Se reportan 1.943 casos de violación en los primeros diez meses del 2025

En los primeros 10 meses del año se han reportado 5.258 delitos contra la libertad e integridad sexual, de acuerdo a cifras del Ministerio Público. Esto representa una leve disminución 356 delitos, o 6,3% en total comparado con el mismo período del año anterior. Pero aumentaron delitos específicos como el acceso sexual con menores (7%), la explotación sexual (20%) y la corrupción de menores de edad (7%).

Los casos de violaciones totalizaron 1.943 violaciones y 230 violaciones doblemente agravada, siendo las principales víctimas mujeres.

Además, los menores de edad estuvieron expuestos. Se reportaron 1.790 denuncias de acceso sexual con jóvenes entre 14 y 17 años. Hubo 263 denuncias por corrupción de menores de edad, 12 denuncias por explotación sexual, 50 casos de pornografía infantil, 28 de posesión de pornografía infantil y 8 de relaciones sexuales remuneradas con personas entre 14 y 17 años. Incluso se reportaron 2 casos de “turismo sexual”.

La mayoría de los casos se registraron en la provincia de Panamá, con 1.077, seguida por Chiriquí con 792 casos y Panamá Oeste con 661 casos. La comarca indígena con más casos de delitos sexuales es la Ngäbe Buglé con 583, una cifra considerablemente más alta que la comarca Emberá Wounaan que reportó 37 y la comarca Guna Yala que reportó 26.

El Ministerio Público, especialmente a través de la Comisión Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual (Conapredes) trabaja para combatir los delitos sexuales, proteger a los jóvenes y hacer justicia.

“A cualquier víctima el Ministerio Público tiene la obligación, el Estado constitucionalmente tiene la obligación de darle protección. Y esa protección que se le da a la víctima no es aplicar la medida de protección, sino también buscar los mecanismos para que la afectación que esa persona haya recibido sea de alguna manera recuperada”, explicó la fiscal Zulma Dip. “Cuando se trata de menores de edad, la situación se complica un poco para nosotros, porque nosotros como Ministerio Público tenemos un deber, un deber de investigar, pero también un deber de proteger”, acotó.

La fiscal explicó que el proceso de investigación es muy difícil para las víctimas, por lo que se acompañan de psicólogos y una unidad de víctimas. Sin embargo, muchas veces las víctimas o sus familiares no quieren testificar o asistir a las audiencias, lo que dificulta el proceso. “Ya el hecho de ser víctima de un delito se constituye en lo que se llama victimización primaria y el hecho de entrar a la corriente judicial dentro de un proceso, entonces, trae consigo lo que es la victimización secundaria. Y si nos vamos un poco más, existe la posibilidad de victimizar a quienes están en su entorno no solo por proceso penal, sino por las circunstancias en que se da esa conducta penal”, detalló la fiscal.

La fiscal resaltó que es importante trabajar en la prevención. Recomienda a los familiares estar atentos a cambios de conducta y señales de que el menor esté siendo agredido sexualmente. Los violadores son en muchos casos personas cercanas a las víctimas, padrastros, tíos, vecinos u otras personas que se han ganado la confianza del menor.

La educación en temas de sexualidad es clave, así como conocer los recursos disponibles para buscar ayuda y atención, desde los centros de salud, hasta la Policía Nacional y refugios en casos de ser víctimas de violencia.

Un punto que genera controversia entre la opinión pública es la aplicación de acuerdos de pena con personas responsables de delitos sexuales con menores de edad.

“Estamos de acuerdo en que hay que modificar las leyes, definitivamente hay que modificarlas, porque hay ciertos delitos que no compensan la sentencia que se le da a lo que ha vivido la víctima”, manifestó Ana Escobar de Fundación Vida Mujer. “Cuando es tentativa de homicidio a una mujer y la dejaste en una silla de ruedas de por vida, ¿tú me vas a decir que 22 años le van a regresar la salud que perdió esa mujer, que perdió parte del intestino delgado? Ella ya tiene un problema, una discapacidad permanente para todo el resto de su vida. No podemos decir que vamos a hacer un acuerdo de pena con este tipo de agresor cuando tú atacas a una persona con premeditación y alevosía, porque lo planeaste, lo organizaste, la buscaste y la esperaste”, manifestó.

Sin embargo, para los fiscales es importante recordar que el acuerdo de pena sigue siendo una sentencia condenatoria y que en muchos casos puede aliviar el dolor de la víctima acortando procesos, así como evitar la impunidad.

“Los acuerdos de pena no es que estamos regalándole la pena a nadie. Los acuerdos de pena son una sentencia condenatoria y si la víctima no acepta llegar antes de ir a un juicio, también se refiere a que ese proceso no se alargue en el tiempo”, resaltó Dip. “En mi opinión, en cualquier caso en que un menor de edad esté involucrado eso se convierte como una tortura. Llegar a un acuerdo de pena en etapas de investigación o antes de llegar a un juicio, evidentemente termina el proceso ahí”, detalló.

La fiscal Janeth Rovetto añadió que los fiscales consultan a las víctimas antes de llegar a un acuerdo. “No es vinculante pero nosotros tenemos manuales de procedimiento para la aplicación de un acuerdo de pena. Obligatoriamente, cada fiscal tiene que escuchar a la víctima. Y créanme que las tomamos en cuenta. En caso de delito sexual, difícilmente un fiscal llega a un acuerdo de pena si no ha escuchado a la víctima y que la víctima además haya dicho sí, mejor lleguemos a un acuerdo de pena porque yo no quiero terminar ese proceso hasta el final. A veces nosotros entendemos a veces la desesperación a través de la sociedad, las redes sociales que piensan que esto es un acuerdo de pena no sé si la palabra acuerdo es como que nos confunde en este tema de la semántica pero es simplemente tener certeza del castigo”, aseguró.