Sentencia de 104 años para violador, víctima comparte el costo del silencio

Un exfuncionario de la Caja de Seguro Social (CSS) y pastor religioso fue condenado el 30 de julio por violación agravada, actos libidinosos y corrupción menores a 104 años de prisión, la pena máxima por cada uno de los cargos, aunque solo puede cumplir el máximo permitido por la ley que es 50 años.

Su nombre es Víctor Javier Copeland Ávila. El tribunal lo encontró culpable de violar a tres de sus hijas. Dos de ellas eran sus hijas biológicas y una era su hijastra. El abuso habría comenzado desde que tenían entre 10 y 12 años de edad. La madre de las niñas nunca lo denunció, las autoridades se enteraron por las vecinos.

Una de sus víctimas, ahora con 21 años y habiendo iniciado su propia familia, compartió su historia en su cuenta personal de Instagram como un medio de cierre y desahogo personal.

Comparte como el abuso comenzó cuando tenía solo 13 años, cómo al contarle a su mamá fue humillada y llamada una “culicagada”, y como su padrastro violador se excusaba diciendo que ninguna mujer lo podría querer. Aún compartiendo los mensajes sexuales que le mandaban por teléfono, su madre nunca la apoyó.

“Mi error fue siempre recurrir a ti y que nunca me asistieras. Pensar que, así como tú, nadie me iba a creer”, relató en su publicación. “Al final fue así porque él se pintaba como más siervo, el más cristiano, el que llevaba la Biblia bajo el brazo, el varón. Pero en la casa se transformaba, nos humillaba, nos maltrataba y nos amenazaba. Solo Dios conoce cuántas veces quise dejar de existir”.

Ahora con 21 años y su propia bebé que cuidar, espera cerrar el capítulo traumático de su vida y se esfuerza en que los traumas de su infancia no afecten ahora a su hija. Elije perdonar, y agradece a Dios que se haya hecho justicia.

Se trata de una condena ejemplar, y un caso que deja en descubierto una llaga incómoda y purulenta en el tejido social panameño. En los primeros seis meses de este año, el Ministerio Público ha registrado 3,975 denuncias por delitos sexuales en Panamá, 16% más que el año anterior. Y estos son solo los casos que se han denunciado, muchas personas prefieren callar, y el silencio cómplice dificulta la condena aún cuándo llega a los tribunales.

Este miércoles 5 de agosto, la fiscal superior Janeth Rovetto, dio declaraciones sobre el caso por primera vez desde la sentencia y habló sobre el panorama a nivel nacional.

“La investigación inicia a mediados del año 2024. Es importante decir que no inicia porque la denuncia la presente algún familiar del núcleo, sino por unas vecinas que quieren mucho a estas niñas. Las niñas, agotadas, se lo contaron. Y fueron las vecinas quienes se encargaron de presentar la denuncia”, relató Rovetto. “Cuando se trata de una denuncia que no proviene internamente del núcleo cercano, hay retos adicionales. A las víctimas tienen que sacarlas de ese entorno, ya que la madre no las está apoyando, que debería ser el soporte natural en una situación de esta. Entonces las niñas tuvieron que salir de allí, quedaron dispersas con familiares allegados”, explicó.

Durante el juicio, la madre mantuvo la distancia. Se trata de una situación que se repite en múltiples casos de abuso de menores, en los que muchas veces la madre tiene múltiples hijos con el agresor y decide no denunciar a su pareja. “Tristemente es muy común, no es lo que quisiéramos, es muy doloroso saber que un niño, niña o adolescente está siendo víctima de un delito que atenta contra esa vulnerabilidad extrema que tiene una persona menor de edad y que su persona más allegada, que es la madre, no le crea”, lamentó la fiscal.

Respecto a la situación de los delitos sexuales en el país, lamentó que a pesar de múltiples esfuerzos institucionales las cifras siguen aumentando.

“La incidencia delictual ubica en los delitos de relaciones sexuales de adultos con adolescentes mayores de 14, menores de 18, los delitos de mayor incidencia, lo que tal vez debería orientar en que se requiere un proceso de educación, de divulgación más efectivo. Nosotros hacemos docencia también, porque una vez al mes vamos a las escuelas, pero vamos sobre todo a niños más pequeños, tratando de hacer prevención. También lo hace la Comisión Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual (Conapredes), hay montones de instituciones que trabajan en este tema, pero lo que estamos haciendo no alcanza para dar con alguna tendencia a la baja en estos tipos”, afirmó la fiscal.

El mensaje principal de la fiscal a la ciudadanía es creerle a las víctimas y presentar las denuncias. El proceso legal sirve como un cierre necesario a las víctimas.

“Las víctimas necesitan hacer cierre de la situación que están viviendo y el único cierre es que haya un proceso y que en ese proceso haya la declaratoria de responsabilidad de la persona que les ha lastimado, porque eso manda un mensaje claro a la ciudadanía que tenemos cero tolerancia a este tipo de delitos, tenemos cero tolerancia al abuso en contra de niñas, niños y adolescentes, y que cada día más nuestros tribunales también están sensibilizados con la imposición de penas altas”, resaltó. “En muchos casos los investigados apuestan a una imposición de una pena baja, o que es que como no tiene antecedentes le van a poner la pena mínima. Pues no es así”.

Para las víctimas de abuso, violencia y violación, se aconseja ir a un centro de atención médica y presentar las denuncias ante el Ministerio Público o la Policía Nacional. El Ministerio de la Mujer cuenta con la línea de ayuda 182 las 24 horas del día, y también se puede buscar apoyo con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia en caso de menores de edad.