Segunda demanda de inconstitucionalidad contra la Policía Municipal

El diputado Ernesto Cedeño presentó este lunes 10 de agosto ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda de inconstitucionalidad contra el acuerdo municipal 162 que establece la organización y funcionamiento de la Dirección de Policía Municipal en la Alcaldía de Panamá.

“Lo que me motivó fue la decisión que se tuvo de no admitir una demanda que anteriormente había presentado el Ministerio de Seguridad”, explicó el diputado Cedeño a La Estrella de Panamá. “Y como quiera que la Corte no la admitió por asuntos formales, eso me motivó a leer el acuerdo. Luego de investigar que no había ni una demanda activa inconstitucionalidad, entonces me motivo a presentarla”, acotó.

El acuerdo 162 del Consejo Municipal de Panamá, de 17 de junio de 2025, establece entre otras cosas un escalafón jerárquico dentro de la Policía Municipal, con el alcalde a la cabeza, y norma temas como el uso de fuerza, uso de armamento y el derecho a realizar aprehensiones.

El acuerdo había sido denunciado anteriormente por la Policía Nacional por inconstitucional, pero la demanda no fue admitida por la Corte Suprema, con salvamento de voto de la magistrada Maribel Cornejo.

La magistrada Cornejo consideró, en su salvamento de voto, que en la demanda se planteó “conceptos de infracción con el grado de claridad que hacía lugar el examen de fondo”. Es decir, que el pleno debió admitir la demanda para analizar las posibles violaciones a la Constitución.

El Ministerio de Seguridad, por su parte, presentó una demanda de nulidad ante la Sala Tercera de la Corte en contra del acuerdo municipal que aún no se ha resuelto.

Ahora, el diputado Cedeño presenta su análisis por el que considera inconstitucional el acuerdo municipal.

“El Consejo Municipal de Panamá, mediante un acto de naturaleza municipal, ha creado y organizado materialmente un cuerpo policial dotado de mando, escalafón, rangos, armamento, facultades coercitivas y regulación del uso de la fuerza, pese a que la Carta Fundacional Patria reserva a la Ley la organización de los servicios de la fuerza pública y se transgrede flagrantemente el principio constitucional de la separación de poderes al haber expedido el referido Acuerdo”, detalla la acción de inconstitucionalidad.

“Si el Consejo Municipal de Panamá cree que puede crear, mediante acuerdos u otros instrumentos de menor jerarquía legal, un cuerpo con las características materiales de un servicio policial y dotarlo de estructura jerárquica, escalafón, armas, uso de la fuerza y facultades de aprehensión y detención, pese a transgredir la separación de poderes y la reserva de Ley que posee la materia en cuanto a los servicios de policía, existe un riesgo real de que el formato pueda ser replicado por otros Gobiernos Locales”, añade el texto.

Cedeño explicó vía telefónica que el acuerdo arroja sobre el Consejo Municipal competencias que le corresponden a la Asamblea Nacional, responsable de ver aspectos de seguridad y la policía.

La Policía Municipal ha estado en el ojo de la discusión pública luego de un incidente en el que Alberto Llerena, un exfuncionario del municipio, resultó hospitalizado tras un forcejeo con un policía municipal. De acuerdo a su abogado, Valentín Jaén, Llerena no estaba participando en ninguna protesta, sino que se encontraba en el municipio buscando un cheque que le era adeudado tras ser destituido. Hasta el momento, se mantiene internado en el Hospital Santo Tomás. Jaén adelantó que planean presentar una querella penal ante el Ministerio Público en los próximos días.

El propio presidente de la República, José Raúl Mulino, se pronunció sobre el tema de la Policía Municipal a través de su cuenta personal en X.

“Estoy en contra del nuevo concepto de policía municipal. Eso nació para cuidar parques y monumentos y no se puede transformar en otra policía. Además de inconstitucional , cada alcalde puede hacer lo mismo y sería un desastre, aparte de los uniformes que se confunden con el SPI. Ojalá se tumbe eso”, tuiteó el mandatario.

En el mismo hilo se pronunció el vicealcalde Roberto Ruiz Díaz, quien se mantiene en licencia sin sueldo. “Existen una cantidad de instalaciones municipales que requieren atención y vigilancia, pero con el nuevo enfoque han dejado de lado su función primordial, para invadir competencias. Donde no han mirado es el impacto en las finanzas a futuro, al establecer un escalafón que conlleva ajustes y ascensos en el tiempo, sin saber la edad de retiro y si al final terminaran con jubilaciones especiales”, advirtió el vicealcalde capitalino.