de San Miguelito o Colón, para hacer un mapeo de cómo funcionan”, explicó el diputado. Recordó además que la ley entrará oficialmente en vigor en 2026.
Actualmente, la legislación se encuentra en proceso de reglamentación, lo que implicará la apertura de una licitación por parte de la Policía Nacional para la compra de nuevos dispositivos. Por ahora, la institución solo cuenta con 200 cámaras corporales, mientras que el plan piloto contempla operar con al menos 1.000 unidades.
Desde la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), la normativa fue calificada como una herramienta “positiva” que fortalece la protección tanto del ciudadano como del agente que porta la cámara.
Consultado por La Estrella de Panamá sobre los estándares de seguridad digital que regirán el almacenamiento de las grabaciones, Pérez Barboni explicó que se encuentran en coordinación con el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de la Alcaldía de Panamá para garantizar la integridad de los datos.
“Estos centros cumplen con las especificaciones de ciberseguridad internacional para evitar que la cámara pueda ser manipulada. Es importante proteger los datos de la ciudadanía”, puntualizó.
El abogado y analista político Jorge Castañeda Patton manifestó que, aunque la ley tiene una “buena intención”, genera dudas sobre quién será el encargado de procesar los videos que graben los oficiales de policía. “Si la Policía se investiga a sí misma, ellos van a cerrar filas y cubrirse cuando tengan que hacerlo”.
Castañeda explicó que el problema radica en que la Ley 18 de 1997, conocida como Ley Orgánica de la Policía Nacional, establece en su artículo 31 que es la Dirección de Responsabilidad Profesional de la entidad la responsable de investigar las violaciones al régimen disciplinario y los procedimientos policiales.
”Mientras no haya un ente técnico independiente que investigue estos temas, sin formar parte de la entidad, entonces ninguna ley o medida que busque frenar los abusos policiales será totalmente segura”, reflexionó.
La Ley 466, que establece el régimen de cámaras corporales para la Policía Nacional (PN), podría iniciar su implementación con un programa piloto durante el último trimestre de este año. Así lo confirmó el diputado José Pérez Barboni, proponente de la normativa.
“Este programa piloto será colocado en zonas de conflicto, como ciertas áreas de San Miguelito o Colón, para hacer un mapeo de cómo funcionan”, explicó el diputado. Recordó además que la ley entrará oficialmente en vigor en 2026.
Actualmente, la legislación se encuentra en proceso de reglamentación, lo que implicará la apertura de una licitación por parte de la Policía Nacional para la compra de nuevos dispositivos. Por ahora, la institución solo cuenta con 200 cámaras corporales, mientras que el plan piloto contempla operar con al menos 1.000 unidades.
Desde la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), la normativa fue calificada como una herramienta “positiva” que fortalece la protección tanto del ciudadano como del agente que porta la cámara.
Consultado por La Estrella de Panamá sobre los estándares de seguridad digital que regirán el almacenamiento de las grabaciones, Pérez Barboni explicó que se encuentran en coordinación con el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de la Alcaldía de Panamá para garantizar la integridad de los datos.
“Estos centros cumplen con las especificaciones de ciberseguridad internacional para evitar que la cámara pueda ser manipulada. Es importante proteger los datos de la ciudadanía”, puntualizó.
El abogado y analista político Jorge Castañeda Patton manifestó que, aunque la ley tiene una “buena intención”, genera dudas sobre quién será el encargado de procesar los videos que graben los oficiales de policía. “Si la Policía se investiga a sí misma, ellos van a cerrar filas y cubrirse cuando tengan que hacerlo”.
Castañeda explicó que el problema radica en que la Ley 18 de 1997, conocida como Ley Orgánica de la Policía Nacional, establece en su artículo 31 que es la Dirección de Responsabilidad Profesional de la entidad la responsable de investigar las violaciones al régimen disciplinario y los procedimientos policiales.
”Mientras no haya un ente técnico independiente que investigue estos temas, sin formar parte de la entidad, entonces ninguna ley o medida que busque frenar los abusos policiales será totalmente segura”, reflexionó.