Sector marítimo pide excepción en proyecto sobre sustancia económica

La discusión sobre el proyecto de ley de sustancia económica entró en su segundo día en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional.

Este martes 12 de mayo expusieron sus perspectivas representantes de la Asociación Panameña de Derecho Marítimo (Apademar), el Colegio Nacional de Abogados (CNA), la Cámara de Sedes de Empresas Multinacionales (Casem) y del sector académico.

“Hoy el sector privado tiene la oportunidad de presentar sus propuestas de modificación al proyecto de ley y plantear sus observaciones”, declaró el presidente de la comisión, Eduardo Gaitán. “En el fondo vemos que existe consenso entre la mayoría de los grupos y gremios sobre la necesidad de este proyecto. El choque de opiniones está en el articulado y en los detalles; ahí es donde entramos nosotros para modificar y ajustar la propuesta”, añadió.

Gaitán detalló que las propuestas se recibirán hasta el jueves de esta semana y que, a partir de la próxima, se espera iniciar el debate con las exposiciones de los diputados miembros de la comisión, así como de cualquier diputado que desee participar.

Jazmina Rovi, en representación de Apademar, elogió la iniciativa y destacó la importancia de que Panamá se adhiera a estándares internacionales. Sin embargo, advirtió que se requieren modificaciones importantes para evitar afectaciones a la marina mercante y al registro de naves.

Apademar presentó un texto con varias recomendaciones. La principal consiste en crear una excepción para las embarcaciones.

“Para los efectos de la presente ley, no se considerará como actividad relevante sujeta a requisitos de sustancia económica la mera tenencia, propiedad o titularidad de naves inscritas exclusivamente bajo servicio internacional de la marina mercante de la República de Panamá”, leyó Rovi, citando el texto propuesto por Apademar. “En consecuencia, las entidades cuya actividad se limite a la propiedad y al arrendamiento de dichas naves no estarán obligadas a cumplir con los requisitos de sustancia económica establecidos en la presente ley”, añadió.

El CNA estuvo representado por Reinaldo Achurra, quien resaltó la necesidad de preservar el principio de territorialidad.

“Debe quedar claro que lo que buscamos es que nuestra jurisdicción cumpla con estándares internacionales y establezca mecanismos de transparencia, sin afectar el pilar fundamental de nuestro sistema, que es el régimen territorial”, concluyó.

Por parte de las empresas multinacionales intervino Tony Roldán, de la Casem. Para Roldán, se trata de un proyecto necesario, al advertir que las empresas enfrentan costos financieros y regulatorios más altos por operar en países incluidos en listas como la de la Unión Europea.

“De hecho, tenemos aliados, proveedores y distribuidores que no quieren interactuar ni transaccionar con nuestras afiliadas y subsidiarias panameñas, precisamente por las limitaciones y complejidades que esto genera”, señaló. “Si este proyecto no avanza ahora, no sabemos cuándo —o incluso si— Panamá tendrá otra oportunidad similar en los próximos años para enviar una señal clara sobre el fortalecimiento de su marco institucional y su compromiso con una estrategia de competitividad moderna y sostenible”, advirtió Roldán.

Las multinacionales aseguran que ya cumplen con los requisitos de sustancia económica y que presentan sus reportes al Ministerio de Comercio e Industrias. No obstante, solicitaron revisar ante qué entidad deberán presentarlos para evitar duplicidades con la nueva legislación.

El economista Felipe Argote consideró que era necesario acompañar el proyecto de ley con un documento técnico que detallara cómo se realizará el seguimiento y la medición de resultados en un período determinado. Aun así, manifestó su respaldo al espíritu de la iniciativa.

“Me parece conveniente porque, nuevamente, se establece un mecanismo que, en vez de inventar más empleados, funcionarios o estructuras de persecución, simplemente dice: si usted está aquí y realiza operaciones, debe pagar impuestos. No podemos ser un lugar donde facinerosos intenten evadir impuestos de otros países”, expresó Argote.

Entre sus recomendaciones puntuales, planteó que el seguimiento de la ley sea asumido por la Autoridad para la Innovación Gubernamental y no por el Ministerio de Economía y Finanzas.

“La AIG tiene la experticia, la formación y la experiencia. Si esto se hace en el MEF, se abrirá otra oficina más, con conductores, secretarias, asesores y manzanillos”, afirmó.